Conflicto mapuche. Tres chilenos entraron al país con municiones y uniformes militares

La tensión en la comarca andina por los episodios de violencia asociados a los reclamos de grupos combativos de ciertos sectores de la numerosa comunidad mapuche en la Patagonia sumó en las últimas horas un nuevo y preocupante capítulo, tras la reunión entre autoridades de las áreas de Seguridad de la Argentina y de Chile para coordinar operaciones conjuntas destinadas a controlar a los grupos indígenas conflictivos que actúan a uno y otro lado de la cordillera de los Andes.

Tres chilenos fueron retenidos cuando ingresaron a la Argentina a través de un paso no habilitado en la zona del volcán Batea Mahuida, en Neuquén. Iban en un vehículo en el que llevaban, además de objetos personales y alimentos, municiones de distintos calibres, un binocular y al menos una decena de uniformes camuflados de tipo militar.

Dos de ellos fueron expulsados del país por disposición sumaria de la Dirección Nacional de Migraciones. El tercero, en cambio, quedó detenido a disposición del juzgado federal de Zapala, dado que cuenta con doble nacionalidad y su condición de argentino lo obliga a responder ante las autoridades locales.

Todos ellos son miembros o están relacionados con la comunidad mapuche, según informaron a LA NACION fuentes de la causa. El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, confirmó que al menos uno de ellos es un activista mapuche.

Las fuentes consultadas por este diario confiaron que los sospechosos tenían contactos con grupos mapuches a uno y otro lado de la cordillera. El incidente encendió de inmediato los canales de comunicación entre los gobiernos argentino y chileno, recientemente aceitados tras el encuentro entre Aníbal Fernández y el viceministro de Seguridad Pública trasandino, Juan Francisco Galli, que tuvo como foco prácticamente exclusivo la actividad de los grupos violentos embanderados en las reivindicaciones mapuches y en sus presuntas actividades clandestinas relacionadas con el tráfico de armas, el contrabando y el terrorismo.

Zona conflictiva

El sábado, efectivos del Escuadrón 32 “Aluminé” de la Gendarmería controlaron una camioneta con patente chilena que circulaba por un paso no habilitado cerca del volcán Batea Mahuida, con un acceso fácil desde la localidad trasandina de Icalma y desde Villa Pehuenia, en Neuquén, asiento de una numerosa comunidad mapuche.

Los gendarmes identificaron a tres ciudadanos chilenos que iban a bordo del vehículo. En la caja cerrada de la camioneta llevaban diverso tipo de productos de uso personal, como ser prendas de vestir, latas de café e, incluso, juguetes para niños.

Pero había algo más inquietante: trasladaban cientos de municiones para revólveres, pistolas, escopetas y fusiles (62 de calibre .357, 101 de calibre .22, tres cartuchos de calibre 28 y uno de calibre 12), además de un binocular y no menos de una decena de uniformes completos de diseño camuflado, típicos de uso de fuerzas militares.

Una vez que se determinó la identidad de los sospechosos y se constató que —en función de la información recabada inicialmente— no tenían antecedentes penales en el país, el juzgado federal de Zapala ordenó a los gendarmes que tomaran contacto con la Justicia provincial y con Migraciones y Aduana para definir los siguientes pasos a dar.

Mientras que la Aduana dispuso la incautación de todo el material hallado en la camioneta, Migraciones decretó la expulsión de los dos chilenos que habían entrado ilegalmente al país.

El sospechoso de doble nacionalidad (que sería guía de pesca en Chile y un amplio conocedor de la zona) quedó detenido, mientras que los dos chilenos y el vehículo quedaron a disposición de la Policía de Investigación (PDI) trasandina, según se informó oficialmente.

Ayer, además, los Carabineros de Chile incrementaron los dispositivos de seguridad en la zona. No descartan una escalada de la violencia que, del lado oeste de los Andes, estalló hace casi 25 años con diversos atentados y que del lado argentino se incrementó en la última década con tomas de tierras privadas y estatales para las que los mapuches reivindican derechos ancestrales.