Córdoba: arrestaron al exdelegado de la agencia de control de armas
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÖRDOBA.- Quedó detenido en Córdoba por defraudación a la administración pública el exdirector de la delegación Córdoba de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ente que reemplazó al Registro Nacional de Armas (Renar). Carlos Dini fue denunciado el año pasado por irregularidades administrativas luego que una auditoría registrase un faltante de un millón de pesos.
Dini había sido trasladado al aeropuerto y, después, despedido. Desde ayer está preso transitoriamente en la UCA EP9 por orden de la Justicia Federal.
Ayer se realizó un allanamiento en el domicilio de Dini a pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, el procedimiento venía postergándose porque la vivienda está en uno de los barrios cordobeses aislado por casos del coronavirus Covid-19. Aunque el allanamiento era para recuperar unos chalecos antibalas faltantes, se encontraron y secuestraron sellos para fraguar documentación, por lo que se procedió a la detención de Dini.
El juez Ricardo Bustos Fierro le corrió vista al fiscal Senestrari para que amplíe la acusación. La Anmac se encarga de registrar, fiscalizar y controlar toda la actividad vinculada con armas de fuego, pólvoras y explosivos y es el organismo que otorga los permisos de tenencia de armas y las renovaciones de las credenciales de legítimo usuario. En Córdoba, con estos trámites Dini habría cometido un desfalco. Además, indicaron fuentes judiciales a LA NACION, pesan otras causas sobre el exfuncionario.
Cuando empezó la investigación del ilícito, la Anmac nacional ordenó la retención de credenciales de tenencia de armas para determinar por qué se expidieron si los trámites no estaban completos. Puertas adentro de la institución se comenzó a seguir las irregularidades hace un año, cuando se detectó un faltante de dinero.
La Anmac es querellante en la causa que se inició por una denuncia de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM).
La hipótesis es que Dini, con la ayuda de algunos empleados, emitía las credenciales de legítimo usuario y las autorizaciones de portación y tenencia de armas sin comprar las estampillas requeridas para validarlas; quien hacía el trámite pagaba entre 6000 y 7000 pesos, pero el exdelegado no adquiría las estampillas exigibles por ley y se sospecha que se habría quedado con el dinero. Hay irregularidades que datan de 2017 y 2018, aunque la mayoría corresponde al año pasado.
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