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Crónicas del crimen

Disparos en Cariló: Perel y su esposa, dos muertes que aún son un misterio

Gustavo Carabajal
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1 de noviembre de 2019  

Isidoro Mariano Losanovscky Perel y su esposa, la psicóloga Rosa Berta Golodnitsky, debían dejar la cabaña 32 del complejo Puerto Hamlet, de Cariló, a las 10 del 4 de febrero. Se habían instalado dos días antes para pasar un fin de semana entre los pinos y el mar aquel verano de 2001. La noche anterior habían comido asado y tomaron vino. A la mañana, ante la falta de respuesta a sus llamados, el empleado de mantenimiento Pedro Javier Medina fue a la habitación y golpeó la puerta. Silencio. El encargado del hotel, Juan Carlos Torresi, llamó a la policía, que al entrar en la habitación halló a la pareja en la cama: cada uno con un tiro en la cabeza.

Sobre una mesada de madera aparecía una laptop Sony Vaio. Y debajo de un plato en la barra que separaba el living del dormitorio de la cabaña, una hoja tamaño oficio con la inscripción impresa con computadora: I am a gringou collaborator with Citibank. Killed for no paying ransom to Citigroup, que en principio fue traducida así: "Soy un gringo colaborador del Citibank. Asesinado por no pagar el rescate (coima) del Citigroup".

La impactante aparición de los dos cadáveres en el corazón de Cariló, en pleno verano, el mensaje de esa nota y lo que se fue sabiendo de Mariano Perel compusieron un caso que atrapó a la opinión pública durante meses. La investigación sacudió al ambiente político, despabiló los intereses subterráneos de los servicios de inteligencia y conmovió, incluso, al poder de esa época en la que nadie podía aún imaginar el estallido político y social de fines de ese mismo año.

Los cuerpos estaban tapados con una sábana que les llegaba hasta los hombros. Perel, boca abajo; Berta, de costado, de frente al borde del sommier. Una pistola Walther PPK calibre 7.65 -la de James Bond, un fetiche para los espías- se hallaba sobre el antebrazo izquierdo de él; en el piso, una Glock y dos vainas servidas.

No faltaba nada. No había signos de pelea. Los casquillos eran del mismo calibre que la Walther de la víctima. Eso hizo suponer a los investigadores que los Perel habían sido asesinados con esa pistola, que carece de rosca de silenciador. No es un dato menor: en plena temporada, con Puerto Hamlet completo de pasajeros, nadie escuchó ruidos ni disparos.

Fotografía de archivo del financista Mariano Perel
Fotografía de archivo del financista Mariano Perel

Pasados más de 18 años, la causa sigue abierta. La Justicia aún pendula entre la hipótesis del doble homicidio -así sigue caratulado el expediente- y el asesinato seguido de suicidio, con Perel como autor.

Hasta aquel 4 de febrero de 2001 el nombre de Perel era desconocido para el gran público. Sin embargo, tenía una extensa trayectoria en el ambiente de las finanzas y había estado ligado a operaciones turbias. Había desarrollado una conexión punto a punto entre cuevas de la city y bancos de Uruguay por los cuales se remitieron decenas de millones de dólares. E incluso actuó como intermediario entre la ex SIDE y una empresa norteamericana para la compra de equipos para escuchar conversaciones de teléfonos celulares que se usarían en la zona de la Triple Frontera.

Con la muerte de Perel salieron a luz nombres que solo eran conocidos en el Círculo Rojo. Fue inevitable, así, que la investigación enfrentara a la flamante Policía Judicial de la Procuración general bonaerense y la ex SIDE, en la que subyacía una sorda lucha interna entre sectores alineados con el Gobierno de la Alianza y otros que aún respondían al menemismo, que lo había precedido.

Perel había estado a cargo, junto con un exintegrante de la Sala Patria de la ex SIDE, de la empresa Centro de Cómputos, que ofrecía, entre otras prestaciones, servicios de vigilancia electrónica.

No pasó por alto para la incipiente investigación el hecho de que un día antes del hallazgo de los cadáveres el Senado norteamericano difundiera un informe en el que se denunciaba a tres bancos de primera línea de haber participado en operaciones de lavado de dinero en la Argentina.

Alejandro Taranto, de pie, habla con testigos en el Juzgado de Dolores, el 28 de febrero de 2001
Alejandro Taranto, de pie, habla con testigos en el Juzgado de Dolores, el 28 de febrero de 2001 Fuente: Archivo

Por aquella nota que se refería a Perel como un "colaborador" de uno de esos bancos, los investigadores sospecharon que al financista lo habrían matado por delatar a los responsables de esas maniobras de lavado de dinero.

Perel trabajaba para AntFactory, una empresa fundada en octubre de 1999 que, según declaró el jefe de Perel en la compañía, Julio Franklin Hardy, tenía como accionista a uno de aquellos bancos.

Además, había trabajado en el Banco Mercurio, denunciado, en 2001 por Maximiliano Rusconi -entonces, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco)- por haber pagado coimas a un funcionario de la DGI para que le cerraran una causa de evasión.

La revisión de las cinco agendas electrónicas y de las computadoras de Perel le dio a la fiscal María Claudia Castro 50 nombres de potenciales testigos. José Luis Dafte, asistente de Perel en AntFactory, fue de los primeros en presentarse en Dolores. Le contó que dos días antes de irse a Cariló Perel había enviado dos paquetes a los Estados Unidos. Uno, destinado a Jim Smith, empleado de la sucursal del HSBC Republic International Bank situada en South Boulevard Biscayne 2, Miami.

La pista norteamericana

La fiscal, a través de la Cancillería y de la embajada de los Estados Unidos, solicitó la colaboración del FBI para saber qué contenía ese paquete y si estaba relacionado con su caso. La investigación del FBI, realizada por los agentes Óscar Montoto y Joseph Jeziorsky, determinó que Jim Smith efectivamente trabajaba en dicha sucursal y que había recibido el paquete de Perel. Pero se negó a revelar su contenido y derivó a los federales con la Unidad Legal del banco, en Buffalo.

Fotografía de archivo del financista Mariano Perel
Fotografía de archivo del financista Mariano Perel

Allí les respondieron que los abogados del banco habían dado instrucciones de no entregar ningún paquete ni conceder entrevistas a los agentes del FBI a menos que existiera un orden judicial.

Desde la oficina de Miami del FBI se comunicaron con el fiscal federal adjunto, Greg Munzon, quien luego de discutir el caso con su jefe, el fiscal federal Michael Burke, y con la oficina de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Justicia en Washington, concluyó que "debido a que el delito no se había cometido en los Estados Unidos sería algo excesivo dictar una orden que obligara al HSBC a entregar el contenido de un paquete". Eso clausuró la pista norteamericana del caso.

No obstante, uno de los agentes obtuvo un dato importante. Richard Lund, presidente de SR Technologies, le dijo a uno de los agentes del FBI que había conocido a Perel porque le había comprado equipos para vigilancia electrónica de teléfonos celulares para ser usados en la problemática frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

"Esa compra fue aprobada por funcionarios del más alto nivel del Gobierno argentino -declaró entonces aquel empresario-. El dinero fue transferido por el señor Doglioli, directamente a las cuentas bancarias de mi compañía".

Esta declaración confirmaría el vínculo entre Perel y la Sala Patria de la ex SIDE, que supuestamente integraba Carlos Doglioli, coronel retirado del Ejército. Según Lund, cuando viajó a la Argentina Doglioli "lo esperó en el aeropuerto de Ezeiza y lo hizo pasar por Migraciones y por la Aduana sin que tuviera que hacer nada".

Eduardo Matías de la Cruz, Procurador General de la Corte, junto a Osvaldo Dameno y Jorge Amorín de la policía judicial, a la salida de una conferencia de prensa sobre el caso Perel, el 26 de febrero de 2001
Eduardo Matías de la Cruz, Procurador General de la Corte, junto a Osvaldo Dameno y Jorge Amorín de la policía judicial, a la salida de una conferencia de prensa sobre el caso Perel, el 26 de febrero de 2001 Fuente: Archivo

En los 51 cuerpos y 40 anexos de la causa 26965, se incorporaron muchas pruebas sobre supuesto lavado de dinero, evasión impositiva e internas de los servicios de inteligencia, que fueron derivadas a la Justicia federal. Pero, entre tanta información, no hay datos que permitan dilucidar las muertes de Puerto Hamlet.

Conclusiones en duda

Al principio de la investigación, uno de los tres forenses que hizo la autopsia de Perel afirmó que no tenía dudas de que el financista había sido asesinado. Una semana después, ante la fiscal, aclaró: "Si bien el hecho y las circunstancias de análisis presentan características homicidas no lo puedo afirmar y es posible que por un error semántico lo hubiera consignado de manera categórica".

Las deudas agobiantes de Perel podrían ser un motivo para que decidiera quitarse la vida. Su colaborador, Dafte, preguntó, al enterarse de la muerte del financista: "¿Quién va a pagar lo que debe?". Eran US$60.000. Tenía deudas por casi un millón de dólares. Un amigo le había dado US$ 300.000 para que los depositara en una financiera y Perel, según Dafte, los utilizó para pagar deudas.

La declaración de su jefe en AntFactory demostró que Perel quería obtener dinero a cualquier precio. "Me llamó para desayunar en La Biela y me propuso que le pagara US$200.000 para irse de la empresa. Yo le respondí que, de ninguna manera le pagaría esa suma de dinero, porque no formaba parte del acuerdo y porque llevaba menos de cinco meses en el trabajo donde cobraba US$ 10.000 por mes", expresó Julio Hardy.

Al revisar los cuerpos, los forenses hallaron la carne sin digerir en los estómagos de las víctimas. A partir de esta certeza se abonó la presunción de que Perel y su esposa habían muerto entre las 22 y la medianoche del 3 de febrero.

Foto familiar de Mariano Perel
Foto familiar de Mariano Perel Fuente: Archivo

Perel acostumbraba alojarse en otro complejo de cabañas cuando iba a Cariló. Se trata de un complejo con mayores medidas de seguridad y cámaras. Pero, ese fin de semana, el financista eligió un hotel sin tanta vigilancia.

Al contrario de lo que ocurrió con otros casos similares, nadie reclamó por el esclarecimiento de las muertes de Perel y de su esposa. Sus hijos, Johnatan y Valeria, no se presentaron como particulares damnificados o querellantes.

La única presentación en el expediente del hijo -que es cineasta- consistió en reclamar la entrega de la camioneta Jeep Gran Cherokee, patente ANA 908, con la que su madre y su padre habían llegado a Puerto Hamlet.

Perel se ocupó de los detalles que hicieron que su muerte fuera un misterio. De hecho, instaló un virus en su computadora para que se borrara su contenido. Así desaparecieron 840 archivos. Los peritos informáticos del caso hicieron una copia espejo del disco rígido de la Sony Vaio. Al revisar el archivo "AMACI-1.doc", supieron que la nota de I am a gringou collaborator... había sido impresa el día anterior ala partida de Perel a Cariló, a las 17.35, en la empresa en la que trabajaba. ¿La redactó y la imprimió el mismo, para despistar? Quizás ya nunca se sabrá.

El crimen, en tres momentos

Escena atroz

  • Dos cadáveres sobre la cama: Mariano Perel y su esposa, Rosa Berta Golodnitzky, estaban sobre la cama; allí estaban el arma homicida y una nota que sugería que a él lo habían matado por un caso de coimas

Hora de sorpresas

  • Antecedentes y nexos turbios: Con el correr de la investigación se supo que Perel había sido investigado por operaciones financieras cuestionadas y que también había sido proveedor de equipos de espionaje

Pesquisa sin norte

  • No se supo qué es lo que pasó: Hubo indicios que sugerían posibles móviles de un doble crimen, pero se descubrió que el propio Perel, que dejó tras de sí un tendal de deudas, plantó varias pistas falsas

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