Drogas: cuando las bandas narco eligen a mujeres vulnerables como "mulas"

Faltaban cinco minutos para la una y M.A.R. estaba parada en una esquina, tan sola como siempre lo había estado. En un pequeño bolso verde -que le acababan de entregar- tenía tres kilos de marihuana y dos billetes de 1000 pesos. Cuando fue interceptada por agentes de la Policía de la Ciudad, asustada, dijo la verdad: desde la cárcel, su novio y un compañero de celda le ordenaron que debía trasladar la droga hasta el punto de encuentro pactado con un narco.

Fue acusada formalmente por la Justicia y quedó detenida por violar la ley de drogas pero, luego de realizar un estudio socioeconómico sobre la vida y el entorno de M.A.R., desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 pidieron que la mujer fuera sobreseída.

Su historia, su condición de víctima de violencia de género y un estado de vulnerabilidad plagado de condiciones adversas resultaron determinantes para el fiscal federal Franco Picardi.

M.A.R. creció en un hogar hostil. Su padre solo dejó de golpearlas cuando una diabetes fulminante lo postró en una cama. Ella quedó embarazada cuando todavía era una adolescente y por aquellos días abandonó la escuela. El padre de su hija también la golpeaba. Huyó. Pidió ayuda, pero solo su abuela la socorrió.

Con el tiempo, formó una nueva pareja con otro hombre que no solo la golpeaba, sino que también la llevó tras las rejas. Al momento de su detención, trabajaba en ferias informales vendiendo ropa y su único ingreso fijo eran los $2500 pesos de una Asignación Universal por Hijo (AUH).

"Es una joven que provenía de un contexto de pobreza extrema. Por eso, en términos de política criminal, tenemos que apuntar contra quienes producen drogas a gran escala. Porque los traficantes nunca están expuestos", afirmó a LA NACION el fiscal Picardi.

El representante del Ministerio Público agregó: "Si nos quedamos en los consumidores o los marginales que venden diez papelitos en esquinas, nunca vamos a cambiar nada, ni vamos a solucionar el problema de fondo".

A su vez, en el dictamen donde pidió el sobreseimiento de M.A.R. y solicitó seguir la pista del grupo que reclutó a la mujer, el fiscal Picardi explicó: "No se puede soslayar a los fines de este caso el estado de vulneración de derechos en el que se encuentra inmersa la encausada, el que a la vez se encuentra agravado por la estructural desigualdad de género aún prevalente en nuestra sociedad".

En la misma línea y en diferentes provincias del país, durante 2019 se registraron al menos otros seis casos en los que funcionarios judiciales ordenaron sobreseimientos o redireccionaron las investigaciones fundamentados en el notable estado de vulnerabilidad de mujeres y mujeres trans capturadas mientras transportaban drogas o la vendían al menudeo.

En la Patagonia, el 2 de octubre, el juez Federico Calvete y el fiscal federal Juan Soria coincidieron en la de-cisión de sobreseer a cuatro personas, que -como correos humanos- trasladaban droga desde Misiones hacia el sur del país. Los investigadores judiciales se enfocaron así en los proveedores de la droga, y determinaron finalmente que las "mulas", reclutadas a través de una aplicación digital, eran en realidad víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación.

"Estas bandas se instalan en zonas de extrema pobreza adonde saben que pueden captar personas con mayor facilidad", explicó el fiscal Soria, según el expediente.

A nivel nacional, la cifra de mujeres detenidas continúa en aumento, según el informe más reciente de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación (PPN) sobre las cárceles: en los últimos 15 años y en todas las prisiones del país, esta cifra se elevó un 50 por ciento

"Estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad. La mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel, pero de alto riesgo (distribución de drogas a pequeña escala o por transportar drogas), como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coacción de una pareja o familiar", afirmaron desde la PPN.

Sobre las recientes medidas judiciales que buscan evitar el encarcelamiento innecesario de mujeres y mujeres trans vulnerables, el procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas, dijo a LA NACION: "Son muy importantes, aunque también son solo un poco de agua en el desierto, porque no se trata de algo masivo. Hay una discusión muy fuerte sobre la emergencia carcelaria, y son los colectivos más vulnerados con los que hay trabajar en las posibles excarcelaciones o arrestos domiciliarios".

Sobre este punto, Emilio Ruchansky, autor del libro Un mundo con drogas y activista por la legalización de la marihuana en la Argentina, sostuvo: "Las ganancias del narcotráfico están en la ilegalidad, y para mantener eso hay un sistema de explotación. Cuando una mujer pobre es detenida transportando o vendiendo droga, al otro día reclutan a otra. Aumenta la persecución y aumenta la cantidad de gente pobre en la cárcel. No solo eligen chica, sino también abuelos o adolescentes".

Recientemente en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, el fiscal federal local Julio Zárate junto con las procuradurías nacionales de trata y narcotráfico pidieron el sobreseimiento de una mujer que mientras estaba cautiva bajo el control de un grupo criminal dedicado a la trata de personas fue obligada a trasladar drogas. "La imputada presentaba un alto grado de vulnerabilidad que fue aprovechado por los verdaderos responsables de la maniobra, lo cual la colocó en una situación reductora de la auto-determinación", según se describió en el expediente judicial.

Un informe de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) describió que la mayoría de las mujeres presas en la Argentina -preventivamente o con condena- están detenidas por violar la ley de drogas.

Además, el documento de la UFEM explica: "Por lo general, estas mujeres ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva. Es decir, con pocas excepciones, fungen como mano de obra fácilmente reemplazable de las redes criminales transnacionales".

En esa línea, por medio de la de Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hizo un relevamiento carcelario en la Unidad Penal N° 33 de La Plata, donde una importante parte de las mujeres detenidas por violaciones a la ley de drogas (36,8%) explicó que cometieron esos delitos para enfrentar sus necesidades económicas. También, según el relevamiento, surgen motivos englobados en otras categorías, como la coerción directa.

La abogada Marisa Tarantino, investigadora y activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, publicó diferentes documentos sobre la utilización de mujeres como "correos humanos" para trasladar drogas.

"Las personas en situación de pobreza habitan formas económicas de subsistencia, legales e ilegales. Son opciones de gran riesgo. Hay quienes se aprovechan de la marginalidad y la clandestinización del territorio y de las drogas", afirmó a LA NACION Tarantino.

La especialista agregó: "La falta de regulación produce un mercado clandestino. Tendríamos que ir paulatinamente hacia formas de regulación de las drogas. No hay forma más clara de explotación, o mayor cosificación de un ser humano, que utilizarlo como correo para enviar drogas, porque corre riesgo su vida".

Sobre la vulnerabilidad de mujeres trans, Aramis Lascano, abogado de la ONG Reset e investigador especializado en los procesos de criminalización contra este colectivo, dijo: "Hay un aumento incesante de la tasa de encarcelamiento de mujeres trans por la ley de drogas, que ocupan -junto con las mujeres- el lugar más débil y riesgoso en esta cadena de comercialización. Las detenciones se dan en territorios gestionados por la policía, como las zonas rojas".

Por Belisario Sangiorgio

• Narcotráfico

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