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El Gobierno incorporó a dos cárteles mexicanos y a grupos armados de Colombia y Ecuador al registro de organizaciones terroristas
Entre ellas están el cártel de Sinaloa, una facción de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
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LA NACION
El Gobierno incorporó al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a cinco organizaciones narcocriminales y narcoguerrilleras de México, Colombia y Ecuador, entre ellas el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, Los Tiguerones, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras armadas que actúan bajo distintas denominaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La decisión se formalizó en la resolución conjunta 5/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por los ministros de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con vigencia inmediata.
La resolución dio intervención al Ministerio de Justicia para completar el procedimiento administrativo de inscripción al Repte del cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada; La Nueva Familia Michoacana, de los hermanos Olascoaga; de Los Tiguerones, la narcogavilla encabezada por William Jofre Alcívar Bautista, y de las guerrillas colombianas del ELN y las estructuras residuales de las FARC-EP, enfrentadas entre sí y con el Estado colombiano.
En el caso de Los Tiguerones, la decisión también alcanza a las facciones conocidas como Los Fénix y Los Igualitos. En cuanto a las FARC-EP, la resolución comprende específicamente al Grupo Armado Organizado Residual FARC-EP, identificado como GAO-R FARC-EP, y al Estado Mayor Central (EMC), así como a sus otras denominaciones, bloques y frentes, entre ellos el Frente 18.
Los fundamentos de la medida se apoyan en informes reservados elaborados por las áreas competentes de Seguridad y de la Cancillería que establecieron que aquellas organizaciones constituyen “una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional” y representan un riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Argentina.
Los informes son reservados y la resolución no detalla hechos concretos atribuidos a cada grupo en nuestro país. No obstante, hay ejemplos concretos: entre ellos, el caso de la avioneta que en noviembre del año pasado se estrelló en Rosario de la Frontera, Salta, con 364 kilos de cocaína que llevaban la marca representativa del cartel del Chapo Guzmán. Para ese momento había evidencias de que tanto el de Sinaloa como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se habían instalado en Bolivia para producir cocaína y traficarla a través de puertos argentinos.
El Gobierno sostuvo que la naturaleza transnacional de las organizaciones, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas configuran un riesgo que excede la criminalidad doméstica. También señaló la existencia de estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia el territorio argentino.
La resolución plantea como objetivo reforzar las capacidades de prevención y detección temprana del Estado ante una eventual instalación, actuación, financiación o articulación de esas organizaciones en el país. La inscripción en el RePET -agrega el documento- facilita el intercambio de información entre las autoridades argentinas y sus contrapartes extranjeras, así como el desarrollo de investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas o con amenazas contra la seguridad nacional.
La inclusión en el RePET no se limita a una declaración política: los sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), entre ellos bancos y otras entidades contempladas en la legislación antilavado, deben verificar las listas y reportar sin demora las operaciones realizadas o intentadas que puedan estar vinculadas con la financiación del terrorismo.
Como antecedente del funcionamiento de ese mecanismo, cuando Hamás fue incorporado al registro en julio de 2024, la UIF explicó oficialmente que los sujetos obligados debían emitir un reporte ante cualquier operación o tentativa relacionada directa o indirectamente con bienes de la organización o de personas vinculadas con ella. Frente a uno de esos reportes, el organismo puede disponer administrativamente el congelamiento de bienes, con comunicación inmediata a la Cancillería y a la Justicia para su control.
En un comunicado que lleva la firma del presidente Javier Milei se incluyó una descripción de las organizaciones y el fundamento principal para calificarlas como “terroristas”. Define al cártel de Sinaloa como una “organización transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”, que ya ha sido declarada como “grupo terrorista” por varios países, especialmente los Estados Unidos.
Este dato no es menor: a principios de octubre, el gobierno norteamericano abrió en la Argentina una “unidad regional” de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), con un fondo aprobado de más de US$13 millones destinado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Del total de los fondos asignados, US$7,5 millones estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para el conjunto de la región en las cuales también tendrá participación nuestro país.
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