Escándalo: asociación ilícita, tráfico de influencias y prevaricato, los delitos por los que fue procesado un juez federal
Se trata del abogado Miguel Aranda, quien hasta su imputación cumplía funciones como magistrado subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricato y encubrimiento. Se trata de la larga lista de delitos por los que fue procesado sin prisión preventiva el abogado Miguel Aranda, quien hasta su imputación cumplía funciones como juez federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco.
“Los elementos probatorios reseñados permiten corroborar, con el grado de certeza requerido para la presente instancia, que parte de las personas imputadas habrían conformado una asociación ilícita. La investigación realizada por la fiscalía federal exhibe la conformación y el funcionamiento de una estructura criminal, que data al menos desde el año 2020, que se hallaba dirigida a la concreción de maniobras delictivas”, sostuvo la jueza federal Zunilda Niremperger al procesar a Aranda y a otros cuatro imputados, entre ellos el comandante principal de la Gendarmería Nacional Alberto Farías.
La jueza Niremperger explicó: “Se verificaron las distintas tratativas entre los imputados tendientes al mantenimiento de la vigencia de la estructura criminal y así permitir en una etapa ulterior las negociaciones que se sucedieron entre ellos para concretar los acuerdos espurios en las causas sometidas a la competencia de Aranda en su calidad de juez federal a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña”.
La investigación estuvo a cargo del fiscal general Federico Carniel, el fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Amad; el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, y Diego Iglesias, que conduce la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
“La operatoria criminal fue realizada por medio de personas claves para concretar las maniobras delictivas con el fin de obtener ganancias y beneficios espurios”, habían sostenido los representantes del Ministerio Público en un dictamen presentado en octubre pasado.
Uno de los hechos que se le adjudica a los sospechosos es la supuesta protección a una banda narco de Chaco conocida como el clan Sosa.
“Se puso en conocimiento- entre otras irregularidades- que el comandante principal Farías contaba con información sensible respecto del trámite de causas penales proveniente desde el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, incluso tomando conocimiento antes que el jefe de la Unidad. Él mismo poseía contactos con integrantes de organizaciones presuntamente delictivas, circunstancias que podrían encontrarse relacionadas a irregularidades y presunta fuga de información que frustró el resultado de números allanamientos librados respecto del llamado ‘clan Sosa’”, se explicó el dictamen firmado por los fiscales Carniel, Amad, Iglesias y Sabadini.
Sobre el clan Sosa, los fiscales explicaron que “los imputados contaron con información privilegiada que les permitió sustraerse de la acción de la Justicia antes de concretarse los allanamientos”.
En la resolución donde procesó a los imputados, la jueza Niremperger afirmó: “En virtud de lo consignado, se puede establecer sólidamente un vínculo entre Farías y Aranda, donde ambos habrían suministrado información sobre las medidas judiciales ordenadas que se iban a concretar, para que [los sospechosos investigados] pudieran ocultar medios de prueba que pudieran ser usados en su contra, extrayéndose de los inmuebles a allanar, y para que pudieran evitar las detenciones que habían sido ordenadas”.
La magistrada explicó: “La participación de Farías, más allá del estrecho vínculo que detentaba con Aranda y que, en virtud de ello, éste le habría brindado información sobre las investigaciones penales que tenía a su cargo. Dicha información habría sido provista por Farías a terceras personas en procura de un beneficio, ante quienes, además, habría hecho valer indebidamente la influencia que tenía ante Aranda. En ese contexto, es que se estima que Farías también habría intervenido en la asistencia que se le brindó al clan, tal como señala el Ministerio Público Fiscal”.
En octubre pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), allanó el domicilio y el despacho de Aranda. El por entonces juez subrogante, le dijo en su momento a Canal 9 de Chaco: “No entiendo. No le encuentro razón a esto. Estoy absolutamente tranquilo”.
Para la magistrada, según su fallo, “el pacto o acuerdo entre los imputados deriva implícitamente del contexto delictivo plural evidenciado, en el que participaron los encartados de uno u otro modo y que tuvo como eje principal el obrar del exjuez Aranda, tal como ha sido exteriorizado por el Ministerio Público Fiscal”.
Cuando los fiscales presentaron el dictamen con la imputación contra Aranda, la Cámara Federal de Resistencia dejó sin efecto la designación del sospechoso como juez subrogante de Presidencia Roque Saénz Peña, función que cumplía desde 2019.
“Los elementos merituados [sic] reflejan con suficiente claridad que la presunta organización criminal analizada presenta entidad suficiente como para sostener la puesta en peligro de forma efectiva del orden público”, explicó la magistrada en el procesamiento de los sospechosos.
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