Escándalo judicial: embargan los bienes de un fiscal hasta cubrir la suma de $2000 millones

Casi siete meses después de haber sido indagado, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó al fiscal Claudio Scapolan, acusado de ser el jefe de una organización criminal que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. En su resolución de 511 páginas, Arroyo Salgado trabó un embargo sobre los bienes de Scapolan hasta cubrir la millonaria suma de 2.000.000.000 de pesos.

Así se desprende de la resolución a la que tuvo acceso LA NACION. La magistrada consideró a Scapolan, de 50 años, como jefe de una asociación ilícita.

Hasta el 24 de julio del año pasado, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria, pero por una serie de recusaciones y de planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia y recién fue indagado en marzo último.

“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, sostuvo el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.

La causa donde fue procesado Scapolan es un expediente que comenzó en junio de 2016 con la declaración de un testigo de identidad reservada ante el fiscal Domínguez.

“El fiscal Scapolan es el jefe de una organización compuesta por policías que se dedican a extorsionar narcotraficantes fraguando causas”, dijo el denunciante, según se desprende del expediente judicial.

Scapolan no fue detenido porque tiene inmunidad de arresto por su función de fiscal (ahora está suspendido).

En la parte final de la resolución donde procesó a Scapolan, Arroyo Salgado explicó “dada la imposibilidad de proceder, en razón de los fueros e inmunidad de arresto que el imputado detenta a la fecha, habrá de diferirse hasta tanto se resuelva el desafuero del nombrado”.

La magistrada, en uno de los puntos de la parte resolutiva, le pidió a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la formación del proceso de enjuiciamiento y consecuente remoción y/o desafuero del ahora procesado.

También, Arroyo Salgado decidió darle “inmediata intervención” al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, ya que la ley del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires establece entre los deberes y atribuciones “promover la acción de remoción contra el juez o integrante del Ministerio Público que haya incurrido en hechos o conductas que den lugar a su enjuiciamiento, en caso de hallar fundamento suficiente”.

Fuentes judiciales explicaron que, el 29 de julio del año pasado, apenas tomó conocimiento de la causa, Conte Grand, le solicitó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que le impusiera a Scapolan una licencia forzosa y al Jurado de Enjuiciamiento el correspondiente apartamiento preventivo.

“La Suprema Corte hizo lugar a la medida el 1° de agosto de 2020 y la prorroga desde entonces, pero el jurado no se ha reunido todavía para tratar el pedido. En octubre del año pasado, cuando el jurado corrió traslado para presentar las acusaciones, la Procuración General bonaerense acusó a Scapolan, presunta cabeza de una asociación ilícita. El fiscal procesado permanece en libertad gracias a sus fueros, a diferencia de varios de sus cómplices, y sigue cobrando su sueldo entero”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Y agregaron: “El Jurado de Enjuciamiento no ha considerado la urgencia y no se ha reunido a tratar la acusación interpuesta contra Scapolan ni su apartamiento preventivo. Mientras no lo haga, la Justicia federal y la Procuración General bonaerense se seguirán viendo impedidas avanzar contra él”.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Scapolan, el suspendido fiscal no se sorprendió de la notificación del procesamiento.

Conformidad

“Estamos conformes con la decisión del procesamiento de Scapolan. La jueza a jueza Arroyo Salgado se tomó el tiempo necesario y prudente para chequear cada constancia de la causa”, dijo a LA NACION el abogado Damián Odetti, denunciante y parte querellante en el expediente.

En la audiencia de la declaración indagatoria, en marzo pasado, Scapolan presentó un escrito donde sostuvo que la causa en su contra fue “montada desde su origen, en forma absolutamente ilícita” con el único objetivo de su persecución “por intereses espurios y designios siniestros” que todavía no pudo descubrir.

En su estrategia de defensa, Scapolan acusó a la jueza federal Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez de haber desatado una “cacería”en su contra. Además, sostuvo que es inocente y negó todos “los cargos” que se le hicieron.

Arroyo Salgado no solo procesó a Scapolan como jefe de una asociación ilícita. También le endilgó los delitos de “instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal”, falsedad ideológica de documento público”, “sustracción de medio de prueba” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por haber intervenido tres o más personas organizadas y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución”, entre otros.

La magistrada, según se desprende de la resolución, mantuvo la decisión de prohibición de salida del país del suspendido fiscal.

Las acusaciones

Según lo explicado por el fiscal Domínguez en el expediente judicial, la organización criminal era liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales bonaerenses.

Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, está prófugo desde el 24 de julio de 2020. También están en “rebeldía” tres policías y un informante de la fuerza de seguridad bonaerense.

A fines de enero pasado, Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a un eslabón esencial de la organización: el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta. Fue considerado como organizador de la banda. Estuvo más de cinco meses prófugo hasta que fue atrapado, a principios de este año, en un complejo de departamentos de Rincón de Milberg, Tigre.

Una de las imputaciones contra la denominada “banda del fiscal” es el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo Leones Blancos, de fines de diciembre de 2013. En la presentación de ese golpe contra el narcotráfico ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.

Esa vez se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína. Pero eran más... Una parte de los 520 o 560 kilos de droga robados a la banda narco terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y de testigos de identidad reservada, la sustancia estuvo almacenada en un local de Quilmes que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas, y que pertenecería a Baeta.

Según informaron fuentes judiciales, las cabañas de Santa Clara del Mar donde habría sido escondido el lote de estupefacientes pertenecían a Luis Tourn, alias El Polaco, amigo de Baeta. Consta en el expediente que, además de haber recibido la cocaína robada durante el procedimiento policial, el Polaco Tourn habría tenido la misión de comercializar la droga en la costa atlántica durante el verano de 2014.

Baeta era amigo y hombre de confianza de Diego Xavier Guastini, el contador asesinado en Quilmes en 2019, que era el cerebro financiero detrás de las grandes bandas narco que operaban en el país. Según la Justicia, gracias a esa relación obtuvo el dato clave para diseñar un operativo policial que, tal como creen los detectives del caso, derivó en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína del operativo Leones Blancos. Se presume que una parte de ese cargamento, valuado en US$2.800.000, se vendió en la costa atlántica y que otra fue enviada a Brasil y a Europa.

Baeta fue una de las primeras personas en llegar a la escena del homicidio de Guastini, sucedido a pocos metros de la Municipalidad de Quilmes.

En enero pasado, cuando fue detenido, se le secuestró un teléfono celular. En los archivos del móvil de Baeta se encontraron dos fotografías que llamaron la atención de los investigadores: una imagen era la del cadáver del contador y la otra, una lápida en un cementerio privado en la que se puede leer “Familia Guastini”.