Frente a las bandas. Presión en las cárceles, “territorialidad” y reformas, el plan de Patricia Bullrich para enfrentar el desafío narco

La violencia alrededor de la venta de drogas es una de las preocupaciones centrales de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los sucesos de Rosario son tan inquietantes como conocidos, pero el plan general contra el narcotráfico que se prepara en la cartera policial tiene metas más amplias que solo poner bajo presión a los clanes criminales que golpean en esa ciudad santafesina. El concepto que empezarán a escuchar quienes conversen con la funcionaria nacional es de “territorialidad”, una idea que modificará el empleo de las fuerzas federales. El proyecto que empieza a encaminarse incluye, además, una reforma de segunda generación en la Policía Federal Argentina (PFA) y la integración del Servicio Penitenciario Federal al análisis y reacción sobre el narcomenudeo, entre otras herramientas con las que piensa disponer la ministra Bullrich para enfrentar el desafío narco.

En Rosario se dio el primer paso con ese concepto de “territorialidad”, que tiene que ver con la concentración de unidades federales en lugares calientes de la generación de la violencia a partir de la venta minorista de drogas. Quienes conocen el pensamiento íntimo de la ministra Bullrich explicaron a LA NACION que la intención fue dejar atrás el despliegue preventivo sobre múltiples objetivos para tomar posiciones en zonas donde operan los clanes narco. Allí se acordó con el gobernador Maximiliano Pullaro –amenazado en forma repetida por bandas criminales– que las fuerzas federales tomarán control en tres barrios. A fin de mes se evaluará si ese trabajo focalizado logró el objetivo de disminuir los asesinatos. Por lo pronto, en la ciudad de Rosario no hubo muertes provocadas por sicarios en esta primera quincena del año. Los funcionarios cruzan los dedos.

Esa forma de concentrar esfuerzos en determinados lugares había dado resultados en los primeros pasos de la Gendarmería en Buenos Aires, luego de la crisis de diciembre de 2001. Pasaron de lo que en broma se denominaba en el Edificio Centinela como “operativo cono” –por el control vehicular que era lo único que se permitía a los gendarmes en el conurbano en ese momento– a copar Fuerte Apache, emblemático conjunto de monoblocks que por entonces era centro de bandas narco, piratas del asfalto y secuestradores. En pocos meses se logró pacificar esa zona.

La “territorialidad” no solo se extenderá por la conflictiva Rosario, sino también en áreas del conurbano. El viernes 5, la ministra Bullrich estuvo más de siete horas en Buenos Aires. Algunos barrios de Moreno y General Rodríguez aparecen como los más complicados en el análisis de planificación. La funcionaria nacional mantiene diálogo con el ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso. De las conversaciones no está alejado el gobernador Axel Kicillof. Es que los representantes provinciales y nacionales tienen mucho de que hablar en estos días, especialmente por la decisión del gobierno en La Plata de dar marcha atrás con la adhesión a la ley 26.052, que desfederalizó la lucha contra el narcomenudeo.

Esa norma fue aprobada en 2005 por el Congreso de la Nación a pedido de Buenos Aires. Fue el por entonces gobernador Felipe Solá quien promovió una norma para que la policía bonaerense pudiese dedicarse a la lucha contra la venta minorista de drogas, que, en definitiva, es la real preocupación de los vecinos de barrios golpeados por el narcomenudeo. Y en estos momentos se da la paradoja: Santa Fe, que nunca tuvo interés en tomar parte con su propia policía y justicia de la lucha contra los vendedores de drogas, aprobó la adhesión a la norma en diciembre pasado, mientras que Buenos Aires anunció su retiro 18 años después de actuar bajo ese paraguas. Afirman que el gobierno bonaerense está preocupado por la penetración narco en las filas inferiores de la policía provincial y sospecha, al menos, que también funcionarios judiciales estarían tentados a mirar hacia otro lado. Bullrich tomó nota de esas preocupaciones.

Las fuerzas federales no podrán ocuparse de todos los búnkeres si se retira la policía bonaerense. Se mantendrá el concepto de “territorialidad” para focalizarse en la pacificación de algunas zonas. Esa concentración de esfuerzos apunta a una clave: la prevención del delito común no es tarea de las fuerzas federales. Bullrich, contaron quienes escucharon a la ministra, está decidida a dotar de herramientas legales para combatir robos, motochorros y homicidios. Por eso se prepara un paquete de cambios en leyes, entre ellos, la baja de la edad de imputabilidad, que no entraron en la ley ómnibus. Pero el combate directo será tema de las policías provinciales.

Y en ese cambio de paradigma aparece la reforma de segunda generación de la PFA. Después del traspaso de una parte importante de sus unidades a la ciudad que derivó en la creación de la policía porteña, el próximo paso será dar a la fuerza dos perfiles bien definidos: investigaciones complejas y custodias de alto nivel. Sería como una fusión del FBI y el Servicio Secreto norteamericano. Para esa idea que piensa Bullrich debería producirse otro cambio: dejar atrás la seguridad ferroviaria para que esa tarea pase a las fuerzas policiales de cada lugar atravesado por el tren. Esa sería una alternativa a mediano plazo para sumar agentes a la tarea de investigaciones complejas.

Entre esas pesquisas que van más allá de una banda de motochorros aparece el terrorismo y el actual cruce de actividades ilegales que genera la idea de “narcoterrorismo”. En breve, la ministra Bullrich estará en la zona conocida como la Triple Frontera, con la intención de dar un mayor impulso al comando tripartito, que, con mayor o menor suerte, es un eje de intercambio de información entre las fuerzas de la Argentina, Paraguay y Brasil. El conflicto en Medio Oriente da un marco a la necesidad de activar los ojos en esa zona, pero al Ministerio de Seguridad le interesa también escuchar allí sobre el Primer Comando Capital, la más arrolladora maquinaria narcoterrorista en la región.

Presión en las cárceles

El PCC nació como un sindicato criminal en las cárceles de San Pablo y mantiene la costumbre de organizarse dentro de las prisiones. Narcos locales hacen lo mismo. Por eso Bullrich obtuvo en esta segunda gestión en Seguridad una herramienta que antes no tuvo a su mando: el Servicio Penitenciario Federal. “Ya es en la práctica la quinta fuerza de seguridad”, dijo la ministra a sus allegados al trazar el plan de integrar a los penitenciarios en la mesa de análisis con la PFA, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Una buena parte del plan antinarco se activará en los penales federales.

Al conocerse que las amenazas contra la familia del gobernador Pullaro habían sido ordenadas por un preso alojado en la cárcel de Ezeiza, la ministra ordenó que ese jefe narco, identificado como Francisco Riquelme, fuese colocado bajo máximas medidas de aislamiento.

En su extensa trayectoria, Bullrich fue secretaria de política penitenciaria. Conoce el funcionamiento de esa área. Está convencida de que los jefes narco pueden ser mejor vigilados al estar alojados en una misma cárcel, pero que no puede volver a pasar situaciones que barones de la droga compartan horas de pabellón o salidas a patios. Juntos, pero alejados, será la norma. Y con limitados contactos, para que las prisiones no se conviertan en centro de comando y comunicaciones narco.

Mientras avanzan los primeros pasos del plan contra los clanes criminales, en el Ministerio de Seguridad se sigue con atención las cifras: en promedio, más de 160 operativos antidrogas por semana. Entre ellos, los 2800 kilos de marihuana que la Gendarmería interceptó anteayer