Guardias armados. Por temor a un ataque de bandas narco, militares se harán cargo de la vigilancia de una fábrica de municiones

La fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, ubicada 20 kilómetros de Rosario, donde se producen proyectiles de distintos calibres y chalecos antibala, era custodiada por sus propios empleados, según señalaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Defensa. No tenía una seguridad especializada para proteger un predio de 100 hectáreas, donde hay material bélico de importancia.

Desde 2012 se detectó en distintas causas judiciales que se produjeron sustracciones de proyectiles, por lo que en el contexto que vive Rosario, el gobierno decidió emitir un decreto para declarar como “zona militar” esa planta, que ahora pasará a ser custodiada por el Ejército. El temor, según delinea el DNU 350/2024, es que se produzca un “ataque” contra FM, de los grupos criminales que operan en Rosario.

Actualmente, en la fábrica de Fray Luis Beltrán, donde se producen proyectiles calibres 9 mm, 22, 7.62 y 7.65, cartuchos antidisturbios y chalecos antibala, la seguridad la llevan a cabo los propios empleados. Según fuentes de la FM, solo hay un par de serenos a la noche que realizan, en teoría, una ronda con un auto. Tienen un sistema de cámaras, pero que no alcanza a cubrir todo el predio, sino algunas dependencias. Lo que hay dentro de la fábrica nadie lo sabe. Porque desde principios de los 90 se fue acumulando chatarra y desperdicios que nunca fueron removidos. Por ejemplo, cuando se desmanteló la fábrica de armas Domingo Matheu de Rosario en 1993 las máquinas y los insumos se trasladaron a Fray Luis Beltrán y quedaron allí herrumbrándose.

A la par, las partes de la planta que fueron quedando fuera de servicio y quedaron obsoletas no se desmantelaron y reciclaron o vendieron. Un exdirector contó que después de la gestión de Mauricio Macri encontraron en una dependencia abandonada decenas de pistolas que enviaban marcas de distintas partes del mundo como prototipo, cuando en FM se fabricaban armas. Era muy sencillo entrar al predio, sin custodia ni seguridad, y llevarse un lote de pistolas. En realidad, no se sabe si ocurrió porque los inventarios, según describieron desde FM, tienen falencias.

Ese lugar tenía seguridad privada, pero en la gestión de Maurio Macri se hizo un ajuste en el personal y tras un acuerdo con los gremios, liderados por ATE, se decidió que la custodia del predio pasara a estar a cargo de los empleados. Ese esquema continuó hasta ahora, recordó una fuente de FM. Y no solo funcionó de esa manera en Fray Luis Beltrán, sino también en todas las plantas del país, como la de Río Tercero y Villa María, entre otras. Además, el predio, ubicado a 20 kilómetros de Rosario, tiene salida al río, por lo que ese punto débil en la seguridad tampoco estaba cubierto.

Durante la gestión de Cambiemos se hizo una auditoría, que había detectado serias irregularidades sobre todo en el control de los polvorines y arsenales. No se sabía bien qué era lo que había. Para una planta donde se producen municiones es un problema serio la seguridad. Pero el sumario que se abrió para investigar por qué existía ese descontrol se terminó por cerrar sin conclusiones, señalaron fuentes que ocuparon cargos en el directorio durante la gestión anterior.

El presidente Javier Milei introdujo en un primer borrador de la ley ómnibus la privatización de las principales plantas de Fabricaciones Militares, entre las que se incluyó la de Fray Luis Beltrán, junto con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y a los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor). Pero luego de las negociaciones que se iniciaron en el Congreso de la Nación decidieron retirarlo del proyecto, que aún no se trató nuevamente.

El presidente designó luego a Hugo Pascarelli como titular de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Es un contador, que proviene del sector privado. Se desempeñó como CEO e integrante de directorios de varias empresas, entre ellas Clorotec, Famar Fueguina SA, Delphi E&S South America, Monsanto, Shell, entre otras.

Las nuevas autoridades, que asumieron hace dos meses, encontraron que básicamente la fábrica de Fray Luis Beltrán tiene graves problemas de seguridad, pero, además, que el lugar está en su mayor parte abandonado, según describieron fuentes de la sociedad estatal. “Prácticamente no hay controles. Solo hay unos serenos a la noche. Esto es un problema serio, por el material bélico y los insumos que hay en esa planta”, señalaron fuentes de FM en diálogo con LA NACION.

Ante esa situación, Milei decretó que esa dependencia sea considerada zona militar, por lo que a partir de ahora estará bajo custodia del Ejército. “La declaración de zona militar a la fábrica de armas Fray Luis Beltrán contribuirá al logro de la eficacia y eficiencia del sistema de seguridad, al habilitar a las Fuerzas Armadas para diseñar y operar el citado sistema”, advirtió el DNU, que en otro tramo señala que el predio fabril “constituye un objeto de valor estratégico, dado que su destrucción o posible daño afecta a la seguridad del Estado, en atención a las capacidades industriales para el sector de producción para la defensa”. De esta manera, se avanzará en “el despliegue de una capacidad eminentemente militar para prevenir y conjurar un eventual ataque” contra la fábrica.

Al lado de la fábrica de armas se encontraba el Batallón 603, que fue, en teoría, cerrado durante la gestión de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, luego de que se detectara la sustracción de 19.600 balas 9 mm. El ministro instruyó al entonces Jefe del Ejército, Cesar Milani, a “crear una Base de Apoyo Logístico y una UMRE (Unidad Militar de Emergencias) en ese lugar.

Las nuevas autoridades de FM ordenaron una nueva auditoría en la planta de Fray Luis Beltrán para tratar -según remarcaron- de “ordenar” la situación y detectar posibles irregularidades en gestiones anteriores. A simple vista lo que se encontraron, según describieron, fue una planta repleta de chatarra. “Un 40 por ciento de la fábrica es chatarra. Hay edificios dentro del predio que están tapados de material en desuso y desperdicios. Por ejemplo, parte de la fábrica de armas Domingo Matheu que se desmanteló en 1993 está dentro del predio de Fray Luis Beltrán. Nunca se hizo nada con todo eso”, apuntaron.

También afirmaron que están llevando a cabo un inventario en los polvorines y depósitos de munición. Señalaron que los edificios están en muy mal estado, con poco mantenimiento. “En estado de abandono”, agregaron.

Según la visión de las nuevas autoridades, la seguridad del Ejército puede subir la vara para evitar un golpe de los grupos criminales. Creen que, por ahora, lo que va a ser complejo es evitar el “raterismo”, como describieron, de municiones. En el gobierno de Santa Fe sospechan que parte del mercado negro de armas y balas de Rosario se abastece de lo que se produce en Fray Luis Beltrán.

Hay dos causas en torno al robo de municiones. En una fueron condenados cinco militares por la sustracción de 19.600 balas calibre 9 milímetros del Batallón 603, que está al lado de FM.

En el otro expediente, que está en manos del juez federal Marcelo Bailaque, se investiga una maniobra mucho mayor, que fue advertida en mayo de 2016, cuando el Ministerio de Defensa denunció un faltante de proyectiles del predio de la fábrica de armas. Pero esa causa nunca se movió. Ese magistrado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura.

En ese momento, el ministro de Seguridad de Santa Fe era el actual gobernador Maximiliano Pullaro, que siguió de cerca este tema, porque en la gestión de Miguel Lifschitz creían que parte del circuito ilegal de armas se nutre de lo que se pierde en la fábrica de armas, donde se producen municiones de distinto calibre y chalecos antibala. En ese momento, Pullaro mantuvo varias reuniones con quien era el titular de la cartera de Defensa Julio Martínez para expresarle la preocupación. En la actual gestión siguen con la misma hipótesis.

En la saga de crímenes que ocurrieron en principios de marzo en Rosario, que el gobierno calificó de “narcoterrorismo”, se usaron en dos hechos balas que tenían la inscripción PSF, es decir, Policía de Santa Fe. En el Ministerio de Seguridad de la provincia señalaron a LA NACION que las vainas incautadas fueron adquiridas en un lote en 2021. Ese año en la policía se denunció el robo de 68 pistolas 9 mm. Esas balas fueron compradas a la planta de Fray Luis Beltrán de Fabricaciones Militares.

La causa que se originó durante la gestión de Macri nunca avanzó en el juzgado de Bailaque. El expediente está caratulada como NN, porque no hay imputados. Los hechos que, en teoría debían investigarse, son malversación, peculado culposo y abuso de autoridad calificado. En ese momento, en el Ministerio de Defensa sospechaban que existía un “circuito paralelo” de venta de municiones e insumos de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán.

Efectivos de Gendarmería realizaron un allanamiento en mayo de 2016 que duró más de 12 horas. Y los investigadores se toparon con algunas sorpresas y nuevas irregularidades que recargan las presunciones de que allí había un comercio paralelo de armamento y municiones.

Según publicó LA NACION, en los allanamientos se detectó un faltante de casi 3 millones de balas de distinto calibre, entre ellas 9 milímetros y 7.62 (calibre que usa el FAL), de 9 millones de fulminantes y se observó un excedente de municiones no declaradas. Pero lo que más llamó la atención fue que cuando empezaba a caer la tarde se encontró un arsenal completo que no estaba declarado en los registros, en el que había municiones 12.70, 7.62, gases lacrimógenos y espoletas activas de mortero, entre otros.

Este lugar de acopio era una antigua cochera abandonada, que es la última construcción del predio que tiene unas 100 hectáreas. Después de ese galpón improvisado está el alambrado perimetral. Más allá de que esas municiones e insumos que no estaban registrados lo alarmante, según confiaron las fuentes, era la precariedad y la falta de seguridad de ese lugar para guardar municiones de guerra.

Dos años antes, en diciembre de 2014 se detectó otro faltante de 19.600 balas 9 milímetros, que provocó un escándalo, en el Batallón de Arsenales 603, ubicado al lado de la fábrica de armas. El entonces ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó el cierre de ese predio y decretó el pase a retiro del director de Arsenales del Ejército Argentino, coronel Hugo Víctor Meola.

Aunque la investigación del Ministerio Público nunca avanzó sobre el destino de las municiones, luego surgieron sospechas de que las balas podrían haber sido vendidas en el mercado negro, donde se proveen en Rosario las bandas narcocriminales. “El robo de balas era permanente, bajo dos metodologías el robo hormiga, de a pequeñas cantidades, y manera alevosa”, sostuvo a LA NACION un militar retirado de esa dependencia.

Entre los que fueron juzgados –según el fallo que lleva la firma de los jueces Lorenzo Barbará y Jorge Gallino– están quienes eran primer y segundo jefe del establecimiento militar, coronel de arsenales Guillermo Bonnefus y teniente coronel Adalberto Fernández. También Jorge Luis Giandinotto, capitán de arsenales; Germán Alberto Vázquez, sargento de arsenales, y Elio Germán Villarrubia, sargento ayudante. Todos fueron pasados a retiro cuando se inició la causa y permanecieron en libertad.

En el fallo, se advirtió que en la auditoría que se realizó dos militares declararon que “desde julio y agosto 2014 ya faltaban” las municiones. Uno de los suboficiales que se desempeñaba en el arsenal “fue obligado por un superior a firmar un acta declarando que la inspección se desarrolló “sin novedad”.

Incluso, uno de los sargentos testificó que se “reemplazaban cajones de balas en el acta de inspección y que se procedió a ocultar dicha situación, colocando en reemplazo cajones con vainas por indicación de un superior”.

En 2012, según otra denuncia, fueron robados 154 FAL y piezas completas para armar otros 250 fusiles al menos, del Batallón de Arsenales 603. Pero ocurrió algo similar que con la causa en manos del juez Bailaque: nunca se supo qué pasó con las armas, porque no arrojó resultados la pesquisa interna dispuesta por la gestión de Arturo Puricelli, que en ese momento estaba al frente del Ministerio de Defensa. Además de esos fusiles, fueron sustraídas en esa oportunidad cinco ametralladores antiaéreas 12.7 y una ametralladora pesada MAG.

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