Violencia de género
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Implementarán medidas policiales inmediatas para frenar la violencia de género
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LA NACIONDaniel Gallo
Más de 1600 mujeres se presentan cada día para denunciar situaciones de violencia de género. Frente a la cantidad de casos la respuesta institucional no siempre es acertada y esa realidad queda expuesta en los 308 femicidios registrados durante 2017. La cifra de muertes violentas de mujeres tiende a crecer. Por eso se puso en marcha un plan para frenar esos homicidios, que en muchas ocasiones tiene el antecedente de una cerca denuncia que no fue escuchada o, por lo menos, no generó una red de protección para intentar evitar ese descenlace anunciado. El Ministerio de Seguridad de la Nación propuso a las provincias reaccionar con una mayor eficacia policial. A partir de esa alternativa que la ministra Patricia Bullrich presentó anteayer en la reunión del Consejo de Seguridad Interior, cada mujer que se acerque a una comisaría se irá con al menos una medida de respaldo acorde con la gravedad de la amenaza.
Cada presentación efectuada en una comisaría será ingresada en una base de datos común a nivel nacional, en el Sistema Unificado de Denuncia por Violencia de Género e Intrafamiliar. Los ministros provinciales se comprometieron a adoptar el protocolo de preguntas a la denunciante, que servirá para realizar una valoración del riesgo. Serán 57 temas que tendrán una valoración entre 0 y 3 puntos, que definirán el peligro potencial y las medidas inmediatas a adoptar por parte de la policía. Los representantes judiciales serán notificados de la denuncia y la "situación táctica", pero la respuesta de vigilancia policial se impondrá directamente por el resultado del análisis de riesgo y sin esperar la decisión judicial. Incluso no importará si la mujer ratifica o no en sede judicial lo expuesto, sino que se actuará preventivamente ante la denuncia inicial.
En la suma de eventos que generará esa colocación instantánea del sistema de seguridad en beneficio de la víctima figuran la verificación de lesiones anteriores, el acceso a armas de fuego del denunciado, la amenaza a quitar la tenencia de hijos en caso de separación, la necesidad de la mujer de abandonar el hogar para evitar una agresión y la privación de la libertad ambulatoria o individual, entre otros puntos que serán analizados.
"Buscamos bajar entre el 10 y el 20% de los femicidios", comentó la ministra Bullrich al presentar el programa, que para el cruce de datos utilizará un software probado en España y donado por el Ministerio del Interior de ese país.
Entre las experiencias internacionales que se analizaron aparece el plan llevado adelante por autoridades británicas para reducir el 48% de los femicidios. De su visita a Londres, la ministra Bullrich trajo la alternativa de capacitar a policías como tutores de las mujeres en riesgo. La idea es que la víctima sienta confianza al tener un agente asignado al seguimiento de su denuncia, sin tener que pasar por diferentes interlocutores cada vez que se presenta en una comisaría ante una repetición de hostigamientos. Las autoridades nacionales estiman que cada policía especialmente designado para los casos de emergencia podría estar a cargo de monitorear 40 denuncias.
El plan para disminuir los femicidios se sustentará, además de en ese seguimiento personalizado, en medidas concretas de seguridad que serán efectivas desde el mismo momento de la denuncia. El protocolo de acción dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación implica las medidas mínimas de protección en cada caso. Al tomarse en cuenta el perfil de amenaza se establecerán cuatro niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio y alto. En cada situación se establecerán para la policía actitudes obligatorias y complementarias.
En el primer escalón se situarán los casos con menores posibilidades de agresiones, evaluación que llegará con el sistema unificado de denuncias y la suma de puntaje en 57 situaciones de riesgo. En ese caso inicial los agentes aportarán información sobre los derechos y recursos que tiene la víctima a su disposición; además, se facilitarán teléfonos de emergencia y asistencia especializada.
Pese a calificarse un caso como de bajo riesgo, las acciones policiales empezarán a ser más intensas: se realizarán periódicos contactos telefónicos con la víctima para interiorizarse de su situación. Y, con el cruce de datos con la base de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex-Renar), se informará a la Justicia de la necesidad de retirar un arma en poder del denunciado. En ese nivel, los policías acompañarán al hombre en el momento de retirar sus pertenencias en caso de ser desalojado del hogar por decisión judicial. También se establecerán contactos personales con la víctima, que podrá decidir si quiere que los policías hagan evidente su presencia con una visita en uniforme o si prefiere un contacto discreto con agentes de civil.
Cuando la evaluación de riesgo determine un nivel medio de peligro para la mujer se establecerá en forma obligatoria (sin necesidad de contar con habilitación judicial, sino como si se tratará de un caso de posible flagrancia) la vigilancia del domicilio y lugar del trabajo de la víctima; también se controlará el momento de ingreso y salida de los hijos en establecimientos educativos, y se asignará a la mujer un policía, que será el encargado de monitorear –a modo de tutor– el nivel de amenaza. También podrá decidirse, en ese caso en forma complementaria a las medidas obligatorias, la vigilancia del cumplimiento de medidas restrictivas por parte del denunciado.
Al pasarse a un nivel de riesgo alto, frente a la evaluación de un peligro inminente, las fuerzas policiales estarán obligadas a aportar una custodia permanente a la mujer.
"Generamos una matriz de riesgo para poder concretar un acompañamiento de las denuncias por violencia de género", comentó Bullrich y aseguró que se cruzarán los datos de las 400.000 llamadas recibidas el año pasado en el teléfono 144 para tomar como un alerta importante la repetición de llamadas a ese teléfono de asistencia frente a la violencia de género. Se busca detectar casos en los que la víctima no se anime a dar el paso de hacer una denuncia formal, pero que claramente emite mensajes que deberían ser tomados en cuenta preventivamente como un pedido de auxilio.
La ministra Bullrich anticipó a sus pares provinciales que buscará reforzar aún más el sistema de protección frente a la violencia de género. Procurará en el futuro inmediato apoyo parlamentario para levantar otras dos líneas defensivas fuertes contra los femicidios. Por un lado intentará que la violencia contra la mujer sea considerada un delito de acción pública, para que se pueda intervenir más allá de las denuncias de las damnificadas; también solicitará la ministra un cambio importante en el pensamiento judicial, ya que buscará que se imponga una pena de expulsión de un pueblo o una ciudad a quien represente una amenaza inminente para una mujer.
El sistema de denuncias será monitoreado por Carolina Barone, coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad.
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