Inconsistencias crónicas que agravan el problema

La presencia criminal con perfiles transnacionales en la Argentina se ubica a fines de los 80 y se amplía después de 1993, con la diáspora de recursos de los carteles de Medellín y migraciones criminales de países disgregados tras la caída del muro de Berlín. Consiste en el más peligroso problema que agobia al presente argentino y cierne la perspectiva de un futuro trágico, ensangrentado y violento. Solamente un irresponsable o ignorante puede disimular esta evidencia que asoma como un iceberg.

Durante décadas, en la Argentina se discutió el absurdo de si era un país de tránsito o de consumo de drogas, sin entender que el tránsito nunca es inocente, al implicar automáticamente consumo y, de inmediato, una expansión de la cadena de comercialización, incluyendo la fabricación y reexpedición a los centros de consumo (Estados Unidos, Europa).

La discusión sobre país productor o no es pueril. No plantamos coca ni marihuana (aunque esto último ya no es tan seguro), pero para producir con pasta base tenemos la más alta capacidad de precursores químicos en toda América. Esta circunstancia determina que lo peor aún no ha ocurrido: transformar a la Argentina en el mayor laboratorio mundial de drogas sintéticas o de diseño. Su característica esencial es la facilidad de encubrimiento tanto de la producción como del tráfico.

En este contexto, concurren a agravar el problema inconsistencias crónicas. Entre ellas: no se ha modificado la matriz de policía de Estado por la de protección social. La primera cuida los poderes públicos y es una herramienta de poder del gobernante. No hace prognosis del delito; ignora gravemente sobre inteligencia criminal; exhibe precaria formación y descuidadas incorporaciones; carece de autoestima por haber sido destruida durante décadas de mil formas; mal paga y peor vista por la sociedad, actúa como un ente periférico con gestión de mando en cuclillas e incapacidad manifiesta para atreverse a señalar a la gestión política errores o advertirle sobre malos caminos.

Sin embargo, nada se resolverá sin su auxilio. Su reformulación sin ideologismos basada en valores republicanos es hoy la primera demanda en la agenda pública. El país tiene expertos policiales y civiles de sobra para encarar una transición al nuevo modelo (que no se encuentra en malas copias del exterior).

Inmersos en banderas que ningún país serio sigue, hemos descontrolado los ingresos en el país y permitido que junto a la migración de dinero ilegal se establecieran fugitivos de la presión ocurrida en otros Estados.

Hemos sido, por décadas, un país carente de previsibilidad y enlaces internos que permitan una mirada y respuesta colectiva ante una amenaza criminal.

No hay corrupción policial sin connivencia política. Eso debe quedar claro en el ciudadano. Es el capítulo más delicado para ensayar un esquema que reaccione con éxito ante lo que ocurre en distintas provincias con el narcotráfico.

La Justicia directamente no está en capacidad de evaluar casos de criminalidad organizada, tanto por desconocimiento como por ausencia de infraestructura.

Además, la respuesta militar como instrumento de lucha frontal no resuelve el problema.

Como probables soluciones puede detallarse: acuerdo de la dirigencia para respaldar un programa, con independencia de quien gobierne; centralizar la acción contra el crimen organizado, entendiendo su lógica de empresa criminal que alterna módulos de negocios (drogas, trata de personas, armas, piratería, lavado, sicariato, protección mafiosa, cibercrimen, etc.); reformular una central de evaluación con analistas graduados en diversas disciplinas y de fuerzas de seguridad. Un ensayo lo hicimos en la Sedronar en 2009, que no continuó tras mi renuncia, al no poder gestionar la coordinación policial en la aplicación del plan de lucha.

Se necesita control del espacio aéreo y marítimo; reentrenar a las policías mientras comienza su rediseño doctrinario y orgánico, y fijar el centro de gravedad en desarticular las finanzas y recursos de origen criminal. Ése es el talón de Aquiles.

Este esquema, además, debe tener un control mediante comisiones bicamerales del Congreso.

El autor es comandante general (R) de Gendarmería y fue subsecretario de la Sedronar en 2009

José Ricardo Spadaro