Intimidación. “Dejá la causa de la Rosada que te vamos a matar”, la advertencia que recibió el juez Ariel Lijo en su celular

Cerca de las 14.40 del 1 de noviembre pasado, el juez federal Ariel Lijo atendió su teléfono celular. La llamada provenía de un número que no tenía agendado entre sus contactos. No llegó a comprender el nombre de pila que le dio su interlocutor, sí el apellido: Salazar. Enseguida escuchó la advertencia: “Dejá la causa de la Rosada que te vamos a matar”. El magistrado entendió rápidamente de qué hablaba el desconocido que había obtenido su móvil: el expediente donde investigaba una falsa amenaza de bomba en la Casa de Gobierno.

El autor de la amenaza de muerte a Lijo fue identificado y detenido por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA): se trata de Facundo Martínez Radaelli, de 18 años, hijo de un policía bonaerense, hermano de una oficial de la Policía de la Ciudad. Dueño de una “mente brillante” en materia de tecnología e internet, dicen quienes lo trataron tras su arresto; dueño, también, de una mente atribulada, como demuestran los hechos.

En las últimas horas, el joven fue procesado con prisión preventiva por el juez federal Julián Ercolini. El magistrado le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 20.000.000 de pesos.

Martínez Radaelli no solo fue procesado por la amenaza de muerte a Lijo: también “se encuentra acreditado que amenazó de manera anónima a Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, y a Nelson O’Brien, director de Supervisión y Control Financiero de Transporte Automotor”, por medio de mensajes de WhatsApp.

“Hola Diego, quería comentarte que soy Urabe Mikoto Salazar, de la Mafia Hentai. Nosotros fuimos los que hicimos la amenaza de bomba hoy en los tres ferrocarriles. Damos el apoyo total al gobierno de Javier Milei; yo te diría que por tu bien borres el Tweet o va a haber consecuencias peores. Guardá silencio en los medios y callate un poquito que la mafia está en el Bajo Flores y sabemos dónde están todos. Cuidado con lo que decís en los medios, no vaya a ser que nos metamos con tu familia”, fue el texto amenazante que recibió el ministro de Transporte.

Pero el sospechoso también fue procesado por los delitos de intimidación pública y entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios de transporte por las falsas amenazas de bomba que hizo entre el 13 de agosto pasado, día que se celebraron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 9 de este mes, diez días antes del balotaje.

Fueron 34 las amenazas de bomba que le adjudican al sospechoso. Entre el 13 de agosto y el 9 de noviembre pasados hubo amenazas de bomba en:

• Casa Rosada
• Congreso de la Nación
• Cámara Electoral
• Canales Crónica HD, C5N y Eltrece
• Estación Constitución del Ferrocarril General Roca (en varias oportunidades)
• Trenes del ferrocarril Belgrano Sur
• Complejo Art Media de la Capital (donde estaba instalado el búnker del partido Unión por la Patria)
• Instituto Santa Cruz
• Instituto Otero (de Llavallol, Lomas de Zamora)
• Colegio Kennedy
• Estudio de grabación de Martínez, San Isidro
• Colegio Don Bosco, de Bernal, partido de Quilmes
• Escuela Secundaria N°5, de Lanús
• Aeropuerto Internacional de Ezeiza
• Estación Once, del Ferrocarril Sarmiento
• Estación Retiro, del Ferrocarril Mitre
• Estación Temperley, de la Línea Roca
• Estación Sáenz del Ferrocarril Belgrano Sur
• Estación Plaza de Mayo, de la línea A de subtes
• Terminales de las líneas San Martín, Belgrano Norte y Mitre, en Retiro
• Esquina de la avenida 9 de Julio y Corrientes, en cercanías del Obelisco
• Estación Lemos, del ferrocarril Urquiza
• Baños del Instituto Argentino Excelsior
• Instituto River Plate.

“El hecho de que las llamadas de alerta o amenazantes fueran proferidas en perjuicio de lugares sumamente concurridos, con gran circulación de personas y medios de transporte, o afectados al normal desenvolvimiento del proceso electoral nacional –tal es el caso de las amenazas proferidas contra la Casa Rosada, la Cámara Electoral, el Congreso de la Nación y el búnker del partido Unión por la Patria–, revelan que con su realización Martínez Radaelli pretendió infundir temor público y suscitar tumultos y desórdenes, al prever el impacto que los procedimientos y alertas generadas tendrían en la población en general y en las personas particularmente afectadas por las inspecciones”, sostuvo el juez Ercolini en el auto de procesamiento, al que tuvo acceso LA NACION.

Martínez fue detenido el viernes 10 de noviembre, diez minutos después de la amenaza de muerte que recibió Giuliano, por detectives de la División Delitos Constitucionales de la Dirección General de Seguridad de Estado, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

“En los casos de las comunicaciones que entablara con el servicio de emergencias 911 para hacer alusión a la existencia y colocación de artefactos explosivos en medios y terminales de transporte, ello ocasionó el entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios y las consiguientes demoras”, explicó Ercolini.

Cuando fue indagado en los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro, Martínez Radaelli hizo uso de su derecho a no declarar. En el juzgado de Ercolini no repitió lo que les había dicho a los detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo habían detenido en su casa de Llavallol, Lomas de Zamora: “Somos de la mafia Hentai” y “Hago las amenazas cuando me despierto y veo el mundo con tanta crueldad”.

Para concretar las amenazas de bomba, el sospechoso utilizó cinco líneas de telefonía celular, cuatro de ellas pertenecientes a clientes de la firma Telecentro.

“De esta manera, se verificó que la particular maniobra empleada por el imputado consistió en la obtención de datos registrales de los titulares de esos servicios y de sus respectivas contraseñas, para emplearlos en la aplicación T-Phone y así utilizar las líneas provistas por Telecentro. Esta aplicación está diseñada para funcionar en dispositivos móviles con sistemas operativos Android o IOS (teléfonos inteligentes o tablets) y en computadoras con sistemas operativos Windows o Mac, sean computadoras de escritorio o portátiles, y permite la realización de llamados que, a diferencia de las comunicaciones de línea, trafican por redes wifi, lo que dificulta los rastreos que comúnmente se llevan a cabo respecto de las llamadas realizadas desde líneas telefónicas, dado que no trafican por antenas. Para evitar ser rastreado, además, el imputado se valió, en las fechas en que realizó las llamadas, de la red de Telecentro Wifi provista en la zona del Obelisco, y no de redes domésticas”, detalló el magistrado en la citada resolución.

En otro punto del procesamiento, el juez Ercolini explicó: “Si bien las llamadas fueron realizadas indistintamente desde cinco abonados, desde un principio la obtención de información adicional respecto de cada comunicación y la realización de los correspondientes cotejos permitió identificar que su fuente era la misma. Ello así, en un principio, a raíz de similitudes existentes a primera vista en el timbre de voz de quien se comunicara en esas ocasiones con la línea de emergencias 911, además de que el contenido de las alertas o amenazas era semejante, y que en algunos de los llamados se repetían los nombres con los cuales, quien los realizara, se había identificado en comunicaciones anteriores”.

Sobre las amenazas a su colega Lijo, el juez Ercolini sostuvo: “Se advierte que el imputado no solo procuró la obtención de su teléfono celular particular, sino que al comunicarse con él y proferirle el mensaje coactivo aludió a una investigación en concreto cuyo curso pretendía que el magistrado interrumpiera o finalizara”.

En la resolución donde procesó a Martínez Radaelli, el juez, además, les dictó la falta de mérito de otros dos sospechosos que habían sido detenidos el mismo día, acusados de haberle vendido las líneas T-Phone al imputado, con el que negaron tener cualquier vínculo.

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