La Agencia de Seguridad Vial solicitó inhabilitar a un conductor ebrio que atropelló y mató a un chico y a su abuelo
En un hecho novedoso, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se presentó ante un tribunal de Corrientes como amicus curiae en una causa por un doble homicidio culposo en un letal incidente de tránsito y solicitó inhabilitar y retenerle la licencia a un chaqueño que el 17 de enero pasado, y cuando conducía en estado de ebriedad por una calle de Paso de la Patria, atropelló y mató a un chico y a su abuelo, que vivían en Rosario y estaban de vacaciones en esa ciudad de la costa del río Paraná.
El acusado, de apellido Rodríguez, conducía una camioneta VW Amarok cuando, a las 21.40 del 17 de enero pasado, arrolló a Abel Enríquez, de 78 años, y a su nieto Nehuel, de 4, que paseaban en plan turístico por Paso de la Patria cuando encontraron la muerte, en el cruce de las calles Curuzú Cuatiá y Virgen de Itatí.
El conductor de la Amarok -oriundo de Charata, Chaco- no se detuvo a asistir a las víctimas, pero finalmente fue detenido. El test de alcoholemia al que fue sometido arrojó que tenía 1,65 gramos por litro de alcohol en sangre, más de tres veces más del máximo permitido. El acusado estuvo preso hasta el 30 de abril pasado, cuando un tribunal de alzada de Corrientes lo excarceló.
Desde el verano hasta el inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, los familiares y allegados a las víctimas se mantuvieron activos en su reclamo de justicia con diversas marchas. En las últimas horas, y tras la decisión de la Justicia de liberar al autor del doble homicidio culposo, Daniel y Nancy Enríquez, padres de Nehuel, grabaron desde su casa un mensaje de video que se viralizó, en el que criticaron la reciente excarcelación del acusado"
"Estamos muy enojados porque creemos que este asesino tiene que estar preso, porque mató a mi hijo y a mi viejo", dijo Diego Enríquez. Y Nancy Altamirano concluyó: "Nos destrozaron la vida y la Justicia no hace nada, porque lo dejó libre como si nada".
Enríquez sostuvo que, además de conducir en estado de total ebriedad, Rodríguez iba "a 150 kilómetros por hora" y se escapó "con las luces apagadas".
Iniciativa estatal
"La Agencia Nacional de Seguridad Vial es más que un organismo de control. Somos un grupo de seres humanos que trabajamos incansablemente para impedir que las rutas de nuestro país sigan cobrándose más vidas. Por eso, desde que iniciamos nuestra gestión, vimos la necesidad de ir más allá. De crear lazos de responsabilidad y compromiso con el reclamo histórico que vienen impulsando los familiares de víctimas de tránsito. De esta manera estamos dando respuestas, interviniendo y poniendo a disposición todas las herramientas que el organismo pueda dar para que la justicia llegue a todos", expresó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.
El 30 de abril pasado, la Cámara de Apelaciones de Corrientes hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de W. Rodríguez, y posibilitó que, mientras se sustancia la causa por "doble homicidio culposo agravado", permanezca en libertad hasta tanto se dicte una sentencia. En el contexto de esa resolución, la ANSV, "en calidad de amicus curiae y como máxima autoridad en materia de tránsito y seguridad vial, presentó un pedido de inhabilitación e impedimento de conducción al imputado", según informó el organismo. En el pedido se especificó que se le retendrá la Licencia Nacional de Conducir y se le impedirá la conducción de cualquier vehículo con motor, cualquiera fuese su clase.
La ANSV informó que, dada la relevancia pública del caso de Paso de la Patria, el incidente fue analizado por las diferentes áreas de la Agencia, que en consecuencia determinó presentarse como amicus curiae. "Luego de cumplir con los requerimientos del Régimen Procesal de Amigos del Tribunal que establece el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, fue aceptado como tal y participará durante el proceso correspondiente" para "ofrecer argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico" en aquellos casos donde "se encuentre comprometido el interés público o cuestiones institucionales de relevancia". El organismo comenzó a utilizar esta herramienta en enero de este año "para recomendar a los jueces acciones y poner a disposición expertos en materia de seguridad vial y normativa actualizada".
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