Gatillo fácil: piden la detención de los tres policías acusados y se conoció el resultado de la autopsia

Los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andres Heim pidieron anoche la detención de los tres policías acusados de asesinar al joven futbolista Lucas González: el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nieva. Hoy, además, se conoció el resultado preliminar de la autopsia: la víctima sufrió una “hemorragia meningoencefálica” provocada por un “proyectil de arma de fuego que impactó en el cráneo”.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Ahora, el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Del Viso tiene que decidir si hace lugar al pedido de los representantes del Ministerio Público.

También fue solicitado que el magistrado dicte el secreto de sumario en el expediente, agregaron las fuentes consultadas.

Según pudo saber LA NACION, Gómez Barbella se comunicó con la madre de la víctima, Cintia López, para darle su apoyo.

La autopsia practicada sobre el cadáver de la víctima fue hecha en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense (CMF).

Ayer, a las 17, el juez Del Viso le delegó la causa al fiscal Gómez Barbella. El funcionario le dio intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) y a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), conducida por Heim, dependencias de la Procuración General de la Nación.

A la Dovic, el fiscal Gómez Barbella le solicitó que contenga a las familias del joven asesinado y a sus tres amigos que estaban con él en el momento en que fue asesinado. Se trata de tres jóvenes de 17 años que se habían ido a probar a Barracas Central, club donde González ya jugaba en la sexta división.

En declaraciones a radio Mitre, el padre de la víctima, Mario González, dijo: “Les diría [a los policías acusados] que se pongan de mi lado. Les preguntaría cómo es que le tiraron a matar a mi hijito; que pongan los cojones para decir ‘yo fui’ y no intenten taparlo con cualquier cosa. Les pediría que admitan que ellos los mataron, por favor, así como fueron capaces de dispararle dos tiros en la cabeza”.

El abogado de los policías acusados, Alfredo Oliván, había solicitado la eximición de prisión para sus clientes. La presentación había sido hecha en un primer momento ante el juez de Menores Alejandro Cilleruelo, primer magistrado que tuvo el expediente.

El juez Cilleruelo intervino en el caso porque, en un primer momento, la versión de los ahora imputados oficiales de la Policía de la Ciudad fue que González fue baleado después de una persecución cuando intentaron identificar un automóvil sospechoso.

La víctima y sus tres amigos regresaban a Florencio Varela después de haber salido de la sede de Barracas Central. Los uniformados habían sostenido que desde el interior de un automóvil VW Surán, donde estaban cuatro jóvenes, le mostraron un arma de fuego.

Pero en realidad, los cuatro muchachos se asustaron porque pensaron que los policías, que estaban de civil y circulaban en un auto no identificable, eran ladrones querían robarles.

Ante las evidencias reunidas y después de dictar el sobreseimiento de los tres amigos de González, el magistrado Cilleruelo se declaró incompetente.

Además, Gómez Barbella y Heim pidieron que sea rechazado el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de los policías imputados.

“No escapa del análisis, que existen serios indicios que hacen sospechar de que los imputados, han tergiversado los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también de entorpecer la investigación”, explicaron los representantes del Ministerio Público al fundamentar el rechazo a la solicitud de la defensa de los imputados.

Gómez Barbella y Heim sostuvieron, además, “este riesgo [entorpecimiento de la investigación] se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no puede descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación –extremos fundamentales del cuadro probatorio que fundamentará la acusación–, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento”.

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