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La policía de la Ciudad impidió que un gran grupo de piqueteros ingresara al territorio porteño
Miles de manifestantes que marchaban hoy desde La Matanza intentaron cruzar a CABA, pero las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes
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LA NACION
La policía de la Ciudad aplicó el protocolo antipiquetes y evitó que cruzaran a territorio porteño una columna de manifestantes que venía de La Matanza.
El hecho ocurrió esta mañana, cuando un grupo de manifestantes que marchaba por la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, intentó ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, pero la acción fue frustrada por la policía porteña, que le impidió el paso. La avenida Juan Manuel de Rosas forma parte de la Ruta Nacional 3, que al llegar a General Paz tiene continuidad en la avenida Juan Bautista Alberdi, de jurisdicción porteña.
Las personas que marchaban se acercaron hasta el límite jurisdiccional, en la colectora oeste de la avenida General Paz, pero ante el cordón dispuesto por la Policía volvieron sobre sus pasos, retirándose por la misma avenida por la cual llegaron. Luego continuaron su marcha hasta una plaza cercana.
Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se expresó con orgullo sobre el operativo: “Trabajamos para garantizar la libre circulación y el orden en la Ciudad. Nuestro objetivo es que convivan el derecho a moverse con libertad por nuestras calles y avenidas y el derecho a manifestarse”.
El protocolo antipiquetes sigue vigente
La nueva normativa que fue implementada por primera vez en diciembre y fue bautizada bajo el nombre de “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, habilita a las fuerzas de seguridad federales, como el Gobierno nacional, la Gendarmería nacional o la Policía federal a intervenir ante casos de “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”.
El juzgado federal de Sebastián Casanello le había ordenado al Ministerio de Seguridad que “adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por el Sistema Constitucional” en la aplicación del Protocolo Antipiquetes. Casanello había pedido colocar límites a la conducta de las fuerzas de seguridad que solo podían actuar bajo supervisión judicial.
La causa fue iniciada el 18 de diciembre de 2023 por la legisladora porteña Fierro, que presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y pidió, como medida cautelar urgente, que se suspendiera el protocolo. Casanello no accedió a disponer esa suspensión y, siguiendo el trámite que prevé la ley para un “habeas corpus preventivo” (se le dio este encuadre a la causa ante el peligro invocado de detenciones arbitrarias), citó a las partes.
El caso se radicó originalmente en la secretaría electoral del juzgado de María Servini, la demanda alegó que el protocolo afecta derechos políticos, pero Servini lo envió al fuero contencioso administrativo. De allí pasó a la justicia penal ordinaria y luego, a la federal, donde Casanello recibió el caso. Ahora, el camarista Eduardo Farah dispuso que vuelva a la justicia ordinaria.
Conocido el fallo, la ministra expresó en su cuenta de X: “El protocolo del orden gana en la Justicia”. Y sentenció: “Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó. ¡El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público está absolutamente vigente!”.
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