La Policía Federal devolvió 1500 chalecos antibalas

La Policía Federal devolvió en las últimas horas cerca de 1500 chalecos antibalas que presentaban serias deficiencias de protección y que podían causar serios traumatismos o incluso poner en riesgo la vida de sus agentes, confirmaron fuentes de esa fuerza a LA NACION, que en su edición de anteayer había revelado esos problemas.

La fuerza adoptó esa decisión tras recibir los resultados del tercer peritaje balístico que el Laboratorio de Armamentos de la Escuela Técnica del Ejército completó, con pésimos resultados, sobre cuatro de esos chalecos, a pesar de los intereses del Ministerio de Seguridad, que conducen Nilda Garré y Sergio Berni.

El costo para el Estado por esos 1500 chalecos fallidos asciende al menos a $ 3 millones, tras una operatoria que incluyó la importación del insumo básico para su confección como "material bélico secreto" gracias al aporte del Ministerio de Industria, para así reducir los controles aduaneros y evitar impuestos.

Ahora, con los chalecos otra vez en poder de la Sastrería Militar, se intentará un nuevo peritaje, el cuarto. Los primeros dos peritajes, en agosto y septiembre, arrojaron traumas balísticos –el impacto del proyectil sobre el chaleco– excesivos. También expusieron problemas en su confección, al incluirse insertos removibles prohibidos por las normas vigentes y telas no cotejadas al ser testeado el prototipo, según informó LA NACION en sus últimas dos ediciones.

Trauma excesivo

El tercer y definitivo peritaje resultó incluso peor que los dos primeros. Arrojó un trauma balístico de 44,4 milímetros, según confirmaron ayer fuentes al tanto de los resultados. Quedó así por encima del límite de 25 mm trazado por las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) para las compras de chalecos en las últimas dos licitaciones (la 31

06 y 43/08) y del máximo fijado por el Registro Nacional de Armas (Renar), con 44 milímetros.

Filmado y con al menos un emisario de la Policía Federal presente durante la tercera prueba, el Laboratorio de Armamentos determinó entonces que los chalecos resultaban "no aptos" para su utilización por los agentes, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Seguridad durante los últimos seis meses para colocarlos en la fuerza.

Los chalecos retornaron así a las instalaciones de la Sastrería Militar, que los fabricó junto con cooperativas coordinadas desde el Ministerio de Desarrollo Social, que lidera Alicia Kirchner. Ahora deberán evaluar si se consigue de algún modo mejorar sus niveles de protección balística.

Con el material de la firma estadounidense Dyneema ya en el país, los ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad colaboraron con la Sastrería Militar para la fabricación de los chalecos, que registraron problemas desde sus primeros pasos, como reveló LA NACION anteayer.

En julio, el secretario de Economía Social, Carlos Cipolla, que depende de Alicia Kirchner, consultó al Renar los pasos a seguir por la adopción de los "insertos removibles" y nuevas telas en los chalecos que fabricaba la Sastrería Militar junto con las cooperativas, según consta en el trámite 007-2012-0001032-000.

Al tanto de los posibles problemas de protección balística, sus impulsores buscaron sortear las mayores exigencias de la norma vigente del Renar desde 2011, conocida como MA.01-A1. Apelaron para eso al prototipo de un chaleco JAF3 aprobado en 2005 según la norma más laxa del Renar de 2001, la MA.01.

Sin embargo, los resultados de los primeros dos peritajes balísticos, según tres expertos y un ex alto funcionario del Renar consultados por LA NACION, vedaban la distribución de los chalecos entre los policías. Uno de ellos fue aún más contundente: "Es doblemente criminal".

Con esos antecedentes, el tercer peritaje se completó el jueves pasado sobre cuatro chalecos. Los aportó la policía entre los que había recibido de la Sastrería Militar para verificar su calidad. Y los resultados fueron contundentes: "El trauma verificado era superior al permitido", detalló uno de los informantes. "Por eso –añadió– se los dictaminó «no aptos»."

LA NACION contactó al Ministerio de Seguridad el viernes y ayer, pero sus voceros no respondieron las llamadas ni los correos electrónicos enviados.