Las piezas sacrificiales de la impunidad

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuaremos con la letanía de los derechos humanos, otorgando garantías a los victimarios y desprotegiendo a las víctimas y a la sociedad toda?

Sumidos en la indignación y en la impotencia, en el peor de los casos nos interrogamos cómo no legitimar la ilegítima justicia por mano propia. Y en el mejor, cómo reinstaurar la credibilidad de una justicia penal que libera a quien debería ser confinado de por vida, y que no lo es porque nuestros operadores jurídicos parten de la premisa de que la ejecución de las penas "resulta incompatible con la ideología de los derechos humanos", al decir de Eugenio Zaffaroni en En busca de las penas perdidas.

El autor de la violación y muerte de Lucila Yaconis , ejecutada diez años atrás, nunca fue hallado. Y cuando se captura a un violador, una interpretación perversa de las normas proporciona las herramientas teóricas para liberar a quien jamás debería ser liberado. Y cuando se denuncia el accionar judicial, una defensa corporativista obstaculiza todo intento de enjuiciar a magistrados cómplices.

Ese derrotero sufrió la denuncia del juez Axel López, quien en 2009 le concedió el beneficio de salidas transitorias a un detenido que luego violó y asesinó a Soledad Bargna . Por este hecho, la familia de la víctima impulsó un juicio político que fue desestimado.

En julio de 2012, el mismo juez le otorgó el beneficio de la libertad condicional a un detenido por cuatro violaciones, y 25 días después violó y asesinó a Tatiana Kolodziez. "Beneficio" que, pese a ser optativo, suele ser concedido por algunos jueces con prodigalidad asesina.

Mientras tanto, la creación de un Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual duerme en un cajón porque creen que pondrá en peligro "los derechos humanos de los violadores" y los terminará estigmatizando.

Partiendo de esas premisas, ese proyecto es inaceptable, en cuanto declara explícitamente que el registro se confeccionará "respetando los derechos existenciales [sic] del condenado". Y si bien se establece la identificación del autor de un delito sexual mediante un registro de ADN, la información incluida en el registro será reservada y sólo podrá ser requerida por los jueces, fiscales y tribunales que intervengan en causas por delitos contra la integridad sexual.

En otros países, cualquier vecino puede consultar libremente el registro de individuos con antecedentes de delitos contra la integridad sexual. Y en el estado de Luisiana, hasta se autoriza la fijación de etiquetas en las lunetas de los autos para identificar a un pedófilo.

O rechazamos toda presunta "práctica lesiva" de la dignidad humana, embanderados en el principio falaz de que las penas no deben ser inhumanas o infamantes, o aceptamos la adopción de medidas que impidan las aberraciones legitimadas por operadores judiciales que liberan a los violadores, por nuestros legisladores que cajonearon un proyecto que nació fallido y por un Poder Ejecutivo sin voluntad política de erradicar el garantismo penal que está destruyendo el entramado social.

¿Quiénes se harán cargo de estas violaciones y muertes salvajes que podrían haberse evitado con una política criminológica lúcidamente saneada? ¿Podremos alguna vez llevar a juicio a los responsables de esta "masacre por goteo"? ¿Podremos alguna vez sentar en el banquillo a nuestros gobernantes y jueces hermanados con los ejecutores de los tiempos oscuros? Esa voz es la ausente en la Argentina que nos duele, donde se exalta la memoria del pasado pero se silencia, obscenamente, la memoria del presente.

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