Lavado fitness: pidieron imputar a cuatro empresas detrás de la inversión de dinero “sucio” en gimnasios

Tras el procesamiento de cinco sospechosos, el Ministerio Público Fiscal pidió la imputación de las personas jurídicas que “conforman el entramado corporativo instrumental utilizado para las maniobras de lavado de activos”. Se trata de las empresas detrás de la cadena de gimnasios Exen, con sedes en Chaco, Corrientes y Paraguay, e investigadas por la Justicia por su rol en el supuesto negocio ilícito.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “La maniobra [de lavado de activos] se materializó por la inversión y el despliegue de una cadena de gimnasios de categoría premium que funcionaron bajo las razones sociales precedentemente mencionadas [Exengym, Exen Academy, Rana y Pampafitness], con una vasta dispersión territorial, abarcando múltiples sucursales en la ciudad de Resistencia, el interior de la provincia del Chaco y la ciudad de Corrientes, circunstancias que, por su complejidad logística, extensión geográfica y gran inversión económica, evidencian la envergadura de la organización investigada pergeñado a través del entramado societario”, sostuvo el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, en un dictamen presentado ante la jueza federal Zunilda Niremperger, al que tuvo acceso LA NACION.

El viernes pasado, la magistrada había procesado con prisión preventiva a Federico y Sergio Clinis Canal, su madre, María Graciela Canal (que quedó con arresto domiciliario), Mauro Lugo Heim y Jorge Vargas. Y trabó un embargo sobre los bienes de los sospechosos hasta cubrir la suma de 5820 millones de pesos.

“La reconstrucción financiera y el cotejo de los datos objetivos recabados, permitieron concluir que la maniobra desplegada por los encartados por medio de las personas jurídicas no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito. En efecto, resulta económicamente inviable para un negocio de tales características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado (entre febrero de 2025 y julio pasado), lo que denotó una disponibilidad inmediata y constante de liquidez que no proviene del flujo de caja propia del giro comercial, encontrándose condicionado por la maduración lógica de cualquier inversión inicial”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal en el citado dictamen.

Según consta en el expediente judicial, los inventarios y valuaciones hechos por especialistas determinaron que en los siete gimnasios que quedaron bajo investigación había maquinarias y equipos deportivos valuados en US$1.877.888.

“Dicho importe se limita exclusivamente a los bienes de uso destinados a la actividad deportiva y, por ende, no comprende alquileres, obras, refacciones, acondicionamientos edilicios, instalaciones eléctricas, climatización, iluminación, tecnología, mobiliario, decoración ni las restantes inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento de cada establecimiento”, se explicó en la resolución firmada por la jueza Niremperger al procesar a los imputados.

De la investigación participó personal del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco. A principios de agosto, la magistrada ordenó una serie de allanamientos en los gimnasios Exen de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en Chaco, y en el Hotel Guaraní, en Corrientes, donde se abrió una sede el 27 de julio pasado.

En los procedimientos, en los que participaron 200 uniformados de la Gendarmería Nacional, se incautaron máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles. También hubo allanamientos en domicilios particulares, concesionarias de autos, escribanías y estudios contables vinculados con los sospechosos.

En su último dictamen, el fiscal Sabadini explicó: “Sin perjuicio la información recabada con posterioridad, de las cuales surgen ciertas fuentes de financiación bancaria y de proveedores, la misma no alcanza a explicar la magnitud del proceso de adquisición de bienes, acondicionamiento, puesta en funcionamiento y la gran expansión comercial de dichos establecimientos. En igual sentido se ha expedido la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por medio de los informes elevados respecto de las fiscalizaciones efectuadas a las personas jurídicas aquí imputadas, concluyendo inicialmente que los movimientos reflejados en cuentas bancarias, desembarco de marca, establecimiento de sucursales y adquisiciones de bienes de uso no se encontrarían en concordancia con el capital social y al crecimiento obtenido, ya que pudo observarse que, las sociedades en cuanto al origen de fondos para las inversiones realizadas, solo una parte corresponde a financiación de terceros, y la misma no resultaría suficiente en relación a la puesta en marcha de los establecimientos de gran envergadura y presencia”.

En su momento, el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, informó que, en cuanto al posible origen del dinero, en la imputación, la fiscalía les atribuyó a los acusados “haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.

La jueza Niremperger, además, explicó en su resolución: “Conforme fuera sostenido en el requerimiento [del fiscal], la rapidez con que se habrían sucedido las aperturas [de los gimnasios], la uniformidad y calidad de las instalaciones, las mejoras edilicias efectuadas y la considerable cantidad de maquinaria y equipamiento incorporado evidenciarían una disponibilidad de recursos que, prima facie, no encontraría correlato suficiente en los capitales sociales, ingresos y perfiles fiscales declarados”.

Por Gabriel Di Nicola

• Lavado de dinero

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