Narco vigilado: para frenar sus negocios en la cárcel, lo controlarán como a mafiosos italianos

A fines de junio pasado, la Gendarmería Nacional secuestró en la ruta Panamericana, a la altura de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, casi ocho kilos de cocaína ocultos en una rueda de una excavadora que, se supone, tenían como destino Bélgica. Además, en una casa de Pilar se decomisaron 17,5 kilos de marihuana. Detrás de los estupefacientes, según la Justicia, estaba Roberto Verón Aguinagalde, un interno de una cárcel de Entre Ríos que, desde la prisión, seguía al mando del negocio narco. Ahora, el recluso será controlado con medidas de encierro similares a las que se utilizan en Italia para los acusados de ser parte de las organizaciones mafiosas.

Así lo graficaron a LA NACION fuentes judiciales. En una resolución firmada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se ordenaron las siguientes medidas de seguridad para controlar a Verón Aguinagalde, de nacionalidad paraguaya:

• “Cada 15 días se deberá hacer una requisa en su lugar de alojamiento al efecto de constatar que el mismo no posea ningún dispositivo de comunicación móvil que le permita su comunicación con el exterior”.
• “Sus visitas serán restringidas al efecto de que no pueda entrevistarse con personas que no resulten estrictamente de su vínculo familiar o su defensa”.
• “Deberá ser asignado en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, en donde pueda controlarse que no tenga contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico o al crimen organizado”.

El sospechoso está alojado, a disposición del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de San Martín, en la Unidad Penal N° 2 General Francisco Ramírez dependiente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. La prisión está situada en la ciudad de Gualeguaychú.

LA NACION había dado cuenta del operativo en la ruta Panamericana. Se trató de una investigación que en un primer momento estuvo a cargo de la fiscal del fuero penal juvenil de Pilar Paula Romeo que había comenzado en 2020 con la detención de delincuentes que se dedicaban al narcomenudeo.

Ese grupo de vendedores minoristas utilizaba a menores como sistemas de alerta en los alrededores de los quioscos de drogas. Esos adolescentes tenían la tarea de dar aviso sobre los movimientos sospechosos en la zona para que se pudiesen cambiar de lugar los estupefacientes en caso de observarse la vigilancia policial. Pero fueron detectados los jóvenes vigías y se realizó entonces un trabajo especial sobre esa organización criminal por el reclutamiento de menores. Y desde el expediente que investigaba el circuito de mando que establecía las misiones de los adolescentes se llegó hacia los escalones superiores de la logística narco.

Los detectives del caso, a partir de escuchas telefónicas, tenían el dato preciso de que la banda, liderada por un recluso alojado en un penal de Entre Ríos, iba a recibir una encomienda de estupefacientes desde el norte del país. Fue así que el 29 de junio pasado se hizo el operativo en la ruta Panamericana y una casa del barrio La Lomita de Pilar, procedimientos a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales y Delitos Complejos Campo de Mayo y Campana de la Gendarmería Nacional.

Según la investigación y las escuchas telefónicas, el ciudadano preso en Entre Ríos le había dado órdenes a su hijo para que ocultara la marihuana que finalmente fue secuestrada y a su esposa y su sobrino para que fueran a buscar una encomienda (donde estaba oculta la cocaína) a las oficinas de un correo privado.

“Los fines resocializadores [SIC] de prevención especial positiva que imprime el aseguramiento por detención que se le había impuesto a Verón Aguinagalde en nada fueron incorporados por él, toda vez que a la luz de las probanzas colectadas no solo continuó incurso en actividades criminosas, sino que las mismas ascendieron a una complejidad organizacional que el propio Verón Aguinagalde digitaba desde su lugar de alojamiento. Todo ello justifica la imposición, en aras a la defensa social requerida ante este tipo de delitos que afectan al conjunto de la sociedad, de ciertas medidas que posibiliten el aseguramiento de ese encierro como así también para que su realización torne viable su finalidad en cuanto a su concreta resocialización”, sostuvo el juez González Charvay al fundamentar su decisión sobre las medidas de control ordenadas.