Rosario: crímenes narco en ascenso y cada vez más cruentos

ROSARIO. La epidemia que golpea a Rosario desde hace ocho años es la violencia que supura del narcotráfico. Ni el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia logró disminuir los homicidios en 2020. Se cometieron 214 asesinatos en Rosario, según los registros oficiales, en su mayoría protagonizados por sicarios, que usan los ataques a balazos para redefinir los territorios que gobiernan bandas atomizadas, varias de las cuales tributan con cierta independencia a Los Monos.

En 2020 los homicidios se incrementaron un 22% con respecto a 2019, año que cerró con 168 asesinatos durante el final de la gestión del Frente Progresista, en cuyo gobierno empezó a crecer de manera vertiginosa la curva de crímenes a partir de 2013, cuando se cometieron 264, con una tasa que llegó a 22 homicidios cada 100.000 habitantes, más del cuádruple que la media nacional.

Después de las tres gestiones del Frente Progresista, alianza entre radicales y socialistas, cuando el problema empezó a rugir antes de explotar, nadie en ese espacio tenía a mano una receta exitosa para atacarlo. Quizá por ese motivo la cuestión de la seguridad perdió espacio en la agenda política, aunque sigue siendo la principal demanda de los santafesinos, según muestra una encuesta de Innova de noviembre pasado, que sitúa a la inseguridad como la principal preocupación para el 36% de los encuestados.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, responsabiliza a las anteriores gestiones por haber dejado que el problema de la narcocriminalidad explotara, con una policía cada vez más deteriorada y en permanente complicidad con el delito.

El año pasado Saín promovió tres leyes de seguridad para ordenar un sistema "obsoleto e ineficiente", pero ni el propio gobierno del peronista Omar Perotti insistió demasiado con que ese paquete se aprobara, tras las tensiones internas que aparecieron con la causa de juego clandestino. En Santa Fe no prosperó la reforma de fondo de las fuerzas de seguridad que planteó el ministro, pero tampoco aparecieron resultados con la reorganización operativa de la policía.

Ahora se van a poner en marcha los llamados Centros de Operaciones Policiales (COP), con los que la actual gestión apuntará a desarrollar estrategias preventivas de seguridad en las principales ciudades. En octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la instalación de una sede permanente de esa cartera en Rosario para mejorar la coordinación con las fuerzas provinciales.

Mayor brutalidad

Más allá del incremento de los crímenes el año que acaba de concluir -la cifra más alta en los últimos cinco años-, quedaron al descubierto métodos cada vez más cruentos, como ocurrió el 23 de diciembre pasado con el hallazgo de dos cadáveres descuartizados dentro de sendos contenedores de residuos y en el arroyo Saladillo.

Los restos pertenecían a Jorge Giménez y Víctor Baralis. Según la investigación judicial, sus asesinatos habrían sido ordenados desde la cárcel de Piñero por Brandon Bay, un narco que lidera una pequeña organización muy violenta que era subsidiaria de Los Monos.

En un audio que se reprodujo en una audiencia del juicio en su contra, el 22 de diciembre, Bay hablaba de "cortar en pedacitos con una motosierra" a los que quería que "se vayan del barrio".

Carlos Del Frade, diputado provincial, opinó que este nuevo escalón en el uso de la violencia en Rosario podría tener la influencia de carteles mexicanos, que a través de las redes sociales, "logran meter muchísimo pánico en la sociedad".

La lupa siempre está puesta en la influencia que tiene sobre otras organizaciones criminales Ariel Cantero, alias Guille, líder de Los Monos, que en 2021 sumará la octava condena, cuando actualmente carga sobre sus espaldas en el penal de Marcos Paz sentencias por las que suma 62 años de prisión.

Esta banda amplió su radio de acción más allá del narcotráfico, con operaciones redituables a nivel económico, con son las extorsiones, cuyos blancos son sindicatos, como ocurrió el año pasado con los gremios de los Peones de Taxis y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), entre otros. También quedaron absorbidos por la influencia de las balas empresarios oscuros, que se mueven en la sombra del delito, como Leonardo Peiti, quien manejaba el juego clandestino en el sur de Santa Fe.

Nexos con la Justicia y la política

El gobernador Perotti puso bajo la lupa en su discurso inicial que había que trazar una línea para "cortar las complicidades con el delito". Nadie podía imaginar ese 11 de diciembre de 2019 que el principal engranaje de esas relaciones estrechas con el delito iba a estar dentro del propio peronismo y en una causa de juego clandestino, que comenzó a partir de la investigación del crimen del gerente del Banco Nación de Las Parejas Enrico Encino en enero pasado en el Casino City Center, donde Los Monos fueron a atacar a balazos.

La matriz del juego clandestino, un delito benigno comparado con el narcotráfico, se puso bajo la lupa y aparecieron las complicidades dentro de la justicia, luego de que el "capitalista de juego ilegal" Peiti se presentara como arrepentido y declarara que le pagaba coimas al jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal y a su mano derecha Gustavo Ponce Asahad, quienes terminaron presos.

Apareció luego el eslabón político, con el senador Armando Traferri, acusado de ser el nexo entre el capitalista de juego clandestino y los fiscales, pero la acusación de los investigadores Matías Edery y Luis Schiappa Pietra no logró sortear la cápsula del Senado, donde peronistas y radicales no dejaron que prosperara el desafuero del senador por San Lorenzo.

Desde 2013 se escribieron varios capítulos donde las sospechas de la protección política solo quedaron en elucubraciones periodísticas, porque nadie en la Justicia investigó qué pasó con casos emblemáticos, como el crimen de Luis Medina, el atentado contra el exgobernador Antonio Bonfatti y la supuesta protección a Luis Paz, entre decenas de hechos turbios. No encontrar nunca culpables, como pasó en Santa Fe en la última década, fue parte de este juego peligroso.

Sicarios y "cuevas"

"¿Dónde está la plata?", repitió el sicario con insistencia, mientras apuntaba a Marcelo Medrano, alias Coto, narco y barra de Newell’s. Unos días después del crimen empezó a aparecer en esta trama el esquema de negocios de Medrano, que había ido unas horas antes de que lo mataran a una financiera Cofyrco, en el centro de Rosario, a comprar 17.000 dólares. Se sospecha que adquirió más de 130.000 en los últimos meses.

En esa cueva financiera se secuestraron 41.000 dólares, 33.000 euros, 81.000 reales, 3000 libras, 5.000.000 de pesos y más de 175 DNI de personas, en su mayoría de Rosario, que usaban sus nombres en la agencia para comprar dólar ahorro (legal) y después venderlo a precio del blue (ilegal).

El crimen de Medrano y otras causas vinculadas a Los Monos por extorsiones llevaron a los investigadores a las cuevas del centro de Rosario, donde se cambia, se invierte y se lava el dinero de la droga, un hilo que hasta ahora nunca se había profundizado.

El caso Oldani en Santa Fe despertó certezas similares: que las financieras son un eslabón sólido donde va a parar el dinero oscuro del narcotráfico, pero también de la política, de los gremios y del lado B de la economía formal.

En otra causa que apareció de manera visible la relación entre el narcotráfico y el universo de las finanzas fue una investigación que llevó adelante el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, que tejió la relación que existía entre la narcoavioneta que tuvo un mal aterrizaje en San Justo el 22 de febrero pasado, cargada de cocaína que después desapareció, y una fábrica de facturas truchas a través de una red de personas que generaban Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS).

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