Tres detenidos. Contenido erótico en la web, una oscura trampa de la que fueron rescatadas 21 mujeres argentinas
Fueron procesados con prisión preventiva los presuntos responsables de engañar a víctimas de entre 19 y 30 años para explotarlas sexualmente
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Prometían una carrera de modelaje y se aprovechan de la fragilidad económica de las víctimas para convencerlas de grabar contenido erótico a cambio de una remuneración en dólares. Pero incluso esa propuesta era un engaño. Las mujeres que caían en esa red instalada en San Juan ya no tenían en un momento la posibilidad de retirarse. Eran explotadas sexualmente para transmisiones en vivo que generaban un diario ingreso de dólares para los responsables de ese deshonesto emprendimiento denominado “Belle Argentina”, mientras que las chicas que debían cumplir las órdenes de “clientes” frente a una webcam recibían una magra compensación en pesos, insuficiente para alejarse de la trampa en la que habían caído. Tres hombres, entre ellos un abogado, fueron procesados por el delito de trata de personas.
Así lo decidió el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, que imputó con prisión preventiva a los tres acusados, en una causa en la que fueron rescatadas 21 mujeres en situación de vulnerabilidad, que se inició con una denuncia en 2022 y que tomó impulso con la presentación realizada por una mujer a la que el grupo había intentado reclutar. Se apeló incluso a la figura del agente revelador para que personal de la Gendarmería pudiese infiltrarse y establecer los roles de cada sospechoso.
Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal de noticias, “la resolución fue dictada en línea con el pedido realizado por el fiscal general Francisco Maldonado, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano”.
“La vulnerabilidad de base que presentaban las víctimas habría sido la llave que permitió́ que soportaran -durante un tiempo determinado- el maltrato y las condiciones de trabajo que resultaron ser muy diferentes a las prometidas. Ello derivó en jornadas extenuantes, obligándolas a realizar pornografía digital contra su voluntad o con violencia psicológica de por medio y manteniéndolas en una estructura de explotación mediante mecanismos de retención como deudas a través de material de inicio o kit sexual de inicio, multas y gastos varios derivados de su trabajo que les descontaban (kiosco y manicura), por lo que terminaban no pagándoles lo que habían acordado originalmente, en un círculo vicioso difícil de escapar, aunque contaran con libertad de locomoción y con la posibilidad de irse del trabajo”, explicó el juez al dictar los procesamientos.
De acuerdo con los investigadores, esa organización delictiva realizaba la captación de víctimas mediante ofertas laborales engañosas publicadas en redes sociales, en las cuales se mencionaba la búsqueda de talentos para todas aquellas mujeres que quisieran dar “un giro en su vida”. Quienes aplicaban para esa oferta eran entrevistadas por los principales imputados y en ese momento tomaban conocimiento que el ofrecimiento estaba vinculado a realizar streamings eróticos para usuarios de diferentes países del mundo a cambio de quedarse con el 50% del dinero producido -en dólares- en esas transmisiones. Todo era un ardid.
A medida que las víctimas empezaban a generar esos contenidos eróticos, los ahora imputados las retenían a través de un sistema de deudas que estaba diseñado para no tener un final. Primero se cobraba a las mujeres por el material que usaban en las transmisiones -conectadas a páginas pornográficas radicadas en el exterior- y, dado la extrema situación económica de esas mujeres, se les brindaba un alojamiento colectivo en dos departamentos, cuya renta debían pagar mediante contactos sexuales fuera del mundo digital.
La pesquisa determinó que los “clientes” de los servicios de webcam abonaban en criptomonedas, en un promedio de 200 dólares. El negocio para los organizadores era importante y el calvario de las víctimas no se reflejaba en la cámara. En los allanamientos efectuados por la Gendarmería el 3 de julio pasado se obtuvieron registros que las mujeres eran sancionadas con multas “por horas incumplidas, licencia médica, cansancio y llegadas tarde”. Ese esquema formaba parte del proceso de esclavitud en el que se sumergía a las víctimas, de entre 19 y 30 años.
El Ministerio Público Fiscal indicó en su página www.fiscales.gob.ar que all dictar los procesamientos, el juez consideró que las mujeres “eran cosificadas y ultrajadas” en forma constante. Especificó que las acciones podían resultar más agresivas cuando un cliente pagaba por una “sala privada”, que abonaba en dólares y por minuto.
Hizo hincapié el magistrado sanjuanino en que los términos “sexo virtual” o “streaming erótico” son eufemismos para la “oferta de servicios sexuales ajenos, cuyo único propósito era la obtención de ganancias económicas producto del material producido por las víctimas”.
En línea con lo indicado por el Ministerio Público Fiscal, el juez añadió que términos como “monitores”, para quien dirige y controla los comportamientos frente a la cámara; de “socios” o “dueños”, para quienes obtienen el rédito económico de la explotación; o de “modelaje”, para referirse a la oferta de de sexo virtual para terceras personas, busca otorgarle a la explotación sexual de la prostitución ajena “una apariencia de sofisticación, y por lo tanto de pertenencia y exclusividad para las víctimas, que no era otra cosa que una forma de engaño para sostener su explotación”.
Para las víctimas, todo era un círculo del que no podían salir. Los informes de los organismos de asistencia a las víctimas revelaron “una situación de vulnerabilidad psicosocial, emocional y económica marcada por las escasas o nulas redes de contención, falta de oportunidades laborales y de recursos económicos que les facilitara un ingreso estable y les permitiera progresar en la vida de una forma integral”.
En su resolución, el juez Rago Gallo detalló que “la captación se producía mediante engaño consistente en una promesa laboral falsa a cambio del ofrecimiento de grandes rendimientos económicos en dólares, propuesta inicial que no habría sido cumplida por los encausados”.
En los argumentos de la acusación, el magistrado tuvo en cuenta el testimonio de integrantes del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata -que entrevistaron a las víctimas-, quienes refirieron que “a pesar de que las páginas facturaban en moneda extranjera -dólares o euros-, a las mujeres les pagaban en pesos” y que “según el relato de una de ellas, los jefes tomaban el tipo cambio de los días viernes para hacer la conversión, pero era una situación que prestaba a confusiones y diferencias en la liquidación”, por lo que “podría pensarse así́ en la posibilidad de un acomodo del cambio en beneficio de los jefes y en detrimento de las mujeres”.
Como se consignó, 21 mujeres fueron liberadas de ese sistema que las retenía a base de deudas para su explotación sexual y los tres presuntos responsables fueron imputados con prisión preventiva.
En la investigación se sigue, además, la pista de una posible conexión entre ese grupo delictivo y una red con base en Colombia.
LA NACIONTemas
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