Un cambio necesario frente a la mutación del negocio de las drogas

El narcotráfico cambió en los últimos años en la Argentina. Se arraigó en los barrios, abrió el mercado interno, se hizo fuerte apoyado en sicarios, se volvió muerte por violencia más que por consumo.

Las redes transnacionales siguen ahí, igual que antes. Los carteles de la droga sostienen la ruta argentina de cocaína al mundo. Mexicanos, colombianos, españoles, rusos, chinos... puede ponerse cualquier nacionalidad y encontrar alguna red con operaciones de ingreso, transporte y exportación con base en la Argentina. En eso no hay modificaciones desde hace años. Pero la organización que quebró la situación local no es el cartel, sino el clan, la familia narco.

Ese sistema de estructura local se copió más de Bolivia que de Colombia y México. Núcleos sanguíneos con círculos de amistades barriales conforman las bandas locales. Por eso no se expanden fuera de su área de influencia, que en el mayor de los casos abarca parte importante de una ciudad, sin trascender sus límites. Conviven con las redes transnacionales, pero tienen sus propias reglas. El riesgo del nuevo escenario es el paso de los clanes barriales al cartel consolidado en todo el territorio argentino.

La Iglesia y la Corte Suprema de Justicia, a partir del pedido de los jueces del Norte, alertaron en octubre pasado sobre la mutación del problema narco. Esas instituciones intuyeron que pasa algo diferente. Los especialistas en combate contra el narcotráfico no fueron sorprendidos por esas advertencias. Sin embargo, las voces de esas organizaciones sirvieron para que el poder político entendiera la urgencia de un cambio de estrategia.

El armado de una estructura de coordinación de lucha contra las drogas en el Ministerio de Seguridad es parte de esa idea general sobre la necesidad de plantear otra forma de trabajo. Lograr de una vez por todas la real coordinación de las fuerzas de seguridad es una de las variantes ahora buscadas. Si se consigue, afirman, sería un primer paso notable.

La responsabilidad fue delegada en un joven abogado, Nicolás Dapena Fernández, con perfil técnico que arranca con algunas ventajas. No deberá aprender sobre vuelos ilegales, ya que hace pocos años era cotidiana su visita al centro de vigilancia aeroespacial de Merlo, base de la información de los radares -pocos, por supuesto- desplegados en el Norte. Tampoco le resulta desconocida la desfederalización de la lucha contra las drogas, pues participó del análisis de la ley en 2005. Tiene buena relación con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien lo convocó a su equipo, y trabajó en Defensa con el actual jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Germán Montenegro.