Piden que el Chicho Serna y la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria vayan a juicio por narcolavado
LA NACION
La definición fue contundente: se los señaló como miembros de una "compleja agrupación criminal para la administración y circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas". ¿Los señalados?: María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos, la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, el mítico Patrón del Mal, el ídolo de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna, el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet y el capo narco colombiano José Piedrahita Ceballos, entre otros. Tal afirmación fue hecha por la Unidad de Información Financiera (UIF) en una presentación en la que solicitó que vayan a juicio oral y público por el delito de lavado de activos.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por el organismo presidido por Mariano Federici ante el juez federal de Morón Néstor Barral, que está a cargo de la investigación.
"Se ha logrado acreditar que Piedrahita Ceballos ha conformado una asociación criminal que ha perpetrado una serie de actos tendientes a la inserción de dinero ilícito proveniente del narcotráfico en el mercado legal, por medio de la utilización de emprendimientos inmobiliarios, empresas pantalla, transferencias bancarias, así como también la compra y venta de paquetes de acciones en nombre propio y a través de sus consortes de causa", se afirmó en el escrito presentado por la UIF (que en el expediente es parte querellante), según informaron a LA NACIÓN fuentes judiciales.
En el requerimiento firmado por María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la UIF, se afirmó: "Los elementos reunidos permiten a esta parte querellante considerar que corresponde la elevación a juicio de los presentes actuados respecto de Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta, María Gabriela Sánchez, Antonio Pedro Ruiz, Esteban Delrío, Santos Caballero, Marroquín Santos, Serna y Piedrahita Ceballos por ser miembros de una compleja agrupación criminal conformada para la administración y circulación de activos provenientes de actividades ilícitas".
Las defensas de Santos Caballero, Marroquín Santos y Corvo Dolcet, procesados por Barral (resolución confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín) afirman que desconocían el pasado narco de Piedrahita Ceballos. Explicaron que siempre pensaron que era un próspero empresario ganadero colombiano.
Pero, a mediados de junio pasado, un narco arrepentido puso aquellas afirmaciones defensistas en duda. Ante el juez Barral, el fiscal federal de Morón Sebastián Basso y el jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, aquel "imputado colaborador" contó otra historia.
"Piedrahita Ceballos y Santos Caballero habían estado en una de las tantas reuniones en que se negoció el proceso de paz con la viuda de Pablo Escobar Gaviria tras la muerte del Patrón del Mal, en las que participaron los jefes del Cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; Francisco Herrera, conocido como Pacho; José Santacruz, llamado Chepe, y Efraín Hernández", sostuvo el arrepentido.
Y agregó: "El mundo del narcotráfico era muy pequeño y todos se conocían entre sí. Santos Caballero y su hijo estaban al tanto de la relación de Piedrahita Ceballos con el cartel de Cali debido a que la hermana de la viuda de Escobar Gaviria trabaja junto a él".
Sobre Serna, el arrepentido afirmó que el excampeón intercontinental con Boca Juniors fue testaferro de Carlos María Aguilar, conocido como Rogelio. Se trata de un exjefe de la Oficina de Envigado (creada por Escobar Gaviria).
"Desde la Oficina de Envigado se manejaban las cuentas del cobro del narcotráfico. La creó Pablo Escobar Gaviria y luego [de su muerte, el 2 de diciembre de 1993] siguió", dijo el imputado colaborador.
Según los fiscales Basso, Iglesias y Mario Villar, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Piedrahita Ceballos puso en el sistema financiero argentino 186.000 dólares en una transferencia directa a Corvo Dolcet que se efectuó el 20 de junio de 2008 y por la que recibió, en contraprestación, el 14,75% de las acciones de la sociedad Anexo Chile SA.
También, según el dictamen de los fiscales, el presunto narco puso en el sistema financiero argentino 1.800.000 dólares al entregarle a Corvo Dolcet dos inmuebles que previamente le había dado Serna por un monto ficticio de US$ 930.000. Las operaciones y las inyecciones de fondos para los proyectos inmobiliarios del abogado y empresario argentino, según la Justicia, continuaron en más ocasiones.
Sobre el abogado y empresario argentino Corvo Dolcet, el narco arrepentido coincidió con la interpretación de los representantes del Ministerio Público en cuanto a que conocía o sospechaba de las actividades de Piedrahita Ceballos en el mundo de las drogas.
"Corvo Dolcet sabía del pasado de Piedrahita Ceballos porque él nunca se lo negó. Lo que empezó a preocuparle [al abogado argentino] es que ya no le podían firmar los balances de las empresas", afirmó el imputado.
Un paper de la DEA
La pesquisa que derivó en la acusación contra la viuda y el primogénito del Patrón del Mal comenzó el 1° de septiembre de 2016, cuando la Procunar recibió de parte del representante de la DEA (la agencia antidrogas de los Estados Unidos) en la Argentina una nota en la que se afirmaba que una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos investigada en Colombia tenía vínculos con personas físicas y jurídicas "radicadas dentro del territorio argentino". En ese paper se explicó que "el grupo criminal se encontraba liderado por Piedrahita Ceballos y tenía contacto directo en la Argentina con Corvo Dolcet" .
Un año después, con la investigación en pleno avance, el juez Barral ordenó una serie de allanamientos, al cabo de los cuales detuvo a varios sospechosos, entre ellos Corvo Dolcet (que después fue excarcelado tras pagar una caución de $10.000.000).
Después de la declaración del narco arrepentido, el juez Barral procesó a Piedrahita Ceballos por el delito lavado de activos proveniente del narcotráfico.
El magistrado también ordenó decomisar de forma definitiva 21.520 metros cuadrados de un desarrollo inmobiliario y 2340 metros cuadrados del denominado proyecto Pilar Bicentenario (que incluía cocheras y una nueva estación del tren Belgrano Norte), ambos en Pilar, que era liderado y comercializado por Mateo Corvo Dolcet.
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