Abusos: Qué tan grave es el problema en la Argentina

La Argentina tiene unos 5600 sacerdotes. Según la investigación de LA NACION, en los últimos 20 años hubo 63 con denuncias consistentes de abuso sexual. En 17 casos hay una condena judicial y en 22 un proceso judicial en marcha. A esos hay que sumarles los 24 con acusaciones consistentes, pero que nunca fueron judicializadas (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco).

¿Cómo se comparan esos números con lo que ocurrió en otros países? En relación con la cantidad de religiosos implicados en Estados Unidos, Chile, Irlanda, Australia o Alemania, las cifras de la Argentina parecen menores. Pero hay una gran diferencia: en la Argentina nunca hubo una investigación global, como sí ocurrió en esos países. Ni de la Iglesia ni de la Justicia. La dimensión del problema, por lo tanto, puede ser mucho más grave que lo que indican los primeros números relevados por LA NACION.

Tampoco existen cifras a nivel global. Ni siquiera es posible saber exactamente lo que ocurre en un determinado país porque aquellos que iniciaron investigaciones, como Estados Unidos, siempre fueron parciales. En algunos casos las motorizaron fiscalías; en otros, las diócesis. "Es imposible saber cuántos casos hay en todo el mundo porque la Iglesia se ha ocupado de ocultarlos durante siglos, pero lo que sí sabemos es que lo que se conoce es solo la punta del iceberg", asegura Carlos Lombardi, abogado especialista en derecho canónico y referente de la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico.

El fiscal Gustavo Stroppiana es quien lleva adelante la causa por abusos a niños sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza. A pesar de que el caso se ramificó a la sede La Plata, su investigación no puede exceder los límites de la provincia. "Yo no puedo investigar lo que pasa fuera de mi jurisdicción, no tengo competencia. Hay implicados a los que nombramos satelitalmente, pero no podemos investigarlos -señala-. Sí podemos, por ejemplo, mostrar la sistematicidad de los traslados, pero después será función de la fiscal de La Plata Cecilia Cordfield investigar lo que ocurrió allá; nuestra función nos acota".

Stroppiana agrega otro elemento: la falta de colaboración de la Iglesia. "La Iglesia podría encabezar una investigación para saber quiénes son y dónde están los curas denunciados. Nosotros no tuvimos colaboración por parte de la Iglesia. Se presentaron dos enviados del Vaticano, tuvimos dos charlas, mandamos un oficio pidiendo información, pero nunca nos contestaron", dice.

"Nosotros, los integrantes de este gran jurado, necesitamos que escuchen", comenzaba el informe que la Justicia de Pensilvania dio a conocer el 15 de agosto del año pasado. Y continuaba: "Ha habido otros informes sobre abuso sexual a niños dentro de la Iglesia Católica. Pero nunca a esta escala. Para muchos de nosotros, todas esas historias sucedían en otra parte, lejos. Ahora sabemos la verdad: sucedían en todas partes".

A lo largo de 1356 páginas, el informe detalla los nombres de 301 sacerdotes acusados de abuso. Sus víctimas, a lo largo de siete décadas, sumaban más de 1000.

Los datos de Pensilvania se conocieron un mes después de que la Fiscalía Nacional de Chile revelara la dimensión del problema en ese país: 158 personas vinculadas a la Iglesia, entre sacerdotes y laicos, estaban siendo investigadas por abuso sexual.

Así, uno a uno se fueron conociendo informes que daban cuenta de una tragedia en la que los agresores se contaban de a centenas.

Al informe de Pensilvania, un mes después, le siguió el de Alemania: en septiembre, una investigación descubrió que entre 1946 y 2014, los sacerdotes denunciados por abuso en la República Federal de Alemania sumaban 1670. De todos esos nombres, solo 88 fueron sancionados con la expulsión. Los datos habían surgido de una investigación pedida por el Episcopado alemán a tres universidades y a la que tuvieron acceso los semanarios Der Spiegel y Die Zeit.

Apenas unos días más tarde, la arquidiócesis de Los Ángeles difundió una lista con los nombres de 309 sacerdotes acusados por abuso. Las denuncias eran tan convincentes que los testimonios fueron entregados a la policía y los religiosos sancionados con la prohibición de ejercer el sacerdocio en sus parroquias.

El año 2018 no había empezado de la mejor manera para el papa Francisco. Su histórica visita a Chile el 15 de enero quedó teñida por los reclamos de las víctimas del abuso eclesiástico, cuya perseverancia terminó en un pedido de disculpas del propio Papa y en la decisión de la Justicia de avanzar en una investigación. Fue el primer paso de una seguidilla de informes que mostraron la magnitud de los abusos.

En 2009, el gobierno de Irlanda determinó que "no hay duda de que el abuso sexual infantil en el clero fue encubierto" desde enero de 1975 hasta mayo de 2004. El propio gobierno de ese país había decidido encarar su propia investigación sobre la Diócesis de Dublín. En cambio, fue una investigación del diario The Boston Globe -recreada luego por la película Spotlight- la que mostró la trama del encubrimiento en la diócesis de Boston y forzó la renuncia del cardenal Bernard Law.

En 2017, una comisión del gobierno de Australia determinó que el 7% de los curas de ese país fue acusado de abuso entre 1950 y 2015. Entre ellos estaba el número tres del Vaticano, el cardenal George Pell, de 76 años, quien en diciembre de 2018 fue declarado culpable de cinco casos de pederastía.

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Por Mariana García

• Abusos en la Iglesia

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