Actos del Estado a espaldas de las víctimas
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Este viernes, 1° de mayo, es la fecha en que encontré a mi hijo Kevin Sedano tirado sobre la Avenida del Libertador, agonizando. El auto que lo atropelló había desaparecido. Después lo vi morirse día tras día por una semana, hasta que falleció. Fue el 8 de mayo de 2002. Tenía solo 14 años.
Ninguna autoridad me pregunta cómo me siento, si quiero estar en cuarentena en casa ahogándome en recuerdos. Tampoco creo que les interese. Sin embargo, cuando violentos se suben al techo de una cárcel y queman colchones, y cuando asesinos seriales y violadores exigen una "mesa de diálogo" y reclaman beneficios, ahí sí les importa.
La verdad es que los familiares de víctimas no estamos en contra de todas las salidas otorgadas a los reclusos. Entendemos que tienen derecho a vivir en condiciones dignas. Siempre. El año pasado, hoy y el año que viene. Con el gobierno anterior y con este. Pero los derechos de unos no pueden ser superiores a los de otros. Los derechos deben ser justos, para todos, y no inclinar la balanza para el lado de quienes decidieron delinquir, matar, violar.
Los derechos humanos deberían ser respetados para todos, pero no lo son para las víctimas. Mi hijo Kevin ya no tiene derechos humanos, ya no tiene derecho a nada.
Si hay tantas comisiones y grupos que cobran sueldos para ayudar y para acompañar a los reclusos, ¿por qué no vieron con anterioridad que las condiciones de los detenidos no son dignas?
Ahora el país está en cuarentena. No nos podemos mover por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para frenar el avance de la pandemia del coronavirus. No podemos permitir que cientos de detenidos salgan de las cárceles con la excusa del virus mientras el director de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Cipriano García, habla de un "momento histórico" y de un plan para lograr la mayor cantidad de liberaciones posible.
No se entiende por qué el juez de Casación bonaerense Víctor Violini saca una resolución para otorgar la prisión domiciliaria a más de 2500 presos violando la ley 27.372, la llamada ley de víctimas, dado que en ningún caso se respeta el derecho de las víctimas a ser informadas antes de la toma de cualquier decisión que tenga que ver con el cambio de las condiciones de reclusión.
Esta ley nos costó mucho a los familiares de víctimas. Recorrimos despachos en el Congreso, hablamos con diputados y senadores. Solo queríamos tratar de igualar nuestros derechos a los de quienes nos habían herido tanto, a los de quienes habían destruido a nuestras familias, a los de quienes habían matado a nuestros seres queridos. Fue votada por unanimidad. Es una ley de orden público que significa que las provincias no tienen que adherir. O sea, hay que aplicarla.
A la niña de 13 años que fue violada por su vecino en Burzaco no le preguntaron si estaba cómoda con el hecho de que su violador esté viviendo cerca de su casa.
A Violini y a García no les importó lo que ella siente. Por eso el violador se encuentra gozando del beneficio de prisión domiciliaria.
Ahora nos queda pedir juicio político a cada juez que otorgó estos beneficios sin aplicar la ley de víctimas. Pero ¿quién va a pagar los gastos de estos juicios? ¿A cuántos jueces hay que hacérselos? Y cuando termine el juicio, dentro de varios años, ¿los delincuentes van a volver a las cárceles? ¿Estarán?
Los presos deberían poder salir de las cárceles con la frente bien alta, porque eso significaría que ya cumplieron con sus sentencias y que ya están resocializados. Significaría que ya pueden tener trabajos dignos y que pueden volver con sus familias. De esta manera no estaríamos frente a esta gravedad institucional que la sociedad toda está viviendo hoy. Ellos tendrían una segunda oportunidad. Las víctimas, mi hijo, nunca la tendrán.
La autora es integrante del Observatorio de Víctimas de Delitos
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