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Aumentaron hasta el 500% el agua en Santiago del Estero
Embargan propiedades a vecinos de la capital y de La Banda por falta de pago
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Aproximadamente dos mil propiedades fueron embargadas en los últimos meses en la provincia de Santiago del Estero, después de que un fuerte aumento en el costo del agua potable domiciliaria hiciera crecer sensiblemente la morosidad en la zona. Así lo informó la Defensoría del Pueblo de la capital santiagueña.
Desde la privatización del servicio, en 1997, el precio del agua se incrementó entre el 100 y el 500 por ciento. Según el ombudsman de la ciudad, Luis Ger, en funciones hasta fines del actual, en algunos casos extremos el importe llegó a superar en diez veces el monto pagado antes del traspaso a manos particulares.
En Santiago del Estero, donde la morosidad rondaba tradicionalmente cifras del 50 por ciento, la escalada de los precios no hizo más que aumentar el carácter impago de las boletas. Ahora, más del 60 por ciento de la población no abona las tarifas del servicio.
Denuncian arbitrariedad
Con esta suba, la escasez de recursos dejó de ser la razón exclusiva para no pagar. Gran cantidad de propietarios se sumó voluntariamente a la lista de deudores, en protesta por la "arbitrariedad" de las tarifas.
La respuesta de la empresa gestora, Aguas de Santiago, fue la del "embargo indiscriminado", en palabras del defensor del pueblo. Sin embargo, la compañía afirma que son sólo mil las propiedades inmovilizadas.
Raúl Alonso, gerente general de Aguas de Santiago, admitió a La Nación un aumento de las tarifas, pero debido a "una actualización del registro catastral" y a una serie de gravámenes y condiciones incluidas en el contrato de concesión pactado.
"Aguas de Santiago no tiene por objetivos rematar las propiedades embargadas. Sólo pretendemos que nuestros clientes en mora normalicen su deuda", afirmó Alonso.
Ante esta situación, vecinos de 47 barrios de la capital y de la ciudad de La Banda se organizaron en la autodenominada Coordinadora del Agua. A las numerosas marchas que reunieron a miles de personas se sumó en el presente año la quema de facturas.
Significativo resulta el caso de Franco Iovino, dueño de un hotel de dos estrellas en el centro de la ciudad de Santiago del Estero.
"Pasé de pagar 275 pesos a tener una cuenta de casi 1200", declaró a La Nación .
Ante la abultada cuenta, Iovino inició un litigio contra Aguas de Santiago, negándose a abonar el dinero adeudado. Ahora resulta que tiene embargada su propiedad.
"Aunque quisiera, tampoco podría pagar los 6000 pesos que debo", se sinceró el propietario.
El abogado Bailón Gerez, miembro de la mesa ejecutiva de la Coordinadora del Agua, acusó a Aguas de Santiago de "anteponer sus beneficios" al bien común de la población.
El padre Luis Angel Farinello, de la ciudad bonaerense de Quilmes y reconocido por la defensa de los derechos civiles, hizo llegar su apoyo a los afectados.
Tarifas abultadas
"Este es otro capítulo del festín de los ocho o diez grupos poderosos que se quedaron con el país. La empresa sólo quiere ganar dinero y no le importa las consecuencias sociales que se deriven de sus políticas", expresó el párroco de Quilmes en conversación con La Nación .
Carlos Melián, técnico de Recursos Hídricos del gobierno de la provincia, cuya única propiedad está embargada por una deuda de 600 pesos, explicó que el encarecimiento del agua no encontró una contrapartida en la calidad del servicio.
"En la Capital Federal, los usuarios utilizan diariamente cerca de 550 litros por persona, y acá, apenas 200. Y sin embargo el servicio se paga mucho más caro en Santiago."
La Defensoría del Pueblo de la ciudad, y también la de la provincia, denunciaron, además, que la empresa no respeta la proporcionalidad entre los bienes retenidos y el monto adeudado.
Ambos organismos ofrecen como ejemplo el embargo de 55 propiedades de una empresa constructora, cuando con una sola de ellas se hubiera saldado la deuda.
El abogado Bailón Gerez resumió la situación: "Tienden a embargar directamente las propiedades, apartándose de las normas procesales que dicen que tiene que haber una relación entre el crédito que se quiere resguardar y el valor del bien que se embarga".
Ese el caso de Italo Cioccolani, un contador público que se negó a seguir pagando el agua en sus cuatro propiedades después de que la factura creciera, como media en cada inmueble, desde los 10 a los 100 pesos.
"Ahora tengo los cuatro departamentos embargados. Y con uno bastaría y hasta sobraría para pagar la deuda", dijo Cioccolani a La Nación .
El aumento del precio del agua comenzó con la privatización de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos) el 10 de octubre de 1997, durante el gobierno provincial de Carlos Juárez.
La concesión se entregó a Aguas de Santiago, una corporación compuesta por capitales franceses y locales, entre los que destacaba el empresario Néstor Carlos Ick, dueño de numerosos negocios en la provincia.
De bimestral a mensual
Con la privatización del agua, el servicio se encareció el 30 por ciento para las viviendas con cloacas, pero con una novedad: el pago de las facturas pasó de cobrarse bimestralmente a hacerlo una vez por mes, "sin variar el monto facturado", según comentó Carlos Melián.
"De la noche a la mañana, el agua pasó a costar más que el doble que antes", aseguró el técnico en Recursos Hídricos.
Este aumento, que sólo afectaba a la tarifa base del agua, a partir de la cual se calcula una serie de recargos, provocó, en realidad, una subida mucho mayor, aclaró el funcionario.
La aplicación de estos adicionales, que representan, cada uno, aproximadamente el ciento por ciento de la tarifa base, irritó a los consumidores.
"Si en la entrada de una vivienda el dueño tiene un quiosco de dos metros cuadrados, aunque no tenga canilla, toda la casa computa como si fuera un negocio y tiene que pagar el ciento por ciento más", dijo a La Nación , David León Kravetz, uno de los dirigentes de la Coordinadora del Agua.
"Si además esa casa está en el centro de la ciudad, aunque el dueño no gane más de 300 pesos, tiene que volver a sumarle el doble del precio del agua", añadió Kravetz.
Aunque algunos de estos gravámenes ya existían con la anterior administración, "no eran aplicados a rajatabla por cuestiones sociales", explicó el ombudsman Luis Ger.
Por su parte, Aguas de Santiago defendió su gestión. "Numerosas familias humildes se beneficiaron con rebajas, que también alcanzaron a jubilados y pensionistas", alegó el doctor Raúl Alonso. El gerente general declaró, además, que existen facilidades de pago para saldar las deudas.
Diferencia abismal
Aunque los barrios humildes resultaron menos afectados por la variación del precio, entidades de defensa del consumidor calculan que el régimen tarifario trepó de 6 pesos bimestrales a 22 pesos por mes en viviendas unifamiliares tipo.
Pese a que la empresa se había comprometido a no iniciar demandas por deudas menores de mil pesos, la Defensoría del Pueblo de la capital denunció que se están embargando propiedades por "mucho menos que eso".
Tal es el caso de una empleada de una modesta agencia de Tómbola, residente en el barrio 1º de Mayo, a 15 kilómetros de la capital, que prefirió no revelar su nombre. Según su relato, fue intimada para pagar su reducida deuda bajo amenaza de embargo. "Inicié un plan de regularización, pero llegó un momento en que tuve que dejarlo, porque el dinero no me alcanzaba", narró.
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