Caos y violencia. La policía de Santa Cruz desalojó a municipales despedidos que se manifestaban en Pico Truncado

EL CALAFATE.- Una protesta de municipales despedidos en la localidad santacruceña de Pico Truncado terminó anoche con un violento desalojo de la infantería de la policía provincial y con 17 personas detenidas e incomunicadas en la Comisaría Primera de esta localidad petrolera. Desde esta mañana, pese a la vigencia de la cuarentena por el coronavirus, un grupo de vecinos se reunió en la puerta de la comisaría para pedir la liberación de los municipales y en repudio a la acción de la policía.

Desde el miércoles pasado, cerca de 40 empleados municipales cesanteados en diciembre, cuando asumió el intendente kirchnerista Osvaldo Maimó, se encadenaron a la puerta del edificio municipal pidiendo la reincorporación de los 208 despedidos. Con el correr de las horas y la falta de respuestas la tensión fue creciendo. Algunos manifestantes se treparon hasta el techo del municipio, escalaron una torre de comunicaciones e incluso otro amagó con inmolarse cuando el intendente hizo saber que no iba a recibirlos.

Durante la noche y mientras el intendente Maimó y otros funcionarios municipales se encontraban en el interior del municipio, la policía provincial avanzó en el desalojo compulsivo de la protesta montada en el ingreso del edificio. El desalojo fue ordenado por el juez de instrucción Leonardo Cimini por la violación de los artículos 205 y 194 del Código Penal.

Según afirman testigos de la protesta, la policía avanzó sin intimar previamente a los desocupados a que desalojaran el lugar. Los tiros disparados durante varios minutos frente al municipio (según el gobierno provincial, con balas de fogueo) se escucharon desde distintos puntos de la ciudad y quedaron registrados en videos filmados por medios que cubrían la situación.

"No podemos hacer oídos sordos. Lo que pasó anoche fue un retroceso institucional muy grande", afirmó el concejal Romeli Caminos, del Partido Socialista. En la misma línea, su par Carlos Mansilla, presente en el lugar de los incidentes, afirmó: "Un operativo como este, contra los trabajadores, no puede ser".

Por su parte, el diputado provincial Javier Pérez Gallart, de Encuentro Ciudadano, exigió hoy la intervención inmediata de la secretaria de Derechos Humanos, Nadia Astrada. "Los testimonios y las imágenes de la violencia policial en Pico Truncado son contundentes", señaló el diputado, que pidió que el ministro de Seguridad, Lisandro de la Torre, diera explicaciones "por la brutal represión de las fuerzas policiales de la provincia".

Andrea Méndez, hermana de uno de los detenidos, fue testigo directo de lo ocurrido. "Yo me estaba retirando cuando empezaron los disturbios, nos tiraban con balas de goma a menos de 50 metros", afirmó hoy la joven en la puerta de la comisaría. Ella logró subirse a un remis, pero el hermano quedó detenido.

El expediente por el que se inició la causa lleva el nombre de "Yamil Orellana y otros" por infracción de los articulo 205 y 194 del Código Penal, sin embargo, voceros de la protesta municipal explican que Orellana no es un empleado municipal despedido, sino un desocupado que junto a otros participaba ayer de otra protesta.

La versión del gobierno

Desde el gobierno provincial, que encabeza Alicia Kirchner, emitieron un comunicado oficial en el cual consideraron que el corte de ruta y los encadenados frente al municipio son parte de la misma protesta. En la misma comunicación explicaron que "los manifestantes no plantearon instancias de diálogo o negociación, ya que exigían para levantar las medidas la firma de un acta compromiso por parte del municipio para reincorporar a las 208 personas, algo que no se puede hacer porque ya intervino la justicia y le dio la razón al intendente Maimó en el conflicto".

En el mismo comunicado oficial aseguran que los manifestantes "se subieron al techo y antenas del municipio" y que "entraron al edificio y comenzaron a romper las instalaciones a la vez que encerraron al intendente, y otros tres funcionarios comunales".

También sostienen que "la policía, con Infantería, realizó un operativo de desalojo dispersando a los manifestantes con balas de fogueo (no de goma)".

Por estas horas, el jefe de Gabinete, Leonardo Alvarez, y personal del ministerio de Desarrollo realizan un relevamiento de la situación social en Pico Truncado.

La causa judicial

Los 208 trabajadores cesanteados habían sido designados en 2019 por el intendente saliente, Omar Fernández, del Partido Socialista. Maimó, al asumir, decidió desplazarlos a pesar de que las designaciones estaban formalizadas a través de decretos que fueron ratificados por el Concejo Deliberante.

Los trabajadores presentaron un amparo judicial, que en primera instancia fue rechazado por el juez Norberto Castelo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº1. Sin embargo, ese fallo fue anulado por la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, que pidió reemplazar a Castelo "por un juez imparcial". Como la situación está judicializada, los 208 trabajadores despedidos que no cobran sueldo desde hace cinco meses, no pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 pesos dispuesto por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por el coronavirus.