¿Ciudad moderna o petrificada? La tensión por la protección de edificios se extiende entre los barrios que pierden valor patrimonial

Propietarios de viviendas antiguas chocan con las asociaciones vecinales, que buscan preservar esas construcciones; hay 18.000 inmuebles bajo la lupa que serán catalogados para terminar con el vacío legal; las comunas más conflictivas y la mirada de expertos

Mauricio Giambartolomei

LA NACION

Los carteles que reclaman contra el avance inmobiliario cuelgan de las fachadas de viviendas, de postes de luz y de árboles de los espacios verdes en barrios como Núñez o Belgrano. Los mensajes, que mezclan el rechazo al nuevo código urbanístico con la preocupación por el resguardo de sitios históricos de los vecindarios, fueron multiplicándose en otras comunas de la ciudad de Buenos Aires al tiempo que se amplificaron a través de las redes sociales. Del otro lado, las autoridades porteñas pugnan por un equilibrio entre la preservación y la sustitución de inmuebles obsoletos por otros más modernos.

El debate por la conservación del patrimonio porteño se ramificó en cada barrio mediante agrupaciones de vecinos que persiguen ese objetivo en común. La discusión ya no se concentra en sitios de valor arquitectónico e históricos, protegidos bajo una legislación específica y clara que los vuelve intocables, sino en aquellos inmuebles ligados a la identidad barrial, que hacen a la memoria colectiva de un vecindario.

La interpretación de una ley que dispone la protección preventiva para las construcciones previas a 1941 es el eje del debate. Bajo su paraguas hay hoy unos 18.000 inmuebles en toda la ciudad, aunque hay organizaciones que elevan esa cifra. El derecho individual, el de los propietarios de esas viviendas, y el derecho colectivo, el de las asociaciones vecinales, entran en conflicto y se abre una pregunta como disparador: ¿se está perdiendo el patrimonio histórico en Buenos Aires?

La asociación civil Basta de Demoler es contundente. “Siendo el patrimonio arquitectónico un recurso no renovable su destrucción altera la habitabilidad de la ciudad y afecta los derechos de los vecinos. La falta de políticas de planificación y desarrollo sustentable conspira contra el desarrollo de industrias como el turismo y la propia industria de la construcción al ignorar al valor agregado que representan las rehabilitaciones y restauraciones”, sostiene.

Basta de Demoler y los grupos de vecinos autoconvocados tienen las posiciones más duras y exponen en redes sociales y sitios web el avance sobre inmuebles históricos o, al menos, antiguos. Pero la visión de urbanistas y arquitectos es más mesurada, también la del gobierno porteño, que considera que se cumple el equilibrio entre la preservación patrimonial y la sustitución de inmuebles obsoletos por otros más modernos y con funcionalidades acordes a la época.

Los 18.000 inmuebles bajo la lupa

Todas las partes sientan su postura sobre la Ley 3056 (modificó la 2548) que implementó en 2009 la Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) para las propiedades consideradas edificios representativos que formen parte del inventario del patrimonio cultural de la ciudad. También aquellos cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o cuyo año de construcción sea anterior a esa fecha.

En una primera evaluación quedaron protegidos 141.000 inmuebles bajo esa ley, aunque luego de un análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), que debe seleccionar cuáles serán conservados como patrimonio y cuáles podrán ser demolidos en base a los criterios del código urbanístico, se generó un registro de 18.195 construcciones a preservar, el 13% del total inicial.

“Hay que lograr una reconciliación entra la arquitectura patrimonial y la contemporánea. La arquitectura antigua debe, ante todo, ser conservada, pero también tiene que servir, poder ser usada y adecuarse al uso contemporáneo”, analiza Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y la autora de la ley 3056. “El patrimonio tiene que aprender a ganarse la vida, a ser sustentable. El gran desafío es encontrar las maneras para conservarlo, restaurarlo y poder vivirlo de una manera contemporánea. Y también que si el patrimonio convive con arquitectura contemporánea, sea de gran calidad”, agrega.

Núñez es uno de los barrios que mantiene la guardia bien alta, aunque hayan tenido alguna victoria en los escritorios apelando a la mediación con las autoridades de turno, como ocurrió en las últimas semanas. “Fuimos encontrándonos con la realidad de que es muy grande la porción de edificios con protección preventiva y en peligro. Vemos un criterio demasiado laxo para construcciones anteriores a 1941 y que muchas deberían estar protegidas, pero se demuelen. Hay atajos para que se revoquen esos permisos”, opina Pablo Kamienickie de Vecinos Unidos de Núñez.

La presión de los residentes del barrio hizo que la Legislatura aprobará una modificación del código urbanístico para limitar las alturas de construcción en el sector conocido como Lomas de Núñez. Aunque parcial y limitada para algunos vecinos, fue una batalla ganada por ellos luego de consensuar con el gobierno los términos de un acuerdo que fue avalado por los legisladores.

Otra voz que se introduce en el debate es la de las constructoras. LA NACION las consultó sobre inmuebles específicos mencionados por las agrupaciones vecinales. “Esa construcción nunca fue APH [Área de Protección Histórica]”, aseguran desde VAIV por el desarrollo en marcha en la calle Vidal y Olazábal. Una explicación similar da Newland sobre un emprendimiento en avenida Córdoba y Pringles: “Ninguna propiedad que tenga protección histórica se demuele porque no se puede hacer. Por ese lugar no tuvimos ningún inconveniente judicial, ninguna cautelar y todo fue normal”.

“El lugar estaba destrozado, tomado; cualquier cosa que se haga allí revalorizará al barrio”, argumentan en SI Group respecto a un terreno en Matheu y San Juan. “Ningún grupo inversor hará una inversión si no tiene la autorización necesaria para realizar las obras”, señalan en Baigún por una construcción en Uriburu y Marcelo T. de Alvear. LA NACION no logró comunicarse con los responsables de los proyectos en Córdoba y Dorrego, O´Higgins al 4500 y Morelos al 400, también consignados por los vecinos.

Hueco legal

Con matices, el debate se extiende en distintos puntos del mapa porteño. “Pensar en En Villa Devoto es pensar en jardines, casas bajas, callecitas y esa identidad se está yendo. El primer paso es demoler las casas, luego comienza a perderse la calidad de vida de la gente”, comparte Yamila Rambaldi, del grupo Conciencia de la Comuna 11 que, además, gestiona el perfil Buenos Aires Perdido en Twitter e Instagram.

Rambaldi afirma que hay casos de construcciones que llegaron a la instancia de protección y tienen los carteles de venta colgados. “Hay un hueco legal que amenaza a los inmuebles. Con la ley del Distrito del Vino habrá muchos cambios en el barrio, las construcciones no mejoran y vemos todos los días casas demolidas de más de 100 años. Es una pena que no se utilice la ley 3056 que es insuficiente y no alcanza a proteger los inmuebles”, agrega Rambaldi.

Desde SOS Caballito, Gustavo Torchinsky no ahorra en críticas: “No importan la identidad, la historia, los orígenes de los barrios. Lo importante es construir, hacer torres y nuevos desarrollos inmobiliarios”. Adriana Fernández suma su reclamo desde Colegiales: “La imagen de los petit hotel, las construcciones que le dan identidad al barrio, van desapareciendo, al igual que muchas casas antiguas que se están demoliendo”.

En el gobierno porteño entienden que la tensión entre el desarrollo de la ciudad y la preservación histórica es real en una ciudad en proceso de sustitución que debería promover un equilibrio justo entre las propiedades con valor patrimonial por arquitectura o identidad cultural o barrial. En este contexto, explican, el derecho individual de los propietarios de los inmuebles choca con el derecho colectivo de las agrupaciones que promueven la protección de todos los bienes históricos, a pesar de no tener valor patrimonial.

Con una legislación vigente para interceder en estos casos, el órgano que funciona como árbitro es el CAAP, que debe definir -a pedido del propietario del inmueble antiguo con preservación preventiva- si corresponde renovar la protección o retirarlo del catálogo. El CAAP emite un dictamen no vinculante, pero cada caso en particular pasará por la Legislatura, que deberá aprobar una ley firme para que ese inmueble quede liberado o preservado nuevamente. De esos trámites depende la demolición o protección permanente.

“Es un mecanismo válido y el que marca la ley. La ciudad se merece rediscutir la cuestión del patrimonio y encontrar incentivos para la preservación. Para la gente tiene que ser un incentivo mantener el patrimonio, se debe salir de la grieta”, analiza el secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta.

“La tensión que vemos no es más que la materialización de un montón de ideas de personas que desean encontrar una solución para el patrimonio. Estas agrupaciones vecinales evidencian que es necesario cambiar porque ley 3056 cumplió su ciclo. De acá a fin de año tendremos los 18.000 inmuebles catalogados para terminar con el limbo”, agrega el funcionario.

El dilema de las ciudades en evolución

La preservación del patrimonio es un debate permanente en ciudades que evolucionan y se transforman de acuerdo a las distintas épocas. En Buenos Aires, por ejemplo, desapareció por completo la ciudad colonial asentada durante décadas en el casco histórico. Inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro puede generar consecuencias no deseadas para la ciudad en dosis similares: si todo lo antiguo se demuele, se pierde el registro histórico y la identidad cultural; si todo lo antiguo se conserva, se convierte en una ciudad museo o petrificada.

“La transformación es necesaria y negarla es matarla”, apunta el arquitecto Fernando Martínez Nespral, profesor de Historia en la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UBA. “La idea de mantener las cosas como si nada hubiera pasado es una fantasía porque los contextos cambiaron. La preservación a ultranza implica un falso concepto porque se preservarían objetos muertos y embalsamados”, agrega.

Sin embargo, el arquitecto defiende la conservación de ciertos elementos que aportan rasgos históricos de la memoria de la ciudad. “Sería apropiada una mejor forma de preservación, más inteligente, en la que se pueda preservar el patrimonio modesto que se ha perdido más de lo deseable”, señala.

Para Guillermo Tella, arquitecto y doctor en urbanismo, existe mucha presión sobre el stock edilicio en una ciudad atravesada por un nivel de centralidad que no tiene comparación con otros centros urbanos. “Buenos Aires, desde su fundación, es el centro del centro, a nivel metropolitano y nacional. Entonces la ciudad tiene que poder crecer y en esta puja hay miradas sobre aquellos edificios de baja densidad que podrían ser sustituidos por otros de mayor densidad. Allí aparecen las presiones de qué preservar y qué no, por eso existe un marco regulatorio” explica.

“No podemos permitirnos museificar la ciudad, que se vuelva obsoleta. Por el contrario, la ciudad debe ser viviente y adaptarse a las demandas del desarrollo futuro, por eso hay que intervenir sobre algunas piezas singulares. La puja no es histórica”, opina Tella. En esa tensión entre la demanda inmobiliaria y la preservación histórica trata de hacer equilibrio el patrimonio porteño.

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