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Ciudadanía italiana: el cambio que puede redefinir el futuro de miles de descendientes
Muchas familias argentinas se preguntan cómo continuar con sus trámites frente al nuevo escenario que abrió la decisión de la Corte Constitucional de Italia; los consejos de una especialista
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PARA LA NACIONCintia Perazo
La semana pasada se conoció una noticia muy importante con respecto a la ciudadanía italiana: la Corte Constitucional de Italia decidió no resolver de forma directa sobre la constitucionalidad de la controvertida Ley Tajani (ley 74/2025), que restringe la posibilidad de heredar la ciudadanía a hijos y nietos.
En su lugar, mediante la Ordenanza N° 147/2026, elevó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que este determine si la norma es compatible con los tratados de la Unión.
¿Qué implicancia tiene esta novedad para los descendientes que aún tienen la esperanza de obtener el reconocimiento de su nacionalidad italiana? ¿Es el momento de accionar o esperar?
Para despejar las dudas, LA NACION conversó con Mariel Bartolomeo, representante legal en De.Martin & Asociados International Law Firm, uno de los estudios en el país que más conoce sobre el tema y cuenta con un equipo de abogados en Italia.
–¿Qué importancia tiene la reciente Ordenanza Nº147/2026 de la Corte Constitucional italiana?
–Esta ordenanza abrió una nueva etapa en el debate sobre el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia. Por primera vez desde la reforma introducida por la Ley Nº 74/2025, el máximo órgano constitucional italiano decidió requerir la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de emitir un pronunciamiento definitivo.
Con esta decisión, la discusión dejó de ser exclusivamente interna y adquirió una dimensión europea, incorporando una nueva perspectiva sobre el alcance de la ciudadanía italiana como expresión de la ciudadanía de la Unión, más allá del derecho interno italiano.
–¿Cuáles son los aspectos centrales de esta resolución?
–Uno de ellos es que la Corte Constitucional entendió que la compatibilidad de la reforma no puede analizarse únicamente desde la Constitución italiana, sino también desde los principios y normas del Derecho de la Unión Europea.
La cuestión trasciende así el marco tradicional del derecho de ciudadanía y plantea interrogantes vinculados con la naturaleza de la ciudadanía italiana como ciudadanía europea, sus efectos y los límites que pueden establecerse en materia de transmisión por descendencia.
–Entonces, que la Corte Constitucional italiana no haya resuelto sobre este tema ¿es una señal positiva para los descendientes?
–Aunque es cierto que la Corte no anticipó el sentido de su decisión ni resolvió la validez definitiva de la reforma, reconoció con esta medida la complejidad jurídica del asunto y la necesidad de una interpretación armonizada con el ordenamiento europeo.
–¿Por qué creen que es un buen momento para accionar judicialmente a pesar de la incertidumbre judicial en Italia?
–Es que mientras se aguarda la intervención del TJUE, los tribunales italianos continúan ejerciendo su función jurisdiccional dentro del marco vigente. En las últimas semanas se han conocido resoluciones favorables que reconocen la ciudadanía a descendientes de distintas generaciones, considerando las particularidades de cada expediente.
Estos pronunciamientos reflejan que los jueces continúan analizando cada caso de manera individual, valorando la línea de descendencia, la documentación aportada, los antecedentes familiares y los principios jurídicos aplicables.
El escenario actual, lejos de admitir interpretaciones absolutas, requiere un análisis cuidadoso y una evaluación responsable de cada situación concreta.
–Detrás de cada expediente existe una historia familiar…
–Exactamente. La ciudadanía italiana no representa únicamente un trámite administrativo: detrás hay historias familiares, investigaciones genealógicas y el deseo de preservar un vínculo histórico y cultural con Italia.
Sin embargo, la existencia de una historia familiar documentada no elimina la complejidad jurídica del proceso. La información disponible debe ser acompañada por un correcto análisis legal que permita determinar la estrategia adecuada.
–¿Qué advertencias o sugerencias puede darles a esos descendientes que han comenzado o quieren comenzar el camino para ser reconocidos como italianos?
–El gran problema que observamos son los riesgos de las interpretaciones simplificadas. Todos los días recibimos consultas de familias que creen haber perdido definitivamente la posibilidad de obtener la ciudadanía o, en el extremo opuesto, que asumen que cualquier expediente tendrá un resultado favorable de manera automática. Ninguna de esas posturas refleja la realidad.
–¿Y de qué manera pueden verse afectados quienes no realicen un análisis integral inicial?
–Principalmente, por inconsistencias documentales, poderes que no cumplen con los requisitos procesales exigidos por los tribunales italianos, actas que requieren rectificación o la falta de una correcta valoración del contexto histórico y territorial del antepasado italiano.
–La falta de información o información falsa es otro punto clave, ¿no?
–Sí, esto es fundamental porque el escenario actual exige rigor técnico, responsabilidad profesional y prudencia en la comunicación. El hecho de que la propia Corte Constitucional italiana haya recurrido al TJUE demuestra que la cuestión presenta una complejidad que no admite conclusiones apresuradas ni interpretaciones definitivas antes de que finalice el proceso institucional correspondiente.
Ningún profesional responsable puede garantizar el resultado de una sentencia sin analizar previamente el caso. La obligación es brindar información clara, explicar los escenarios posibles y construir una estrategia jurídica adecuada conforme a la realidad de cada familia.
–Por último, ¿qué mensaje le deja a la comunidad de descendientes sobre el verdadero significado de persistir en la búsqueda de este derecho en este nuevo escenario?
–La ciudadanía italiana representa la convergencia entre memoria familiar, identidad y derecho. En esta nueva etapa, esa relación será analizada no solo desde Italia, sino también desde la perspectiva del ordenamiento jurídico europeo.
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