Clases en la Provincia: ¿en qué situación están los 58 amparos que se interpusieron ante la Justicia?

Cada vez son más los recursos de amparo presentados por bonaerenses para exigir el regreso a las aulas que se acumulan, irresueltos, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La razón detrás de ello radica en un conflicto judicial interno en torno a la presencialidad educativa: los jueces locales y federales que reciben estos expedientes se niegan a resolverlos, declarándose incompetentes, por lo que los amparos terminan, luego de varios giros por distintos despachos, en el máximo tribunal, a la espera de que este defina quién debe resolverlos. La Corte, sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre ninguno de estos.

Según registros de Abogados en Acción, agrupación de profesionales que actualmente colabora con Padres Organizados, hay al menos 58 amparos que exigen la apertura de las aulas bonaerenses dentro el sistema judicial. Pese a que supuestamente este tipo de recursos deben ser resueltos en plazos cortos, todavía ninguno obtuvo el fallo de un juez.

“Los jueces locales responden que la presencialidad educativa depende de la norma federal, del decreto del Presidente, por lo que ellos no son competentes para tratar el tema. Y los jueces federales afirman que se trata de una cuestión provincial, que las provincias tienen todas las facultades para administrar, reglamentar y juzgar en materia de educación y salud”, detalla el abogado Eduardo Sambrizzi, que presentó dos amparos, uno en Escobar y otro en San Isidro, junto a las comunidades educativas de los dos colegios donde estudian sus hijas.

“Al declararse incompetentes, los jueces se sacan los amparos de encima. Eso nos genera mucha frustración a los padres -manifiesta el abogado-. Recurrimos a la Justicia, que es la última instancia que tenemos para hacer valer los derechos de nuestros hijos y los jueces ni responden, ni por si ni por no”.

“Estamos como bolas sin manija”, manifiesta Diego Grafeuille, abogado, padre de un niño de cinco años y miembro de Padres Organizados Lomas de Zamora. Según sus propios cálculos, son más de 15 los amparos que fueron presentados por padres de este municipio para exigir el regreso a las aulas. Dos de estos fueron presentados por Grafeuille, entre el 21 y el 25 de abril, y actualmente ambos se encuentran sin resolución. El principal argumento expuesto en los dos expedientes es el mismo: que el cierre de los colegios vulnera los derechos individuales de los estudiantes y que, según los especialistas en educación, la falta de presencialidad tiene efectos negativos en el desarrollo psicosocial de los mismos.

¿Denegación de justicia?

Los abogados consultados entienden la actitud de los jueces involucrados como una denegación de justicia. Desde Padres Organizados Vicente López, la abogada Mariana Imperiale, madre de dos hijas, de 12 y 16, presentó este año dos acciones de amparo, y pese a que utilizó una estrategia procesal distinta para cada una, la dos tuvieron el mismo final: la Corte.

La primera fue presentada en el juzgado de Familia N°5 de San Isidro, que se declaró incompetente y lo expidió hacia el Juzgado Federal de San Martín N°2, que también manifestó su incompetencia y volvió a enviarlo al juzgado de origen, que finalmente decidió ratificar su incapacidad de resolver el expediente y lo giró hacia el máximo tribunal. Para presentar el segundo, utilizó la estrategia opuesta (lo envió primero a un juzgado federal), pero no tuvo mejor suerte.

“Además de mamá soy abogada, y esto me genera mucha desilusión con el Poder Judicial. Nos están negando justicia. Yo no pido que los jueces me den la razón, pido que por lo menos resuelvan los amparos, a favor o en contra”, dice Imperiale.

Algunos de los jueces que se declararon incompetentes para resolver amparos de esta índole son los jueces federales Oscar Alberto Papavero y Juan Pablo Augé, y los jueces provinciales Gustavo Halbide, Victoria Elías García Maañon y Jimena Cassiodoro.

Para Sambrizzi, el fallo de la Corte a favor del amparo presentado por padres de la Ciudad contra el decreto presidencial, que fue el marco legal utilizado por el Gobierno porteño para volver a abrir las aulas, anticipa la manera en la que este tribunal va a definir el futuro de los amparos presentados por padres bonaerenses. “En el fallo del amparo de la Ciudad, la Corte se pronunció a favor de la competencia de las autonomías provinciales para decidir en materia de educación, y, por lo tanto, en materia de clases presenciales. Creemos que va a definir las nuestras de la misma forma”, destaca el abogado.

Miembros de Abogados en Acción se comunicaron con la oficina de la Corte, y, según les fue afirmado, la competencia de estos amparos está primera en el orden de prioridades y esta semana estarían resolviendo la cuestión. “Los juicios comienzan a acumularse en la Corte Suprema solo para que esta resuelva a quién le toca ponerle el cascabel al gato. A las claras, se ve la negativa del acceso a la justicia que estamos viviendo en nuestro país, hasta el punto de de que estamos evaluando presentarnos con una denuncia ante organismos internacionales”, afirma Jimena de la Torre, miembro del comité ejecutivo de Abogados en Acción.