Con una fuerte oposición, se reformó el Código Procesal

Con un fuerte rechazo de los bloques de la oposición y de otras instituciones, el gobierno porteño logró aprobar ayer la reforma del Código Procesal Penal con el que pretende afrontar la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la Justicia local. La ley consta de 68 artículos normativos y uno de forma que actualiza la reglamentación vigente.

En estos nuevos artículos deberán basarse los jueces, fiscales y abogados para el desarrollo y la tramitación de las causas.

Los cambios aprobados incorporan los principios del proceso penal que tienden a robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos. También se busca agilizar el trámite por el cual la Cámara de Apelaciones resuelve las recusaciones de los jueces de primera instancia.

Entre los puntos salientes se encuentra que el plazo de la investigación preparatoria no podrá exceder de dos años, se incorpora el uso de medios tecnológicos para la protección de víctimas y testigos, se agregan figuras como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada, y se contempla la individualización de personas mediante el ADN.

"Con esta ley no se vulnera ninguna garantía constitucional. Todo lo contrario, se avanza para que la Justicia tenga los elementos y las normativas adecuadas", dijo el legislador de Vamos Juntos Daniel Presti, que encabezó la defensa del proyecto que se convirtió en ley con 34 votos positivos del oficialismo y 24 negativos del resto de los bloques.

La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito. Pero la idea no avanzó. "Votar este proyecto sería una irresponsabilidad en este contexto de aumento de la conflictividad social", opinó Carlos Tomada, jefe de Unidad Ciudadana. Mientras que Leandro Halperín, de Evolución, reclamó por la falta de la reglamentación del juicio por jurados.

Además de los bloques, otras instituciones se manifestaron en contra de la reforma. Es el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que se opuso a la extensión de los plazos de detención, de 24 a 48 horas, y la ampliación de la interceptación de comunicaciones (de 30 a 45 días), entre otros puntos.

También el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti, dejó su punto de vista sobre el nuevo Código: "La reforma conlleva graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio. Es una ley regresiva que tiene como objetivo alejar a la defensa pública de las comisarías".