Condena por despedir a un portador sano de HIV

Walter B. (el apellido se mantienen en reserva por expreso pedido suyo) tiene 26 años, es portador sano de HIV y está desocupado. En enero de 1995 la empresa en la que trabajaba lo echó luego de darle cuatro meses de licencia por enfermedad. Ahora, más de tres años después, la Justicia determinó que el despido fue un acto de discriminación.

En un fallo que ya fue apelado, el juez civil Hilario Rebaudi Basabilvaso condenó al Establecimiento Agropecuario El Aguará y al Centro Médico Asistencial (CEMA) a pagar una indemnización de 50.000 pesos por daño moral.

Para la compañía, la sentencia es arbitraria y absolutamente injusta. Uno de los abogados de la firma, Luis Alejandro Estoup, aseguró ayer a La Nación que "no existió discriminación alguna" porque su cliente "sólo se enteró de que su empleado tenía SIDA dos días depués del despido".

El director del CEMA -que atendió al paciente durante los meses de licencia- prefirió no opinar sobre el caso hasta que hubiera una sentencia firme.

Fuentes del citado instituto médico no sólo negaron haber realizado un test Elisa (el examen más simple para detectar el virus HIV) sin consentimiento del paciente, sino también haberle comunicado a la empresa su resultado.

Walter B. es homosexual y vive con Gabriel desde hace cinco años. Sabe que su pareja es enfermo de SIDA desde el mismo día en que lo conoció. Aun así, las precauciones que tomó para no contagiarse no sirvieron de mucho.

Nunca va a olvidarse del diálogo que dijo que mantuvo con el contador de la empresa El Aguará el 25 de enero de 1995, cuando le dijeron que no volviera más: "La empresa sabe que tenés SIDA. Una persona así no nos sirve. Tu jefa está conforme con el chico que te reemplazó. Firmá estos papeles y vas a cobrar lo que te corresponde".

Walter B. asegura que lo discriminaron al despedirlo. Jura que le informaron que era portador del virus en un trámite que no duró más de cinco minutos. Desde entonces, busca trabajo. No lo consigue. Siente bronca, impotencia.

Sin síntomas

"Hasta el día de hoy no tengo síntomas de nada. Me siento bien y estoy fuerte para trabajar", explicó a La Nación , mientras cebaba mate en el living del pequeño departamento que alquila, no sin esfuerzo, junto con su pareja.

Profesor de artes marciales, Walter B. es robusto, tiene tez oscura y cabello tan negro como sus ojos. Su mirada es intensa y sus preguntas no son de fácil respuesta: "Desde que me echaron estoy buscando otro empleo, pero perdí muchas oportunidades porque siempre exigen un examen de HIV. Cuando veo ese requisito en la solicitud, me voy sin perder más tiempo. Pero, ¿por qué yo no puedo trabajar si soy joven y me siento bien? ¿Tengo que esperar encerrado en mi casa hasta que la enfermedad se declare?" Walter B. y su pareja, Gabriel, de 31 años, aseguraron que existen muchísimos casos similares al suyo. Creen que muchos portadores o enfermos de SIDA no tienen la fuerza que se necesita para llevar adelante una batalla legal.

"Se dan por vencidos antes. Caen en fuertes depresiones, como la que tuve yo cuando perdí mi trabajo -explicó Walter B.-. Yo presencié todas las audiencias del juicio porque quise, pero reconozco que es muy duro escuchar mentiras sobre la vida privada de uno", comentó Walter B.

Gabriel fue aún más duro. Luego de aclarar que tiene asumida su condición de gay y de portador del SIDA, dijo: "Estamos muy contentos con el fallo, pero me parece de terror que la decisión judicial haya demorado tantos años. Si estás metido en un juicio por HIV, mientras tenés la espada de Damocles encima, sería bueno que los jueces decidan antes de que la gente se muera".

Detalles del fallo

A la hora de condenar a la empleadora y al centro que realizó el diagnóstico médico que terminó con el despido, el magistrado consideró probado que a Walter B. no lo echaron por un "proceso de reestructuración" de la compañía sino "como consecuencia de una discriminación".

El juez Rebaudi Basavilbaso concluyó: "Nos encontramos frente a un portador asintomático de HIV que, no obstante encontrarse en condiciones de laborar, fue privado del derecho de hacerlo durante cuatro meses, despidiéndoselo al no existir más argumento para mantener la pasividad".

Walter B. reclamó una indemnización por daño moral de 200.000 pesos. El magistrado, aunque reconoció que los peritajes psicológicos demostraron que "la consecuencia de la discriminación importó una de las concausas del cuadro psíquico del actor", fijó un monto mucho menor, 50.000 pesos.

Gabriel trabaja desde hace tres meses en un banco y Walter B. consigue algunos pesos para llegar a fin de mes con la limpieza de las casas de varios amigos. Con la indemnización que les paguen (en caso de que la Sala A de la Cámara Civil confirme el fallo) piensan comprar un departamento. Sueñan con tener una casa propia.

Otro caso de discriminación

El caso de Leonardo Pini y Oscar Arcas, dos ex empleados de la Fuerza Aérea Argentina, constituye el antecedente más reciente de discriminación laboral, no por su condición de portadores de HIV, sino por ser homosexuales y convivir. Ambos integraron la planta de personal civil de la Aeronáutica: Pini fue médico del hospital de la fuerza durante 15 años y Arcas, empleado administrativo del edificio Cóndor. Los dos fueron despedidos.

El Instituto Nacional de Discriminación (Inadi), que depende del Ministerio del Interior, tomó cartas en el asunto, entendió que existía una discriminación encubierta y recomendó su reincorporación. Pero todavía esperan una decisión de la Fuerza Aérea para hacer efectiva la medida.

Por Laura Zommer

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