Conflicto con los puesteros del Mercado de las Pulgas de Dorrego

A pesar de la presión del gobierno porteño, muchos puesteros del Mercado de las Pulgas, situado en el barrio de Colegiales, se niegan a abandonar el predio en el que, desde hace 18 años, funciona una feria de muebles y antigüedades. Se trata de un galpón de 6000 m2 que ocupa la manzana delimitada por las calles Dorrego, Concepción Arenal, Enrique Martínez y Alvarez Thomas. El pico de tensión se produjo en las últimas horas de anteayer, cuando un operativo policial intentó llevar a cabo un desalojo, que derivó en un enfrentamiento verbal entre los ocupantes del lugar con funcionarios del gobierno.

Según el decreto 1630, de octubre de 2005, el predio (conocido como M1) debe desalojarse para que pueda ser remodelado, ya que su estado edilicio, según detalla la resolución, "genera una problemática compleja". Algunos de los problemas que se mencionan son filtraciones, instalaciones eléctricas defectuosas e incumplimiento de "medidas mínimas de seguridad".

La propuesta del gobierno es que, mientras dure la obra, que, estima, duraría un año como máximo, los puesteros se instalen en otro predio de 3000 m2 (denominado M2) situado a una cuadra de lugar. Los vendedores no se oponen al reciclado del M1, ni al pago de un cánon una vez que regresen a él, pero quieren mayores garantías de que se respetará su continuidad laboral. Además, proponen que la obra se haga en dos etapas, ya que, aducen, el M2 es demasiado pequeño.

Sobre 143 puesteros censados, son 123 los que firmaron el convenio. Sin embargo, hoy no más de 30 están instalados en el M2.

Según fuentes cercanas al gobierno, lo que impediría que los firmantes se muden sería un pequeño grupo dentro de los propios comerciantes que actualmente "maneja el predio ilegalmente", cobrando alquileres para ocupar los espacios. Una encargada de un puesto en el M2 confirmó esta versión: "El M1 era tierra de nadie. Usurpaban rincones y los vendían hasta en 30.000 pesos".

Fuentes cercanas al vicejefe de gobierno a cargo del Ejecutivo, Jorge Telerman, confiaron a LA NACION que la causa, que estaba a cargo de las secretarías de Medioambiente y de Infraestructura, pasó a manos de la de Seguridad, conducida por Diego Gorgal, que ayer confirmó: "Queremos garantizar la fuerza de trabajo, pero en condiciones de seguridad adecuadas". Gorgal no descartó el uso de la fuerza, "pero la tenemos como último recurso", aclaró. Sin embargo, al cierre de esta edición, los comerciantes temían que anoche se llevara a cabo un nuevo intento de desalojo.

Por Claudio Weissfeld

---

Conforme a