Declararían a Buenos Aires en emergencia social y económica

Otorgarían al jefe de gobierno facultades para paliar la crisis
Cynthia Palacios
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27 de diciembre de 2001  

La Legislatura tiene previsto votar pasado mañana una ley que declara a la ciudad de Buenos Aires en emergencia social y económica por el término de un año.

La iniciativa fue girada ayer por el Poder Ejecutivo a los diputados porteños. El proyecto prevé la creación del Fondo de Emergencia Social y de Infraestructura, que estará a cargo del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra.

La ley faculta a Ibarra a "prescindir de la aplicación de normas y procedimientos actualmente en vigencia, exclusivamente para las compras y contrataciones de bienes, suministros y obras públicas, para la concreción inmediata de planes sociales fundados en la propia emergencia".

Dicho de otro modo: Ibarra podrá disponer del dinero destinado a la compra de bienes o a la contratación de servicios y utilizarlos para paliar la crisis.

La secretaria de Desarrollo Social, la radical Gabriela González Gass, consideró ayer que es "imprescindible" una solución de este tipo porque la situación de la ciudad es "crítica.

"La ciudad ha perdido el 40 por ciento de su recaudación en lo que va del mes y esta ley otorga al jefe de gobierno más facultades para afrontar la crisis ante la caída de los recursos. Además del ahorro en el gasto o la modificación de estructuras, le permite renegociar contratos y lo autoriza para tomar créditos -explicó la secretaria-. Hay que hacerse cargo de la crisis y el jefe de gobierno necesita más facultades, aunque es probable que la Legislatura le ponga algunas restricciones", estimó.

Según la funcionaria, se vuelve aún más imprescindible en este contexto, donde la falta de acuerdo político tiene demorada la discusión sobre el presupuesto de la ciudad para 2002.

En otro de sus artículos, el proyecto establece autorizar al Poder Ejecutivo "a disponer la revisión de las condiciones económicas de todos los contratos celebrados por la Ciudad con sus proveedores, que se encuentren en curso de ejecución".

También establece que el jefe de gobierno "podrá suspender, dejar sin efecto o rescindir en virtud de razones de oportunidad, mérito y conveniencia, la adjudicación y/o ejecución de contratos de obras y/o servicios, previo dictamen de la Procuración General".

Tiempos difíciles

No son tiempos fáciles para la Ciudad. Acostumbrada a funcionar con superávit, las cuentas a Ibarra le cuestan cada vez más. Sin ir más lejos, la principal fuente de ingresos de la comuna, la recaudación de ingresos, cayó el mes último un 18 por ciento. Y los pronósticos no son alentadores.

Según una de las integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, la frepasista Sandra Dosch, esa caída alcanzará al 50 por ciento en los próximos meses.

"Es absolutamente necesaria la creación del Fondo de Emergencia teniendo en cuenta que se prevé una caída en la recaudación para el próximo año en el orden del 50 por ciento que impactará fuertemente en la financiación de los gastos corrientes de las áreas sociales", sostuvo la diputada.

Las fuentes consultadas ayer por LA NACION aseguraron que es probable que el proyecto enviado por el Ejecutivo tropiece con algunos escollos a la hora de ser votado.

Una de las posibilidades que se tenían en cuenta ayer es que la medida sea adoptada por un plazo menor a un año. O que impongan a Ibarra más restricciones. Las principales resistencias de los opositores se basan en que la ley pondría pocos controles sobre la gestión de Ibarra. Y no están dispuestos a darle "superpoderes", adelantaron.

El debate promete ser intenso. Con un consenso tan frágil, no le será fácil a Ibarra conseguir un cheque en blanco.

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