Denuncian irregularidades por más de $100 millones en comedores escolares de Entre Ríos

Una auditoría interna sobre 37 escuelas de la ciudad entrerriana Concordia detectó inconsistencias por más de $100 millones en el manejo de los fondos destinados a los comedores escolares durante marzo y abril de 2025.

Según explicó a LA NACION el director de Comedores Escolares de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, la diferencia surgía al comparar las facturas presentadas para justificar el uso de las partidas con los remitos que acreditaban la mercadería efectivamente entregada a los establecimientos. El caso fue denunciado ante la Justicia y tramita bajo la carátula de presunto peculado.

Los resultados fueron documentados en la Resolución N° 267 del Ministerio de Desarrollo Humano, fechada el 13 de junio de 2025. El documento ordenó iniciar una información sumaria para determinar eventuales responsabilidades civiles, patrimoniales, administrativas u otras.

La fiscal Daniela Montangie de la jurisdicción Concordia, a cargo de la investigación, requirió el 29 de julio de 2025 a la Dirección de Comedores información sobre el personal que cumplía tareas administrativas en la Coordinación de Comedores de Concordia, tanto de planta permanente como mediante prestaciones de servicios.

El origen de la auditoría estuvo en un control sobre la cantidad de alumnos que efectivamente recibían el servicio de comedor y las nóminas utilizadas para calcular las partidas. Según el relevamiento, aparecieron incrementos que no encontraban justificación y diferencias entre los fondos asignados y las necesidades reales de los establecimientos.

De acuerdo con Azzalini, el relevamiento permitió detectar un mecanismo que habría involucrado a la ex coordinadora de Comedores de Concordia, comercios y titulares de tarjetas mediante las cuales se administraban los fondos destinados a la alimentación de los alumnos.

“La excoordinadora tenía arreglado con un comercio y titulares de tarjetas que dejaran todos los fondos en el comercio y sea el comercio el que disponga de la plata y le vaya entregando a las escuelas”, sostuvo el funcionario.

Según su explicación, el problema quedaba expuesto cuando la provincia comparaba las facturas utilizadas para rendir los gastos con los remitos, que registraban la mercadería efectivamente entregada y contaban con la autorización y firma de las escuelas.

“Ahí se daba la diferencia entre lo facturado y lo que realmente entregaban”, remarcó Azzalini.

El director de Comedores explicó que, según la hipótesis de las autoridades provinciales, parte del dinero quedaba en los comercios y posteriormente era repartido entre los involucrados. Esa acusación forma parte de la investigación penal que lleva adelante la Justicia.

La auditoría había detectado una diferencia de $103.738.136 durante marzo y abril de 2025. Al extender el análisis a marzo, abril, mayo y parte de junio, el informe calculó sobrantes e inconsistencias por aproximadamente $146.223.311.

A medida que avanzó la pesquisa surgieron otras inconsistencias. Los registros examinados mostraban, entre otros casos, escuelas en los que la totalidad de una partida aparecía consumida en un solo día. También se detectó una concentración de las compras en apenas tres proveedores.

Según el informe, también se detectó aproximadamente $100 millones en mercadería facturada que no habría sido entregada a las escuelas.

Otro de los puntos que llamó la atención de las autoridades provinciales fue la documentación utilizada para controlar los alimentos que realmente se preparaban en los comedores.

Se informó que los cuadernos de menú correspondientes a octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por roedores. Días después, según consta en las actuaciones, fueron presentados otros cuadernos acompañados por remitos nuevos, confeccionados con posterioridad.

“La gran mayoría de las escuelas no tenía los cuadernos y lo que tenían no coincidía entre lo que facturaba y lo que realmente terminaban cocinado en cantidades y calidad. Cuando pedimos los cuadernos, la ex coordinadora argumentaba que no los tenían porque se los habían comido las ratas”, contó Azzalini.

Y añadió: “Es ahí cuando vamos a Concordia sin avisar y empiezan a aparecer facturas, remitos, toda documentación apócrifa para intentar justificar”.

A partir de las irregularidades detectadas, la provincia dispuso el desplazamiento de la excoordinadora y de colaboradores vinculados al esquema investigado, según confirmó Azzalini. También se inició una investigación sumaria y se presentó una denuncia penal.

Una vez concluida esa instancia, la provincia prevé avanzar también por la vía civil para intentar recuperar los fondos que eventualmente se determine que fueron utilizados de manera irregular.

Según el director de Comedores, el expediente administrativo se encuentra próximo a finalizar y comprende unas 5000 hojas de documentación que fueron entregadas a la investigación.

Azzalini señaló también que la provincia ya realizó otras denuncias por irregularidades en comedores escolares y anticipó que prepara una nueva presentación en otra localidad de Entre Ríos.

Mientras la Justicia avanza para determinar qué ocurrió con los fondos destinados a las escuelas de Concordia, la provincia busca reemplazar el sistema que permitió las irregularidades detectadas por una operatoria de compra centralizada.

“El problema es que el actual sistema es un colador y permite todas estas irregularidades. No te garantiza la correcta calidad de alimentos de los chicos. Es muy descentralizada, tiene capacidad de control baja. Queremos que el sistema sea homogéneo, que garantice calidad y trazabilidad e inocuidad”, concluyó el director de comedor escolares.

Sin embargo, el nuevo esquema aún no se aplicó por la presentación de amparo colectivo por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la ONG ecologista Fundación Cauce y un grupo de padres de alumnos.

LA NACION

• Entre Ríos

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