Discapacitados temen perder subsidios

Marcharon con una mezcla de indignación y cansancio. Indignación por tener que reclamarle al Estado un derecho garantizado por ley. Cansancio, porque la lucha que libran contra el sistema de salud, para que sus hijos reciban la atención médica que proclama la ley de discapacidad, desgasta sus fuerzas.

Unas 8000 personas se reunieron ayer frente a la sede del PAMI y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para denunciar que el gobierno nacional decidió recortar los subsidios que hasta ahora recibían para atender a sus hijos discapacitados. El recorte afecta tanto la cobertura de salud como el financiamiento de la educación especial. La medida afectaría a unas 100.000 familias. Otro de los reclamos que llevaron los padres fue que a las instituciones especiales en las que se atienden sus hijos, el PAMI les adeuda hasta tres meses de pagos. Y temen por la continuidad de la atención.

"Hace unos días, de la obra social llamaron al colegio de mi hijo para avisar que a partir del mes que viene no tendríamos más la cobertura de educación y transporte, ya que el Gobierno, mediante una resolución, decidió quitar los subsidios. También se nos explicó que ya no íbamos a tener el 100% de los tratamientos médicos, como garantiza la ley, sino que los reintegros iban a ser de entre el 30 y el 60%", relató a LA NACION Araceli Greco, madre de Nahuel, de 10 años, un chico con hipoacusia bilateral profunda.

En los últimos días, en la comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires comenzaron a llover consultas como éstas, de padres de chicos discapacitados, muy preocupados por la notificación que acababan de recibir. Ocurre que el 3 del corriente, la SSS firmó la resolución 1200/12, que modifica los alcances de la ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

"La resolución recorta la cobertura de la escuela especial, la inclusión educativa y la formación laboral. A su vez, establece que el reintegro para prestaciones médicas no sería más del 100%", explicó a LA NACION el padre Pablo Molero, miembro del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que convocó a la marcha de ayer.

Si bien el viernes último, tras conocerse la convocatoria, las autoridades de la SSS convocaron a una reunión y llegaron a un principio de acuerdo (incluso a firmar un compromiso de modificación de la resolución 1200), los padres de chicos con discapacidad ven con alerta el intento de quita de subsidios. Por eso, decidieron movilizarse de todas formas y declararse en estado de alerta hasta que efectivamente se les garantice que sus hijos van a poder acceder a la educación especial y cobertura de salud que requieren.

"Es muy triste tener que estar acá, reclamando por un derecho que está garantizado por ley. Es injusto", apuntó Greco.

"Es increíble tener que participar de este reclamo, pero es parte de las cosas que tienen poca lógica. Yo soy empleado del Estado, tengo IOMA y tengo que pagar una prepaga aparte porque prácticamente no me cubre ninguno de los tratamientos que necesita mi hijo", contó Martín Tello, padre de Juan Sebastián, de 10 años y que tiene un retraso madurativo y disminución visual.

El conflicto comenzó cuando el Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre con un aporte del 10% de los ingresos de todas las obras sociales, pasó a la órbita de la SSS. A comienzos de mes, se firmó la resolución que crea un sistema único de reintegro, supuestamente con el propósito de agilizar los pagos que llegan a tener una demora de un año. Pero, entre otras cosas, se modificaron los montos de los reintegros, a una cobertura de entre el 60 y el 30%. Además, se excluyó la cobertura para prestaciones no médicas, como la educación, el transporte escolar, la estimulación temprana, la capacitación laboral, entre otras.

"En muchos casos, la obra social llamó al colegio para avisar que no iba a haber cobertura de la cuota del chico desde el mes siguiente. En otros casos, las obras sociales empezaron a advertir a los padres que si no iban a poder cobrar el reintegro del Fondo de Redistribución Solidaria, no cubrirían ciertas prestaciones médicas", explicó Molero.

De la movilización de ayer participaron niños, adolescentes y adultos con diversas discapacidades, junto a sus padres y docentes de entidades educativas especiales.

La convocatoria se difundió en las redes sociales y sorprendió a los propios organizadores, que entregaron un petitorio en la sede del PAMI, en el que solicitaron que se regularice cuanto antes el pago a las instituciones que atienden discapacidad.

"El instituto mantiene regularizada la cadena de pago; por lo tanto, no hay motivo para que ninguna organización que atienda a afiliados interrumpa su cobertura. Las versiones desestabilizadoras y falaces sólo contribuyen a generar malestar y preocupación", dice el comunicado del PAMI.

Por Evangelina Himitian

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