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DNU: reuniones de urgencia y revisión de la letra chica, las reacciones del sistema sanitario
En el decreto, los servicios de salud pasan a considerarse “esenciales”, se autoriza a las prepagas a aumentar cuotas y se impone la receta digital; críticas y rechazo de algunos referentes del sector
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En medio de reuniones a propósito de la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU), en el sector de la salud predominaba aún la cautela con respecto de los cambios que enumera el punto XI de la norma publicada en el Boletín Oficial en nueve capítulos por área a reorganizar.
Académicos, entidades profesionales, prestadores y financiadores estaban analizando las modificaciones que se introducen a la legislación marco para el funcionamiento del sistema sanitario. De hecho, ya se empezaron a conocer las primeras repercusiones.
El decreto plantea que, dada la crisis del sistema de salud, “es imperativo” para el Gobierno reducir los costos de las prestaciones –incluido el valor de los medicamentos–, aumentar la competitividad del mercado, reducir la burocracia en los procesos de registro y control de equipos médicos y desregular los precios de las cuotas de las prepagas. Para eso, de acuerdo con el decreto, se modifican artículos de las leyes de prescripción por nombre genérico (N° 25.649), uso de receta electrónica o digital (N° 27.553), ejercicio de la actividad farmacéutica (N° 17.565) y la medicina (N° 17.132) y trazabilidad y verificación técnica de los productos de uso médico (N° 26.906)”.
Los servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte y la distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos son considerados “esenciales”, por lo que frente a un conflicto colectivo se deberá garantizar no menos del 75% de la prestación normal.
Se derogó la ley N° 27.113 de creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) y a través de la que se había declarado “de interés nacional y estratégico” la producción pública de medicamentos y la investigación. También se anuló el decreto del gobierno de Alberto Fernández que por 18 meses, a partir de febrero de este año, había puesto un tope al aumento del valor de las cuotas de la medicina prepaga dado el contexto inflacionario.
Se mantiene, como publicó LA NACIÓN, la limitación para fijar precios diferenciales de los planes en función de la edad de los afiliados. Pero no puede haber una diferencia de más de tres veces entre la primera y la última franja etaria del esquema para establecer los valores.
En estudio
Ante la consulta, desde el Ministerio de Salud de la Nación refirieron a la letra del decreto y el tratamiento que le vaya a dar el Poder Legislativo. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también se encontraban analizando el texto, mientras que en la Facultad de Farmacia y Bioquímica se había convocado a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para estudiar lo que se refiere a los cambios del marco normativo del ejercicio profesional. En tanto, los miembros de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea al sector de la medicina privada, están reunidos desde pasado el mediodía.
Por la mañana, hubo un encuentro reservado del ministro de Salud, Mario Russo, y el superintendente de Servicios de Salud, Enrique Chiantore, con un grupo de referentes de medicina prepaga y obras sociales. Participaron, también, dos asesores de la Jefatura de Gabinete y la cartera sanitaria: Mario Lugones, presidente de la Fundación Güemes, y Enrique Camerlinckx, director general del Sanatorio Mater Dei. Se explicaron los alcances del DNU y, también, se solicitó “prudencia”, según se pudo reconstruir.
Hubo coincidencia en que “los aumentos son necesarios” para recomponer el valor de las consultas médicas y los precios de las clínicas y los sanatorios frente a la depreciación de los últimos años por incumplimiento de compromisos asumidos por la gestión de Alberto Fernández, según coinciden desde la seguridad social y el sector privado. “Estos son los precios relativos de la economía destruidos por el gobierno anterior, en este caso en salud”, dijo uno de los invitados a la reunión, que solicitó reserva de su nombre.
Por la tarde, seguían las reuniones de funcionarios del Gabinete, incluido el ministro de Salud, con integrantes de la CGT, en la que también se abordaría el alcance del DNU a las obras sociales.
“Se incluyó al régimen de obras sociales a las empresas de medicina prepaga, por lo que eso conlleva una serie de inquietudes, como si se controlarán de la misma forma cuando antes no era así. El decreto también habla de la liberación de precios sin autorización previa, pero con ciertas salvaguardas en lo que respecta a un orden público porque no puede haber mayores variaciones entre las diferentes franjas etarias de los afiliados”, explicó Martín Zambrano, abogado especializado en derecho a la salud y coordinador del Curso de Posgrado de Instituciones de Derecho de la Salud de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Señaló, a la vez, que esa inclusión plantea también el aporte al Fondo Solidario de Redistribución, entre otros aspectos, y si seguirán encontrando legitimidad para cobrar montos especiales por enfermedades preexistentes. “Si las obras sociales no pueden cobrar montos diferenciales por preexistencia, como enfermedades de alto costo, entonces no está tan liberado el mercado, sino que tendría el efecto inverso. Hay ciertas incertidumbres que demandan una ampliación o corrección de la redacción del articulado [del DNU] para un mejor servicio”, agregó Zambrano.
Por otro lado, en una revisión inicial del decreto, el abogado consideró “interesante” en cuanto a la población con mayor vulnerabilidad que los beneficiarios de pensiones no contributivas pueden seguir teniendo obra social. “Es una antigua discusión con el PAMI y otras coberturas de que a las personas con discapacidad las rechazaban por el supuesto de doble cobertura de acuerdo con un decreto de 1995. El programa Incluir Salud (ex-Profe), al que pueden acceder los beneficiarios de esas pensiones, no es una obra social, por lo que no es doble cobertura y, en este sentido, el DNU es protector”, opinó Zambrano.
Adolfo Sánchez de León, expresidente de la Anlap y secretario general del Grupo PAIS (Pacto Argentino por la Inclusión en Salud), eliminar esa agencia es perder rectoría en la producción pública de medicamentos. “En una crisis, como la actual, los laboratorios públicos tienen un rol fundamental de producción de medicamentos esenciales para sus provincias y baja costos –explicó–. La tarea de la agencia era coordinarlos: hacerla desaparecer es un retroceso. Es un presupuesto mínimo en el Estado y no compite con el privado, pero organiza la elaboración complementaria de formulaciones pediátricas o productos de bajo costo o esenciales que la industria no produce ni provee.”
Rechazo
Por su parte, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) rechazó el decreto en cuanto a lo que establece sobre el funcionamiento de las farmacias y el ejercicio profesional. “El DNU permite la venta de medicamentos fuera de las farmacias, que ya se ha demostrado en el pasado que genera riesgo sanitario y automedicación, además de la elevación de los precios”, planteó la entidad.
El comunicado que firma el director del Ceprofar, Rubén Sajem, evalúa que las farmacias “funcionarán sin profesionales farmacéuticos que realicen y controlen las dispensas, privándose a la comunidad de su función esencial en el asesoramiento y seguimiento de los tratamientos de los pacientes”. A la vez, indica que “los medicamentos dejarán de dispensarse en forma personal, pudiendo ofrecerse en góndolas, lo que fomenta la automedicación”.
Otro punto, que coincide con una crítica del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb), es que se habilita a las droguerías a entregar medicamentos al público. “En la práctica, se fomentaría así la venta desde los laboratorios elaboradores a través de determinadas droguerías, lo que causaría distorsiones en la distribución, a la vez que no permitiría la libre elección por parte de los pacientes para acceder a sus medicamentos”.
Marcelo Peretta, secretario general del Safyb, consideró que eso fomentará el monopolio de la industria farmacéutica, dada su relación con las droguerías. “Para el decreto, no es importante el rol del farmacéutico”, dijo. “Mientras una farmacia, una droguería o un laboratorio está abierto, trabajando, debe estar presente el farmacéutico para todos los roles que establece la ley. El decreto indica que no importa la cantidad de farmacias en la que esté presente, si lo informa. Por convenio colectivo de trabajo, lo que se busca es que el farmacéutico se encuentre en el lugar y trabaje la cantidad de horas de operaciones”, agregó.
A favor, destacó el uso de la receta electrónica o digital, que a partir de julio del año que viene será el único recurso para la prescripción médica y dispensa. “Con esto, se terminan los errores de prescripción, dosis o frecuencia de toma y se elimina la falsificación de recetas, entre otros problemas. Es un avance que se termine de implementar”, indicó Peretta.
Natan Szmedra y Martín Uranga Vega, creadores de Recetario.com.ar, recordaron que los errores de medicación producen daños en siete millones de pacientes al año en el mundo. En gran parte, son graves o letales, según definieron. “Los sistemas de prescripción electrónica han demostrado ser una solución para mitigar estos daños, al punto tal que la OMS invita a los países a adoptar dichas soluciones por su mejora en la calidad de atención y en la seguridad del paciente”, explicaron. Ayer a la noche, siguieron con interés el anuncio del DNU.
“De acuerdo con las primeras lecturas, el texto trabaja sobre la ley de recetas electrónicas y/o digitales prexistente e impulsa su implementación y vuelve obligatoria la prescripción electrónica para julio de 2024. Existen en el país varias soluciones de prescripción electrónica que han establecido una colaboración para establecer una red de emisores de recetas interoperables y seguras. Mediante las mismas los pacientes la mayor parte de las obras sociales y prepagas puedan retirar sus medicamentos en todas las farmacias del país”, mencionaron los cofundadores de la empresa que ofrece soluciones de recetas y órdenes médicas electrónicas a instituciones de salud, desarrolladores de software de salud y médicos particulares, y que próximamente cambiará de nombre para expandirse y ofrecer software integral en salud.
