Las prepagas aumentarán libremente las cuotas y competirán con las obras sociales

El decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros del Gobierno libera los precios de la medicina prepaga al derogar, de la ley regulatoria de la actividad, la parte referida a las atribuciones de los funcionarios del área de Salud para autorizar los incrementos de las cuotas. La ley 26.682 aprobada en 2011 y de la cual se derogan algunos artículos -total o parcialmente-, le dio a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. Eso queda ahora eliminado.

Sí queda vigente, según la letra del DNU que ya fue publicado en el Boletín Oficial, la limitación existente para fijar precios diferenciales de los planes en función de la edad de quienes se afilian. Se ratifica, en tal sentido, que, entre la primera y la última franja etaria del esquema definido para establecer los precios, no puede haber una brecha de más de tres veces.

Referentes del sector dijeron a LA NACION que se encuentran analizando la letra del DNU. En las próximas horas habrá una reunión de directivos de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a diferentes actores de la actividad y que preside el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. Los directivos reclaman hace años sobre el tema, porque consideran que la suba de precios que se les fue permitiendo resultó insuficiente frente al alza de costos. Estiman que el retraso del valor de las cuotas es superior al 50%, pero a eso se agrega que la devaluación de este mes provocó un incremento fuerte en los costos de los insumos, muchos de ellos en dólares, porque son importados.

Uno de los temas que se considerarán en el encuentro de hoy es de qué manera aplicarán una suba de precios que sería cercana al nivel del retraso; si será, por ejemplo, un incremento de una única vez, o si se irán adecuando los valores en un camino gradual. Otro factor no menor es que no todos los afiliados tuvieron los mismos reajustes en el actual trimestre, ya que, por una medida del gobierno anterior tomada en el marco de la campaña electoral, hubo quienes lograron mantener la cuota congelada en uno, dos o tres meses.

Hasta el DNU estaba vigente un sistema –derivado de lo establecido por la ley ahora modificada- por el cual la Superintendencia de Servicios de Salud, como autoridad de contralor, publicaba la variación mensual de un Índice de Costos de Salud, y ese porcentaje era el autorizado para la suba de cuotas; además, regía un esquema de incremento topeado para afiliados con ingresos de hasta un determinado monto, que debían completar una declaración jurada. Ese tope estaba definido como el 90% de la variación mensual del índice salarial Ripte.

Para las cuotas de enero, el aumento autorizado según ese mecanismo era de 6,26% y, en la práctica, no iba a regir ningún tope, porque el porcentaje establecido como referencia para el límite máximo resultó superior a la variación de los costos de salud. Ahora, sin embargo, todo eso quedó sin efecto y las cuotas aumentarán según lo que decida cada entidad.

Más allá de cuál será finalmente el incremento en enero, en caso de haber continuado sin modificaciones el sistema de precios anterior, en ese mes un grupo de afiliados iba a recibir su factura con un reajuste de 40,67%. Se trata, concretamente, de quienes tuvieron la cuota congelada en octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con una decisión que había tomado, en el marco del llamado “plan platita”, el entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Ese porcentaje corresponde a la suba de precios que se acumuló, según el Índice de Costos de Salud, entre octubre y el actual mes de diciembre.

En esos tres meses, el precio para quienes no cumplían con los requisitos para acceder al congelamiento de cuotas subió 6,97%, 10,98% y 11,51% en cada período. Así, se acumuló un alza de 32,37% y, si se agrega la que estaba autorizada para enero, se llega al 40,67%. La medida de Massa consistió en la suspensión de la aplicación de los incrementos autorizados, por lo que las alzas, según se previó, se incorporarían al precio del plan una vez terminado el período abarcado por la medida.

En todo el año, la suba de las cuotas de las prepagas alcanzó un 135,76%, varias decenas de puntos porcentuales menos que la inflación que, ente enero y diciembre llegaría, según varias estimaciones de economistas, a un nivel de entre 200% y 220%. Pero, a la vez, esa variación del precio de los planes de salud es bastante superior al reajuste que tuvieron, por ejemplo, muchos jubilados de la Anses que, al recibir solo las recomposiciones según el índice de movilidad, sin cobrar bonos, tienen hoy un haber que supera en solo un 110,9% al de fines de 2022.

El DNU también dispone la incorporación de las prepagas a la ley 23.660 y, por tanto, al régimen de obras sociales. Según se desprende de la medida –cuyos alcances están siendo analizados por los referentes del sector- los trabajadores podrían derivar sus aportes salariales al pago de un plan de salud de una prepaga, sin tener que recurrir a la intermediación de una obra social, tal como ocurre ahora. Sería, así, una desregulación más plena que la existente para la elección de la cobertura de salud.

La incorporación a la ley de obras sociales también supone la adhesión de las prepagas al fondo de redistribución con el que se financian tratamientos y prácticas de alta complejidad y elevado costo, al menos cuando los afiliados deriven aportes salariales al plan de salud de la entidad. De hecho, uno de los artículos del DNU señala que, así como en el caso de las obras sociales sindicales el 15% de lo recaudado por aportes y contribuciones para el sistema de salud se deriva a financiar ese fondo (que funciona como una suerte de seguro), en las entidades prepagas ese porcentaje será del 20% de los recursos obtenidos, tal como ocurre con las obras sociales de personal de dirección de las empresas.

En los últimos años, los reclamos de los referentes de las prepagas con respecto a las cuotas fueron constantes. El actual sistema, que reemplazó a las autorizaciones oficiales discrecionales que existían previamente, surgió durante el gobierno de Alberto Fernández, es decir, en los últimos tiempos. Si bien otorgó previsibilidad para las empresas, que suben las cuotas todos los meses, los directivos nunca estuvieron conformes con cómo fue elaborado el índice, ni con el mecanismo bajo el cual funciona, porque hay un rezago entre el momento al que corresponden los datos que forman parte del cálculo y el momento en que se aplican las alzas.

Según datos aportados por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entre diciembre de 2019 y octubre de este año, mientras que la inflación acumuló un 780%, las cuotas de las prepagas subieron un 510% y el costo de dar prestaciones de salud, un 1157%. La actividad está regulada, entre otros aspectos, en lo que se refiere a cuáles son las prestaciones que obligatoriamente deben ser ofrecidas en todos los planes.

Por Silvia Stang

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