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Dorina Bonetti, presidenta de Acumar: "Estamos encarando una nueva revisión del plan"
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LA NACIONJavier Drovetto
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
–¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
–Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
–¿Y esas obras no tienen un plazo?
–Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
–La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
–Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
–¿Y las descargas industriales?
–Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
–¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
–Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
–¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
–Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
–¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
–Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
–¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
–Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
–Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
–Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
–¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
–Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
–La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
–Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
–Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
–Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
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