El abogado compromete a sus defendidos

DOLORES- "Seguramente todos fueron testigos de la ejecución", anticipó ayer a La Nación el defensor de los cuatro integrantes de la banda reclutada en La Plata sospechados de haber participado en el asesinato de José Luis Cabezas.

Los dichos del abogado Fernando Burlando agravarían la situación de sus defendidos, aunque el letrado se empeñó en aclarar, que el hecho de que los detenidos Héctor Retana y Gustavo González, más los prófugos José Luis Auge y Horacio Anselmo Braga hayan concurrido al lugar del crimen acompañando a Gustavo Prellezo, sindicado como el ejecutor del fotógrafo, no significa que tomaran parte activa en la muerte, pues a su entender, el cuarteto estaba convencido de que sólo se iba a "apretar" a la víctima y no a ultimarla, como finalmente ocurrió.

Negaron todo

Sin embargo, cuando Retana y González declararon ante el juez, negaron haber estado presentes en la escena del crimen, limitando su participación a una mera tarea de vigilancia en las inmediaciones de la casa del empresario Oscar Andreani, horas antes del asesinato.

Pero, las manifestaciones de Burlando fueron confirmadas por un allegado a la investigación, quien además aseguró que en las próximas horas se reanudarán los operativos en la costa atlántica y en La Plata, en busca de Auge, Braga y un tercer civil, además de otros tantos policías presuntamente vinculados a este hecho.

Ayer se informó que uno de los uniformados en la mira sería el ex comisario Alberto Pedro Gómez, alias "La liebre", ya que se sospecha que podría haber incurrido en encubrimiento y participación secundaria en este homicidio.

"A Gómez se le cae la causa encima", graficó el informante, al referirse a quien se desempeñara durante siete años al frente de la comisaría de Pinamar.

El ex oficial principal Sergio Camaratta, detenido el viernes pasado por su posible relación con los hechos investigados, se negó a declarar ante el juez José Luis Macchi.

Por su parte, el magistrado prorrogó el secreto del sumario y la incomunicación del ex oficial hasta mañana al mediodía.

Negociaciones

En cuanto a los prófugos Auge y Braga, su defensor explicó que están prácticamente finalizadas las tratativas para lograr que el gobernador Duhalde les conmute las penas a cambio de la confesión.

"Con la esfera política ya casi todo está arreglado, falta que nos permitan hablar con Retana y González y tengamos acceso al expediente", explicó Burlando. "Hasta que no se cumplan estos pasos, mis defendidos no se entregarán", puntualizó.

"Esta gente está muy asustada -añadió- y quiere tener todas las garantías antes de ir al juez".

De todas maneras, parece que esta entrega tan anunciada se realizaría en las próximas horas y nadie duda que cuando el dúo se enfrente a Macchi, la situación del ex oficial Gustavo Prellezo, se complicará aún más.

No obstante, los investigadores se mueven como si dichas negociaciones no existieran e inclusive un allegado a los pesquisas anticipó que se estaría por difundir las fotografías de los buscados, para facilitar su captura.

Duhalde ahora se propone descubrir al autor intelectual

Carnada: el gobernador obtuvo la anuencia de la familia de Cabezas para tentar a los delatores ofreciéndoles conmutación de sus penas.

LA PLATA.- Por segunda vez, Eduardo Duhalde pone en práctica recursos extrajudiciales para obtener información que permita esclarecer el asesinato del reportero gráfico. Y ahora apunta al autor intelectual del crimen.

En la primera oportunidad el mandatario puso en práctica el controvertido método de la recompensa dineraria a quien aportara datos que permitieron llegar a los autores materiales del crimen.

En esta segunda ocasión lanzó la oferta de la conmutación de penas para beneficiar a los implicados, si aportan nueva información.

Esta vez la estrategia del titular del Poder Ejecutivo bonaerense no apunta ya a los partícipes de la comisión material del crimen, sino que va más arriba: quiere llegar al autor intelectual.

En ese sentido, Duhalde requirió ayer de la familia del fotógrafo asesinado su anuencia para poner en práctica la conmutación de penas.

Y sobre esto, el abogado de Cabezas, Alejandro Vecchi, dijo: "La familia está de acuerdo con todo lo que esté dentro de la ley. De todas maneras esa será una medida que se pondrá en práctica luego del dictado de las respectivas condenas".

La hermana del reportero gráfico, Gladys Cabezas, fue terminante en su aprobación: "Nosotros queremos saber quiénes fueron y por qué lo mataron..."

El viernes, en una conferencia de prensa que había despertado visible ansiedad entre los hombres de prensa, Duhalde había puesto en primer plano su oferta de reducción de penas al detenido o prófugo implicado en el caso Cabezas que abriera el camino hacia el instigador.

Ayer el mandatario dio los primeros pasos para poner en marcha esta segunda etapa de su estrategia extrajudicial.

La tarea comenzó con un informe sobre el estado de la investigación policial, especialmente en lo que se refiere a los prófugos José Luis Auge y Horacio Anselmo Braga.

El portador del informe fue el comisario Víctor Fogelman, quien, al abandonar la residencia oficial del gobernador, expresó que los nombrados aún no habían sido detenidos.

Cámara oculta

Confirmó el investigador que continúa la búsqueda de la cámara fotográfica de José Luis Cabezas y agregó que una probable negociación entre el abogado de Auge y el Poder Ejecutivo excede su competencia. También confirmó el secuestro de los restos calcinados de un automóvil Fiat 147 blanco, que fue hallado en la zona de Pereyra por personal policial de Villa Elisa.

Fogelman dijo que no podía afirmarse que fuera ese el vehículo utilizado por Gustavo Prellezo en la noche del crimen, o el que permanece secuestrado en Dolores y que fuera hallado en la casa particular del oficial detenido.

Posteriormente Duhalde conversó con el representante legal de la familia Cabezas, quien concurrió en compañía de Gladys Cabezas.

El doctor Vecchi dijo que "parte de la conversación estuvo vinculada con las medidas que se están tomando en este momento y el propósito es que la familia Cabezas esté informada. El gobernador nos informó de lo que ocurre en el plano extraoficial".

La seguridad de las familias

El letrado expresó que la pista que se sigue es muy segura y en cuanto a Braga y Auge dijo que "si logramos que entiendan que tienen que declarar y que de eso depende la seguridad de sus familias, lograremos algo positivo".

En cuanto al presunto autor intelectual aseguró que no podía "descartar a nadie, pero para saber si existe hay que esperar que los que están vinculados a la causa confiesen".

Duhalde definió con Eduardo De Lázzari y Víctor Fogelman hasta dónde se puede estirar el beneficio a quien hable, para transmitirlo a partes interesadas.

La conformidad de la familia Cabezas permitió bajar la bandera de largada en este nuevo capítulo de la investigación. Puede haber novedades importantes en las próximas horas. Los pasos, esta vez, van en dirección al autor intelectual del hecho.

Las casualidades de un caso que está a punto de resolverse

Preguntas: los periodistas acreditados en esta ciudad, tienen más interrogantes a medida que el caso parece esclarecerse.

DOLORES.-La cobertura del caso Cabezas, que hoy cumple 80 días, es un permanente sube y baja en el que se alternan dos estados de ánimo. Cuando sale información del juzgado y del cuartel general de los investigadores, todos corren detrás de ella y reina el optimismo. Pero cuando los voceros habituales callan, las charlas de café de los periodistas se estiran y aparecen preguntas que nadie puede contestar.

Ayer, hasta que aparecieron las novedades de última hora (ver nota aparte), fue un día cargado de silencios y dudas. A saber: ¿por qué tanto despliegue de hombres y coches en la fiesta de Andreani, cuando los asesinos podrían haber esperado a Cabezas en la puerta de su casa, donde supuestamente fue secuestrado?

¿Por qué hizo falta la contratación de una banda de delincuentes de Mar del Plata, y otra de La Plata, para matar a un fotógrafo indefenso?

¿Por qué el gobernador Eduardo Duhalde se encontraría pactando la entrega de dos pófugos que habrían participado del asesinato, cuando él dijo hace menos de 10 días que solamente aceptaría conmutarle las penas a los partícipes secundarios?

¿Por qué los allegados al gobernador revelaron detalles de su presunta intervención en la detención y posterior confesión del arrepentido Héctor Miguel Retana, dejando al descubierto la injerencia del jefe del Poder Ejecutivo provincial, en diligencias que corresponden al ámbito del poder judicial?

¿Se puede entender semejante intervención si el caso cierra sin móvil político ni personajes poderosos involucrados?

Ladrón de casas

¿Qué valor jurídico puede tener el testimonio de un simple ladrón de casas que arregló su confesión mientras compartía un asado con el gobernador en la quinta de San Vicente?

¿Si esa reunión social existió, porqué fue negada ayer por el abogado de Retana, Juan Martín Cerolini, en diálogo con La Nación ?

¿Cuánto tiempo más llevará la explicación de los investigadores de cómo el arma que habría matado al fotógrafo llegó a manos del presunto autor material, cuando fue encontrada en poder del dueño, quien no conoce al presunto asesino y ni estuvo en la escena del crimen, según los testimonios recogidos?

Estas preguntas se suman a muchas otras sin respuesta que La Nación y otros medios plantearon la semana pasada, mientras llovían detenciones y el gobernador bonaerense evaluaba que la resolución del caso, en una escala de uno a diez, había alcanzado seis puntos, afirmación que fue calificada de "prudente" y "cautelosa" por los analistas.

Declaración

Para hoy está prevista la declaración ante el juez de la testigo estrella Diana Solanas, cuyo reconocimiento de dos sospechosos llenó de satisfacciones a los pesquisas. Nadie descarta que Solanas siga reconociendo sospechosos para rencausar la investigación.

Solanas, a quien el investigador principal se cansó de elogiar, es en las palabras del comisario mayor Víctor Fogelman, "una gran señora."

Da la casualidad que tiene relación con otros protagonistas del caso.

Solanas es oriunda de Bahía Blanca. Su prima hermana, la jueza a cargo del juzgado criminal N°3 de Bahía Blanca, María Pía Solanas, dejó en libertad, el 26 de diciembre último al testigo clave Carlos Redruello, un fabulador profesional que aportó el testimonio que derivó en las cinco detenciones de la presunta banda de Pepita la Pistolera.

"Todos los miembros de la banda de Pepita tienen un punto de contacto con la zona de Bahía Blanca", reconoció un importante funcionario judicial vinculado al caso. Fogelman también estuvo destinado en Bahía Blanca, y el ex policía detenido Jorge Alberto Cabezas, según su abogado, fue sumariado por negarse a un traslado a Bahía Blanca. Según fuentes policiales, el ex policía también tendría una causa por estafa en el juzgado de Solanas.

Cabe agregar que el ex oficial inspector Héctor Colo, otro de los policías sospechados, es oriundo de Lamadrid, un pueblo vecino de Bahía Blanca.

Otro de los detenidos, Juan Domingo Dominichetti, tiene un pedido de captura en Bahía Blanca.

El marido de Diana, el ingeniero Oscar Bafiggi, casualmente está trabajando en una obra civil en Dolores, muy cerca de donde el juez José Luis Macchi trabaja el caso.

Hace unos días le contó a La Nación que el mes pasado él y Diana viajaron a Bahía Blanca para visitar a la familia y se encontraron con la jueza, con quien se asombraron por la coincidencia de ser ambas partícipes involuntarias de la investigación.

Cesantearon a 81 policías por cometer delitos

Suboficiales y agentes: la nueva nómina de efectivos echados de la Policía Bonaerense se incluye en la depuración impuesta por Duhalde.

LA PLATA.- Otra lista de policías cesanteados -81 en esta oportunidad- fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad de la Gobernación, en el marco de la depuración anunciada por el Poder Ejecutivo.

A diferencia de las nóminas anteriores, la actual no incluye a miembros de la oficialidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los 81 efectivos separados de sus funciones integraban el cuerpo de suboficiales y tropa de la repartición en sus distintas jerarquías.

En esta oportunidad la lista está compuesta con los nombres de seis sargentos primero, once sargentos, diecisiete cabos primero, un correo, 20 cabos y 26 agentes.

Ese personal fue declarado prescindible por solicitud del jefe de Policía, por hallarse incurso en faltas o delitos que, a juicio del titular de la entidad, hacen necesaria su separación del cargo.

No obstante, la información destaca que "la emergencia declarada es causal suficiente para determinar dichas prescindibilidades". Este tipo de separación del cargo es conocido como prescindibilidad simple y generalmente está fundado en causales disciplinarias.

Aclara también la información de la Secretaría de Seguridad que el pago de las indemnizaciones a los despedidos queda en suspenso hasta tanto se sustancien las actuaciones sumarias o penales, según el caso.

Es decir que, bajo el común denominador de la falta disciplinaria, los sumarios en que están incursos los hombres incluidos en las nóminas han determinado al jefe de Policía a pedir la separación de los nombrados de las filas policiales.

En algunos casos se trata de miembros de la fuerza que tienen causas pendientes por delitos menores -robos y hurtos- sobre los cuales no ha recaído aún sentencia judicial firme.

Casos sin resonancia

Funcionarios de la Policía Provincia, ante una consulta, aclararon que en la lista dada a conocer no hay en esta ocasión nombres vinculados a episodios que pudieran haber alcanzado resonancia periodística.

Se indicó sin embargo, que algunos casos se vinculan al proceso de depuración de la fuerza iniciado durante la gestión del doctor Eduardo De Lázzari al frente de la Secretaría de Seguridad de la Gobernación.

En los restantes casos se trata de elementos encuadrados en las normas reglamentarias anteriores y a quienes, por la índole de la falta, corresponde dar de baja. Pero la separación se dispone ahora en los términos de la ley 11.880 que abrió el proceso de reestructuración y puso en situación de disponibilidad a todo el personal de la fuerza.

De la aplicación de esa norma surge entonces que durante la gestión de De Lázzari ya hubo 232 cesantías.

En las nóminas anteriores se incluyó, según se informó, la separación de efectivos que participaron en casos de extrema gravedad.