El fantasma de la bonaerense persigue a la Policía Federal

Un fantasma recorre la Policía Federal: el de la bonaerense.

Oficiales y funcionarios lo exorcizan con desmentidas e imprecaciones -"esa comparación es enfermiza", grita el secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma-, pero persiste como una maldición: esa que reza "maldita policía".

En un contexto de disidencias internas y de presiones externas para separar de la Federal un cuerpo de seguridad metropolitano que dependa de la jefatura del gobierno porteño, una serie de investigaciones judiciales en curso -la más publicitada es instruida por el fiscal Pablo Lanusse- persigue la hipótesis común de que existe una red de corrupción que, por su extensión y reaparición en diferentes lugares y momentos, sólo es explicable por una subyacente lógica institucional.

En otras palabras: que la Policía Federal (PF) tiene formas ilegales de financiar sus actividades y que ellas abren margen para el enriquecimiento ilícito de sus oficiales.

El llamado "impuesto al delito" (cobro a prostitutas, vendedores ambulantes o de drogas, etc.), la extorsión a comerciantes legales y el fraude con la liquidación de servicios adicionales son algunos de los presuntos métodos de financiamiento en investigación y señalados a La Nación por diversas fuentes policiales consultadas.

"Lo único que tienen son 200 pesos de caja chica por comisaría", denunció Roque Bellomo, presidente de la Junta de Seguridad de la Legislatura porteña.

La policía, por su parte, argumenta que el financiamiento adicional lo provee la Asociación de Amigos de la Policía.

Sin embargo, se queja en todas las instancias políticas de que carece de recursos.

Ex oficiales de la Federal admitieron a este diario que era una práctica habitual "inflar" el número de efectivos destinados a realizar servicios adicionales para obtener fondos. "Por ejemplo, se decía que se destinaban 200 efectivos para un partido de fútbol y luego se enviaban 150.

"¿Quién lo iba a controlar?", explicó una de las fuentes.

"El tema de los adicionales está como para estallar", dijo a La Nación un alto jefe de la fuerza.

Los casos de las comisarías 16a. y 50a., donde, según testimonios, se cobraba "protección" a delincuentes y comerciantes, ejemplifican los otros mecanismos.

El ex jefe de la 50a., comisario Norberto Vilela, ocupa hoy la jefatura de la División Policía Adicional y Contralor.

La diferencia entre las investigaciones actuales y otras del pasado es la situación interna y externa de la fuerza.

Desde adentro

En el contexto de lo que altos oficiales de la Policía Federal calificaron como "falta de conducción y falta de independencia del Gobierno" por parte del actual jefe de la fuerza, comisario general Pablo Baltazar García, surgió el pedido de pase a retiro del máximo jefe de la represión antidrogas, comisario general Juan Carlos Raffaini, quien investigaba la corrupción interna de la fuerza.

Algunos quieren ver a Raffaini como un exponente de la honestidad y la austeridad.

Quienes así se manifiestan, sostienen que su única sanción se debió a esas condiciones de personalidad.

Y cuentan que Raffaini descubrió un día que un detenido había sido alojado en un despacho, en lugar de una celda. Cuando preguntó, le dijeron que estaba vinculado con el radicalismo, entonces en el gobierno. Ordenó que lo enviaran a una celda. La jefatura lo sancionó luego con diez días de arresto y un pase a disponibilidad.

Movimientos internos

Detrás de Raffaini se concentraban sectores de la PF que esperaban una suerte de "limpieza" interna. Voceros del Gobierno afirman, por eso, que existía una conexión entre el oficial y el Frepaso, pero fuentes vinculadas con ambos lo negaron.

Amigos de Raffaini recordaron que éste era reacio a la política y que, en todo caso, "pateaba más bien para el otro lado", es decir, estaba formado en el nacionalismo conservador que ha sido tradición en la fuerza.

Raffaini ha sostenido una línea de disidencia con la conducción al menos desde la asunción de Adrián Pelacchi como jefe, en 1994, cuando la fuerza asumió algunos compromisos mayores con el gobierno menemista.

En particular, los oficiales consultados señalaron dos contratos de mayo de 1995: la licitación para ceder la confección de pasaportes y cédulas, obtenida por Ciccone Calcográfica -empresa vinculada con el difunto Alfredo Yabrán por el ex ministro Domingo Cavallo e imprenta de los famosos "menemtruchos"-, y el contrato con la firma Lo Jack, de seguridad electrónica para automóviles, cuya cabeza visible, Oldemar Barreiros Laborde, está prófugo de la Justicia.

En una reunión de la plana mayor, Raffaini se retiró disgustado cuando entró Barreiros Laborde: lo había apresado en 1977 por delitos económicos y tomaba el contrato como una ofensa personal y para la fuerza.

Pero aun los más críticos de su gestión valoran más a Pelacchi que a su sucesor. "A Pelacchi le decían el "yo-yo", porque era muy egocéntrico, pensaba sólo en él", dijo un alto oficial a La Nación . La opinión fue ratificada por otros oficiales.

Pelacchi tenía un proyecto para la fuerza y otro para sí mismo. Preveía la futura división de la Policía Federal y apostaba a que se convirtiera en una suerte de FBI argentino, es decir, una agencia federal de investigaciones, desligada de la seguridad metropolitana, dijeron las fuentes.

Su pase a la Secretaría de Seguridad Interior, de donde fue rápidamente removido, fue interpretada por muchos oficiales como una forma del ministro del Interior, Carlos Corach, de dejar al frente de la fuerza a García, quien hizo su carrera en el escalafón administrativo y es considerado "más maleable".

Los de afuera

La intervención política en el tema policial agrava la crisis. La Federal tiene una tradición de resolver las acusaciones en su seno, generalmente bajo presión. Así ocurrió con el secuestro y asesinato del empresario Osvaldo Sivak (1979 y 1987) y lo mismo pasó con el secuestro de Mauricio Macri (1991), que pusieron al descubierto bandas integradas por oficiales y suboficiales de importancia.

La clase política, embarcada en la campaña electoral del ´99, no deja afuera a nadie. Fuentes del Gobierno, por ejemplo, intentaron demostrar que el pronunciamiento de Raffaini y las acusaciones contra el comisario general Luis Fernández, jefe de Seguridad Metropolitana -e imputado en la investigación de Lanusse- no eran más que otra prolongación de la interna de la Alianza.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admitieron que mantenían una muy buena relación con Fernández. El subsecretario del Gobierno de la Ciudad, Jorge Enríquez, aceptó que, cuando se planteó el perfil del jefe de la futura fuerza de seguridad del distrito, se pensó que "lo más lógico era que fuera un jefe de la policía con alta graduación y buena foja de servicios".

Desde el Frepaso, en cambio, Bellomo negó vínculos con Raffaini y sostuvo: "Fernández está muy ligado a Corach y está actuando al unísono con Toma, hombre de Corach. Es el hombre que encarna institucionalmente las políticas y los discursos del Gobierno de la Nación".

La Secretaría de Seguridad tiene un proyecto para reformar la llamada ley Cafiero y autorizar la creación de la policía porteña. Enríquez y Bellomo coincidieron en que el Gobierno amenaza con hacerlo, pero no lo hace.

Para el marxista italiano Antonio Gramsci, la crisis ocurría cuando lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer. Para la PF, que tantas veces temió la "subversión gramsciana", esa definición parece a medida.

Casos resonantes en la Federal

• Banda de los comisarios: integrada por oficiales -en su mayoría de alto rango-, fue responsable de los secuestros extorsivos de los empresarios Sergio Meller, en 1984, y Mauricio Macri, en 1991.
• Osvaldo Sivak: la banda que secuestró y asesinó al empresario estaba formada por policías y civiles, y fue responsable de otros secuestros, como los de los empresarios Eduardo Oxenford y Federico Neuman.
• Walter Bulacio: en abril de 1992 el joven fue detenido por personal de la comisaría 35a. Murió días más tarde a raíz de los golpes que, al parecer, habría recibido durante su detención.
• Comisaría 48a.: en junio de 1989 fueron procesados cinco policías, acusados de extorsionar por tres mil dólares a un comerciante.
• Nafta fraudulenta: en junio de 1988 fueron detenidos seis integrantes de la fuerza acusados de robar nafta perteneciente a la institución para venderla en beneficio propio.
• Comisaría 10a.: en marzo de 1988 cinco policías fueron procesados por extorsión y allanamientos ilegales en contra de una familia que días antes había realizado una denuncia por robo.

Casos en la policía bonaerense

• 8 de mayo de 1987: en Ingeniero Budge murieron tres jóvenes baleados por policías bonaerenses. El caso se conoce como "la masacre de Budge".
• 31 de agosto de 1990: la plana mayor de la comisaría 9a. de La Matanza fue detenida, acusada de comercializar automóviles robados.
• 17 de agosto de 1993: Miguel Bru (23) desapareció tras denunciar abuso de autoridad en una comisaría platense.
• 10 de enero de 1994: masacre de Wilde. Dos personas murieron baleadas por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
• 5 de julio de 1996: todos los integrantes de la División Narcotráfico Quilmes fueron relevados a raíz de la detención de tres de sus miembros vinculados con el narcotráfico.
• 8 de julio de 1996: detuvieron a 12 efectivos de la policía bonaerense y exoneraron a otros dos por su conexión con el atentado en la AMIA.
• 28 de agosto de 1996: trece miembros de la División Defraudaciones y Estafas zona norte fueron detenidos por exigir dinero a empresarios investigados por supuestos casos de evasión impositiva.
• 25 de enero de 1996: luego del asesinato de José Luis Cabezas, la cúpula de la comisaría de Pinamar fue desarmada.

Por Gabriel Pasquini

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