“Falta de ambición”: el nuevo compromiso climático del Gobierno flexibiliza el límite de emisiones de carbono

Tras dos años de silencio, hoy el Gobierno argentino presentó un documento clave para las negociaciones climáticas, llamado Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), que define los límites de emisiones que el país propone ante Naciones Unidas. Lo hizo en el marco del inicio de la trigésima primera Cumbre del Clima (COP31), en la ciudad de Antalya, Turquía. Pero tanto las formas como el contenido han sido objeto de críticas por parte de asesores y organizaciones dedicadas a la política climática.

Plantó metas menos ambiciosas que la versión anterior, que caducó en 2024; eliminó los objetivos de género, e incluyó ciertos instrumentos que antes no contemplaba, como los mercados de carbono.

Este documento es uno de los más fundamentales dentro de las negociaciones climáticas de Naciones Unidas, pues fija el límite de emisiones de gases de efecto invernadero que cada país se propone.

De acuerdo con los principios regentes del Acuerdo de París, al que la Argentina suscribió y ratificó en la Ley 27.270, cada cinco años las Contribuciones Nacionales Determinadas de cada país deben actualizarse y deben tener progresivamente mayores niveles de ambición en términos de reducción de emisiones.

Como lo explicaron asesores y observadores de Naciones Unidas a LA NACION, el cumplimiento de estos procesos da seriedad a los compromisos que la Argentina asumió al firmar el Acuerdo de París, en 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Durante varios meses de 2025, el exsubsecretario de Ambiente Fernando Brom había planificado su viaje para presentar la nueva NDC, que reúne las metas actualizadas de acción climática del país. Tras casi dos años de trabajo, el subsecretario incluso convocó a una conferencia de prensa, una semana antes del inicio de la COP30, para anunciar su inminente publicación. Sin embargo, una semana después —y en medio de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete—, el documento nunca fue enviado a Naciones Unidas y Brom tampoco viajó a la COP30, que se celebró en Belém, Brasil.

Aún no está claro qué motivó esa orden ni por qué la NDC quedó sin remitirse, aunque desde el área de Ambiente dijeron a LA NACION que el reporte quedó detenido en la Cancillería, a la espera de la firma del ministro Pablo Quirno. Sorpresivamente, el documento fue subido hoy a la base de datos de las Naciones Unidas.

“Me hace acordar a mis metas para ir al gimnasio”, ironizó Óscar Soria, argentino, experto en negociaciones climáticas y CEO del think tank internacional sobre política climática Common, en diálogo con LA NACION.

En el documento, el Gobierno comunicó su nuevo límite de emisiones. Lo elevó a 375 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2035. En el informe anterior, el tope era de 359 millones para 2030, un número que debería ir bajando. Sin embargo, el nuevo techo se amplía y se proyecta cinco años más allá. Para dimensionar: en 2022, último año registrado, la Argentina emitió 401 millones de toneladas, según datos oficiales.

El Ejecutivo plantea que con este objetivo se reducirá un 17% de las emisiones. Sin embargo, toma como referencia el máximo histórico, registrado en 2007. Un análisis preliminar elaborado por Common plantea que la referencia debería ser 2022, cuando se presentó la NDC anterior. En ese caso, la reducción sería menor. Tanto Common como otras organizaciones consideran que el nuevo documento representa una flexibilización.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el aumento del límite de emisiones podría asociarse con la expansión de sectores altamente emisores. En la Argentina, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero es el sector energético (50%), seguido por el agroganadero-forestal (entre el 25% y el 40%). El país aporta menos del 1% de las emisiones globales.

En materia de género, el nuevo documento tiene un claro redireccionamiento. El texto plantea de forma expresa: “La República Argentina entiende el término género, de conformidad con el artículo 7.3 del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional: según este artículo, el término “género” refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede”, planteó el Ejecutivo.

Por otro lado, el nuevo documento dice haber mejorado la forma de medir las emisiones con una metodología fiel a la realidad. También incluyó metas de adaptación al cambio climático y de acción frente a las pérdidas y los daños que ya generan los fenómenos climáticos extremos.

Aunque celebró esos avances técnicos en la elaboración del inventario de emisiones, que ahora utiliza metodologías más precisas para estimar el 79% de las emisiones, un análisis preliminar elaborado por Common cuestionó la ambición real del nuevo compromiso climático. Advirtió que esas mejoras no necesariamente se traducen en un mayor esfuerzo para reducirlas.

El informe de Common también advirtió sobre la falta de metas intermedias y de una trayectoria acumulativa de reducción de emisiones entre 2021 y 2035. La NDC establece compromisos para 2030 y 2035, “pero no define objetivos específicos para los años anteriores ni un presupuesto de carbono que permita evaluar cómo evolucionarán las emisiones durante ese período”, planteó el informe del think tank.

Mariano Villares, director y cofundador de Sustentabilidad sin Fronteras y del Observatorio Nacional de Acción Climática, afirmó que desde la organización identificaron que casi el 90% de los objetivos climáticos que monitorean “están fuera de la trayectoria esperada”. “Argentina necesita transformar sus compromisos en políticas concretas, con recursos, responsables y resultados verificables”.

Tanto Villares como Soria cuestionaron la falta de indicadores verificables en los compromisos de adaptación al cambio climático y de respuesta ante las pérdidas y los daños. Aunque el documento incorpora estos componentes, el análisis señala que no cuenta con suficientes líneas de base, metas cuantificables ni mecanismos que permitan evaluar su cumplimiento.

No está claro por qué el Gobierno demoró tanto en publicar un documento que se escribió hace dos años. Esto sorprendió a varios actores cercanos a los círculos de negociación. LA NACION contactó a representantes de la Cancillería para conocer las razones de la demora, pero no obtuvo respuestas.

“Pensamos que hay intereses que forzaron al Ejecutivo a entregarla, pero estos están muy lejos del quehacer ambiental. Puede ser por la intención de impulsar los mercados de carbono para lograr pertenecer a la OCDE”, ponderó Mariano Villares, director y cofundador de Sustentabilidad sin Fronteras.

La semana pasada, el Senado otorgó media sanción a un marco regulatorio de los mercados de carbono. Estos son mecanismos que permiten asignar un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero.

En términos abstractos, estos mercados permiten asignar un valor económico a las emisiones y comercializar créditos que representan reducciones o capturas de gases de efecto invernadero.

Funciona de la siguiente manera: las empresas que emiten gases de efecto invernadero pueden comprar créditos de carbono para compensar parte de sus emisiones, mientras que otras organizaciones o proyectos reciben dinero por reducirlas o capturar carbono. Esto puede ocurrir, por ejemplo, mediante la conservación de bosques amenazados, la reforestación o el desarrollo de energías renovables.

El lunes de la semana que viene, una delegación argentina encabezada por Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, participará durante dos semanas en las negociaciones de la COP31 en Turquía.

ONUCambio climático

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