Hay más armas ilegales que registradas

Nada asusta más a un hombre o a una mujer en la Argentina que encontrarse de frente con el cañón de un revólver o una pistola listo para detonar y segar una vida.

En el actual contexto de una inseguridad que aterroriza a la población, el Gobierno se apresta a reeditar el plan de desarme que, entre 2007 y 2008, le permitió recolectar y destruir más de 107.000 armas. Pero ese programa, que oficialismo y oposición aprobaron por abrumadora mayoría, seguramente no logrará que se reduzca de manera significativa el mercado ilegal del que se nutren asaltantes y asesinos, y que hoy se calcula en aproximadamente un millón y medio de armas, más que las que el Estado tiene registradas.

No se ha realizado ningún análisis estadístico oficial para verificar cuál ha sido el impacto del Programa Nacional de Desarme Voluntario en el número de delitos violentos. Se sabe que entre 2007 y 2008 sacó de circulación 107.761 armas de fuego y 774.500 municiones, y que en ese tiempo el número de homicidios aumentó de 2666 a 2756, con un acumulado de casi 24.000 en la década 1997-2007. El desconocimiento de las causas efectivas de este crecimiento invalida cualquier tipo de estudio comparativo.

El Registro Nacional de Armas (Renar) tiene registradas 1.240.000 armas de fuego y 698.077 legítimos usuarios (LU). De las 107.000 armas destruidas por el plan de desarme, aproximadamente la mitad estaban empadronadas; la otra mitad representa menos del 5% de ese mercado ilegal que, hasta ahora, el Estado no ha atacado con eficiencia y perseverancia. Según aseguraron fuentes del sector a La Nacion, ha disminuido el número de nuevas armas registradas: en 2010 el Renar expidió unas 35.900 credenciales de tenencia de armas, casi 20.000 menos que las 55.644 emitidas en 1999.

Los LU se quejan de que el Renar, que lleva adelante el plan de desarme, dificulta el empadronamiento. Algunos de ellos rescatan que ese programa ha sido una buena estrategia para retirar de circulación armas sin registrar o que, estando empadronadas, sus dueños ya no querían tenerlas. Otros lo ven como una pérdida de tiempo y de dinero del erario público cuya consecuencia es la de más delincuentes armados y más ciudadanos indefensos.

Pero hay otros números que inquietan. Durante el debate por la discusión de una nueva ley de armas en el Congreso, el médico Hugo Spinelli, director de la maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional de Lanús, sentenció: "Entre 1990 y 2008, en la Argentina murieron 59.339 personas por armas de fuego, una cifra que supera la cantidad de soldados norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam".

Un análisis realizado por Diego Fleitas, presidente de la Asociación para Políticas Públicas (APP), sobre la base de datos de mortalidad del Ministerio de Salud de la Nación, revela que entre 1997 y 2007 hubo 34.606 homicidios, de los cuales el 69% (23.937) fue producto del uso de armas de fuego.

Sostiene este investigador que una proporción importante de esos homicidios no fueron cometidos en ocasión de otro delito, sino que son fruto de conflictos interpersonales, peleas familiares o de pareja, de grupos de jóvenes, venganzas o ajustes de cuentas y discusiones vecinales o callejeras del momento.

Letal efectividad

Surge del mismo estudio que hubo, en idéntico período, 31.070 suicidios, de los cuales el 32% (unos 9900), fueron ejecutados con armas de fuego. Diversos estudios independientes señalan que la "efectividad" de las tentativas de suicidios con armas están por encima del 90 por ciento.

"Posiblemente como consecuencia del plan de desarme, en la provincia de Buenos Aires se produjo un descenso del 10% en los suicidios, que fue mucho mayor en los suicidios con armas de fuego, que fue del 31% entre 2006 y 2008", especula Fleitas en su publicación Los planes de recolección de armas en Latinoamérica .

En ese tiempo, según el relevamiento de Fleitas, murieron por accidentes con armas de fuego 224 niños de entre 1 y 14 años y 436 jóvenes de entre 15 y 19 años entre 1997 y 2007. En ese período fueron asesinadas 4684 mujeres: más de la mitad, 2621, con armas.

"La proliferación, el tráfico y la disponibilidad de armas de fuego actúan como variables y factores capaces de hacer posible o agravar hechos de violencia. Sin el fácil acceso a las armas podrían no terminar de manera letal las tentativas de suicidio impulsivas de los adolescentes, accidentes con niños, peleas familiares o discusiones vecinales o de tránsito", sostiene Fleitas en su informe.

Los objetivos del plan

Desde la Red Argentina para el Desarme (RAD) sostienen que el programa de entrega voluntaria de armas no tiene como objetivo primario bajar los niveles de inseguridad o evitar robos, secuestros u homicidios. Puede incidir, sí, pero su real valía no está en el corto, sino en el mediano y largo plazo, como una estrategia de prevención de la violencia a partir de la reducción del acceso a medios letales, tal como lo expresó en 2008 la Organización Mundial de la Salud.

Explican que el desarme ciudadano no ataca directamente al mercado negro de las armas, pero sí dificulta el desvío de armas registradas a manos ilegales y desacelera la proliferación de armas, cuyo uso indeseado se verifica tanto en la actividad criminal como en los conflictos interpersonales. Parten de un dato irrefutable: antes de entrar en el mercado ilegal, las armas fueron "legales". Lo mismo ocurre con las municiones.

El control de armas tiene tres grandes patas: reducción de oferta, de demanda y de uso inapropiado.

Entre las políticas destinadas a restringir la oferta está el control de arsenales públicos y de stocks de armas incautadas o secuestradas. Recientemente fueron noticia los robos de armas de todo calibre en distintas reparticiones militares; lo mismo ocurre con faltantes en comisarías o en tribunales en todo el país.

Según dijeron fuentes judiciales a La Nacion, hay en fiscalías y juzgados de todo el país 300.000 armas de fuego sometidas a procesos penales en condiciones de ser destruidas por la vigencia de la ley 25.938, de armas confiscadas, secuestradas e incautadas. Hay 90.000 sólo en Buenos Aires. Si esas armas pasaran al mercado ilegal sería una tragedia.