Hubo numerosos alertas que no se atendieron

Transporte Metropolitano Roca SA, la empresa que explota la concesión del ferrocarril que tiene su cabecera en la estación Constitución, donde anteayer se registraron violentos incidentes por las demoras en las salidas de los convoyes, fue la firma que recibió la mayor cantidad de multas entre todos los concesionarios del servicio de trenes.

De los 40 millones de pesos de multas aplicados entre 2002 y 2004 a las distintas concesionarias, $ 16 millones correspondieron a sanciones adjudicadas a deficiencias en el funcionamiento de Metropolitano, según consta en un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Dicho informe, elaborado en 2006 por el organismo a cargo del síndico Claudio Moroni, reveló que las otras dos empresas del grupo, Transporte Metropolitano San Martín SA y Transporte Metropolitano Belgrano Sur SA, que preside Sergio Taselli, fueron multadas con más de 15.000.000 pesos.

Esto significa que las tres firmas del mismo concesionario recibieron sanciones por más de 31.000.000 de pesos, que equivalen al 75% de todas las multas impuestas por la Gerencia de Concesiones Ferroviarias.

Según la Sigen, las sanciones fueron aplicadas porque el organismo que debe controlar el cumplimiento de los contratos determinó que la empresa que explota los trenes cuyas demoras desataron la ira de los pasajeros en la estación Constitución descubrió faltas en la prestación del servicio, fallas en los vagones y estaciones e incumplimiento de las órdenes de reparación de las máquinas.

Una las cláusulas de los contratos de concesión establece que las empresas deben depositar una determinada suma de dinero en concepto de garantía de pago de las multas.

En el estudio de la Sigen quedó al descubierto que "en las tres empresas concesionarias del grupo Transportes Metropolitanos, las multas impuestas superaron ampliamente el 30% del monto de la garantía de cumplimiento de contrato, por lo que la Autoridad de Aplicación podría declarar la rescisión de las concesiones, tanto de TM Roca SA, como de TM Belgrano Sur SA. El contrato de TM San Martín SA ya había sido rescindido en junio de 2004, entre otras, por esta causa".

Además de la Sigen, también la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Defensoría del Pueblo habían alertado al Poder Ejecutivo sobre las serias deficiencias en la prestación del servicio ferroviario en la línea Roca. Algunas de esas advertencias fueron realizadas en 2003.

Los informes eran lapidarios. La AGN, por caso, no sólo cuestionó la calidad del servicio prestado por la concesionaria, sino que criticó con dureza la labor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en su función de control en todas las líneas ferroviarias.

La AGN -que depende del Congreso- realizó dos informes de auditoría: uno de ellos se realizó en 2003 y se circunscribió al contrato celebrado con la empresa Transportes Metropolitanos. Allí se destacaron las siguientes conclusiones: "Los balances generales evidenciaron, en su conjunto, un deterioro constante de la situación de la empresa, una expansión del endeudamiento muy elevada y una pérdida de solvencia debido a una deficiente gestión económica financiera".

El organismo también determinó que "las obras incluidas en el nuevo plan de modernización y electrificación, por financiarse de fondos provenientes de las tarifas, no tuvieron principio de ejecución, y que los incumplimientos del concesionario en materia de mantenimiento afectaron directamente los niveles de calidad del servicio y de seguridad".

A raíz de estas irregularidades, la AGN recomendó en ese momento la cesación del contrato; sin embargo, la sugerencia no se tuvo en cuenta.

Tampoco se consideraron las advertencias en materia de control por parte de la CNRT. En un informe de 2005, la Auditoría indicó que dichos controles "presentan deficiencias en su ejecución, no son realizados sistemáticamente y son discrecionales". Añadió que el régimen de penalidades "es aplicado parcialmente por la CNRT" y que las quejas de los usuarios acerca de la calidad del servicio no fueron consideradas.

En tanto, la Defensoría del Pueblo, que preside Eduardo Mondino, presentó hace dos años un informe en el que criticó duramente la prestación de los servicios ferroviarios del área metropolitana, en especial los ramales Constitución-Ezeiza, Constitución-La Plata y Retiro-Pilar.

Luego de una serie de verificaciones, concluyó que "los usuarios del servicio ferroviario de pasajeros del área metropolitana, especialmente en los ramales citados, ven cotidianamente afectados sus derechos fundamentales, en atención a las condiciones indignas en que son transportados".

Por tal motivo, hace cinco años Mondino había advertido que el Poder Ejecutivo se abstuviera de asignar subsidios a las empresas hasta tanto no se mejoren los servicios.

• "Se ha creído que estábamos en una dirección progresista y ésta es una dirección que lleva a un incremento de la inseguridad y de la confusión porque desde arriba se ha irradiado un modelo confrontativo de descalificación, de odio y esto ha infectado a toda la sociedad", dijo el escritor Marcos Aguinis, en declaraciones a Radio El Mundo, al referirse a los hechos violentos por los conflictos en Santa Cruz y en la estación Constitución.

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