Inmigrantes y delito: qué dicen las cifras

Ayer se publicó el decreto que endurece la Ley de Migraciones. Desde el Gobierno aseguraron que el objetivo principal es acelerar la expulsión de los extranjeros que delinquen, procesos que, según voceros oficiales, llegaban a durar entre 6 y 7 años, y evitar el ingreso de personas con antecedentes penales.

Si bien algunos sectores políticos aprobaron la medida, también generó polémica, sobre todo de parte de diversos organismos defensores de los Derechos Humanos . En ese marco, LA NACION elaboró una “radiografía” con los datos sobre los inmigrantes en el país, y su incidencia en el delito.

Población extranjera

Según el Censo 2010, último realizado en el país, en la Argentina hay 1.800.000 residentes no nativos. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un estudio que proyectó esa cifra a 2.000.000. Es decir, sólo el 4,6% de la población que vive en la Argentina es extranjera.

La inmigración que más creció en los últimos años proviene de países latinoamericanos, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú, que en conjunto representan el 75% de la migración latinoamericana.

Inmigración y delito

Algunos funcionarios y representantes de la política destacan que el 21% de los presos del país son extranjeros. Si bien el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep) indica que el 23% de los presos detenidos en cárceles federales son de otros países (cifra que, según pudo saber LA NACION, bajó al 21% en 2016), ese porcentaje sólo contempla las detenciones bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Si analizamos los números totales, es decir, la cantidad de extranjeros detenidos en relación a la población penitenciaria completa de la Argentina, el porcentaje es mucho más bajo: sólo el 6% de los detenidos son de otros países. (Unos 4300 sobre 71.000 presos).Esto quiere decir que sólo el 0,2 % de los extranjeros que residen en el país está detenido. La cifra se mantuvo más o menos estable en los últimos 10 años, según datos oficiales.

Las principales nacionalidades son paraguayas (1400 presos, de 550.713 residiendo en el país), peruanas y bolivianas, en coincidencia con la mayor presencia de esos migrantes en el país.

¿Protagonistas del narcotráfico?

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , resaltó que la preocupación del Gobierno es la cantidad de extranjeros que cometen delitos vinculados al narcotráfico en el país. En ese sentido, señaló que “en el tema de las drogas, sube del 6% de presos extranjeros al 33%”. Nuevamente la cifra contempla sólo los detenidos en el SPF.

Los datos oficiales del SPF establecen que de los 10.521 presos en cárceles federales, unos 3804 lo están por infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes). Entre esos detenidos, 1284 son extranjeros. De allí se extrae el porcentaje del 33%.

Sin embargo, si se tienen en cuenta todas las cárceles del país, y no sólo las federales, son alrededor de 8000 los presos por infracción a la ley de drogas, de los cuales 1400 son extranjeros, es decir, el 17,5 %.

La infracción a la ley de drogas es el principal delito por el cual están detenidos los ciudadanos de otros países. En segundo lugar, según datos oficiales, están los robos y tentativas de robo.

En tanto, a partir de la aplicación de la Ley de Flagrancia, entre el 1 y el 15 de diciembre del año pasado fueron imputados 42 extranjeros, representando el 20% de los detenidos en ese período.

Por otra parte, según la Dirección Nacional de Migraciones en el período 2009-2016 hubo 22.956 personas extranjeras judicializadas. Sobre este punto, fuentes oficiales indicaron a LA NACION que consideran que la cifra puede ser baja "por que se ha detectado que en muchos casos el Poder Judicial no informa". Por ese motivo, con el nuevo decreto se considera causal de juicio político que no se informe sobre extranjeros judicializados.

Debate

Para el Gobierno, el endurecimiento de la ley migratoria se justifica como medio para “evitar el ingreso y la permanencia en el país” de extranjeros con causas penales. Si bien la ley ya establecía como impedimento "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior”, con la modificación, se determina que se entienda como antecedente penal "un auto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable".

Según confiaron las fuentes a LA NACION, "el Poder Judicial no estaba informando sobre procesos judiciales abiertos a extranjeros. La idea es que, bajo conocimiento de estos procesos, se pueda iniciar un trámite de expulsión".

Para Ariel Cejas Meliare, director de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria, la estadística de detenidos extranjeros “es muy baja”. “Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de política criminal contra este colectivo porque sin datos oficiales rozamos la discriminación y la estigmatización”, señaló.

Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) difundieron un comunicado en el que cuestionan que “Patricia Bullrich utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria”. Además, aseguraron que “la reforma de leyes importantes, que afectan derechos, por medio de decretos significa una práctica deficitaria en términos democráticos”.

En tanto, desde Amnistía Internacional manifestaron su preocupación ante lo que consideraron “una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”.