La crisis del IOMA: cirugías suspendidas, falta de medicamentos y una catarata de reclamos de los afiliados

Las quejas por el corte de prestaciones de la obra social de los empleados públicos bonaerenses se intensificaron en las últimas semanas y no hay respuesta desde el estado provincial. Legisladores provinciales impulsan que se declare en emergencia sanitaria, económica y financiera a la segunda obra social más grande del país por cantidad de afiliados. Pero, ¿lo está?

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) viene informando como nunca antes, desde el año pasado, medidas contra centros contratados a lo largo de la provincia que dejan de atender a los afiliados. Hoy se suspenderán cirugías programadas en una decena de centros de La Plata por un atraso en el pago de honorarios a los anestesiólogos, mientras que hay demoras de hasta ocho meses en otras especialidades, según comunicaron sociedades científicas.

LA NACION se comunicó con la obra social, donde le trasladaron la pregunta a su presidente, Homero Giles. Hasta el momento, no hubo respuesta. En julio del año pasado, durante una jornada con sindicatos, se informó que Giles inició su gestión con un déficit de $4500 millones y un endeudamiento por $10.000 millones cuando Juntos por el Cambio dejó la gobernación en 2019.

“Resultaba titánico administrar una institución con semejantes problemas económicos, circunstancia que alimentó el discurso de un IOMA inviable y la propuesta de desregulación para que cada afiliada y afiliado pudiera derivar sus aportes eligiendo su obra social o prepaga, destruyendo así el sistema solidario que lo sustenta”, afirmaron sus autoridades en ese momento.

Cuatro años más tarde, las quejas por la suspensión de prestaciones y afiliados que quedan a la deriva son cada vez más fuertes. “Hay una crisis terrible”, reconocieron a este medio el mes pasado los empleados de la oficina del IOMA en Mar del Plata.

IOMA tiene 2.230.000 millones de afiliados y 197 delegaciones en territorio bonaerense. El aporte a la obra social estatal es obligatorio para los empleados públicos de la provincia, con su grupo familiar. Ya hay municipios que eliminaron esa obligación o están por hacerlo y una proporción mínima, sobre todo en La Plata, contrata los servicios de manera voluntaria.

Dentro de esa población cautiva de afiliados, están los que, con mejores ingresos, contratan una segunda cobertura: aportan todos los meses de su salario, pero no lo usan. Esto es lo que permite, como coinciden profesionales que trabajan con la obra social, sostener una “cuota” mensual por salario 10 veces más baja que una prepaga. “Bien gestionado, entre los aportes cautivos más los que no usan los servicios porque tienen una segunda cobertura, es un instituto médico con un fondo de financiamiento muy grande”, estimó uno de los médicos, que cuenta con experiencia en gestión sanitaria municipal, en diálogo con LA NACIÓN.

A los 42 años, Giles libra una cruzada personal contra lo que llama el “modelo de carterlización”, en el que entran profesionales, clínicas o sanatorios y el sector farmacéutico por igual y que IOMA contrata a través de convenios con federaciones o asociaciones que los nuclean en cada caso para formar su red prestacional. Uno de sus objetivos es, además, la expansión del IOMA en la provincia, pero con profesionales contratados sin intermediarios y una red de centros propios, sin convenios de por medio con representantes del sector. El Hospital Gabriela Carriquiriborde, abierto en Temperley en 2020, es el primer “hospital IOMA”, junto con unas 200 pequeñas clínicas (policonsultorios) que la obra social habría comprado, alquilado o construido –la información no está disponible– durante la gestión de Kicillof.

“IOMA tiene que expandirse con un hospital propio en cada región”, afirmó en una recorrida el médico de 42 años que nació en Corrientes y se formó en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba. En el segundo mandato de Cristina Kirchner, fue subsecretario de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación. “Presidente del IOMA. Médico. Militante. Hincha de Racing”, se presenta en su cuenta de la red X. ¿Dónde milita? En La Cámpora.

El presupuesto que la Legislatura provincial aprobó el año pasado para el IOMA fue de $362.442 millones. “No está funcionando bien y se cobra mucho copago”, evaluó una médica con tres décadas de trabajo en la provincia y conocedora de las entidades profesionales a través de las que IOMA contrata a sus prestadores.

El año pasado, el aumento del precio y el freno a las importaciones interrumpió la cadena de pago de medicamentos en la red de farmacias que trabajan con IOMA y otras coberturas. En una reunión en La Plata con autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (Colfarma), en noviembre pasado se definió cómo se transferirían $800 millones para cubrir la facturación completa de septiembre por los medicamentos dispensados a los afiliados dos meses antes. Ahora, el problema está en los pagos del plan IOMA accesorios, a través del que se cubre la entrega de pañales e insumos para pacientes diabéticos, ostomizados, entre otros, según explicó Alejandra González, presidenta del Colfarma.

La diputada bonaerense Maricel Etchecoin (Coalición Cívica) le envió esta semana una carta al Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, para que intervenga por los inconvenientes con ese plan y otros motivos de queja, como la falta de descuento con la que se encuentran los afiliados en las farmacias o de entrega de terapias para enfermedades crónicas.

“En términos de números, no conocemos cómo está siendo administrado [IOMA]. Sabemos que es deficitario porque hay una resolución oficial del año pasado en la que lo reconocen –dijo Etchecoin–. Pero más allá de eso, por la cantidad de personas que se están quejando de la prestación del servicio y que no les hacen el descuento que les corresponde es un reclamo generalizado y lo está siendo aún más que en otras oportunidades. Siempre existieron casos de retrasos en entregas o prestaciones, pero, ahora, las quejas son porque directamente no cuentan con la prestación.”

Por eso, pidió que intervenga Lorenzino. “Es importante que más allá de lo que podamos hacer desde lo legislativo, como elevar pedidos de informe, se involucren otros actores, como el Defensor del Pueblo, para velar porque se garanticen derechos, como es a la salud, si no se está brindando atención de manera oportuna”, agregó Etchecoin.

Con Romina Braga y Luciano Bugallo, que completan el bloque de diputados de la Coalición Cívica, presentaron un pedido de informes al gobernador Axel Kicillof sobre la gestión presupuestaria de la obra social estatal y los mecanismos de control y auditoría.

El 20 de enero, la obra social notificó a pacientes que se regularizaría la entrega de medicamentos para enfermedades como el cáncer, pero los problemas continuaron. En la Fundación Argentina de Mieloma, por ejemplo, la consulta hecha a pacientes y familiares devuelve en pocas horas experiencias variadas.

“Me entregaron esta semana lenalidomida [fármacos para mantenimiento de pacientes con mieloma múltiple] de diciembre y enero que me debían”, fue una. “En mi caso –fue otra–, hubo un retraso con la pomalidomida que se solucionó desde IOMA. Con el resto nunca hubo problemas. Pude acceder a los costos [la cobertura debería ser del 100% en este caso] y, en comparación con hace dos meses, es terrible lo que aumentó el laboratorio. Eso me hace temer la continuidad.” El esposo de una paciente también mencionó la posibilidad de enviar una carta documento a la obra social porque “desde el 20 de enero no está tomando la medicación” en referencia a la lenalidomida. A partir de los reclamos que reciben, en la fundación opinan que “parecería que se está normalizando” la entrega, aunque esperan relevar el mes de marzo.

Afiliados con leucemia están teniendo problemas con las autorizaciones de fármacos específicos: asciminib para la leucemia mieloide crónica y venetoclax para la leucemia mieloide aguda. No están incluidos en el vademécum de IOMA a partir del que los auditores definen si la indicación del médico tratante se cubre o debe cambiarla. “Las actualizaciones de su vademécum no pueden ser condicionante para la decisión de tratamiento del paciente”, sostuvo Fernando Piotrowski, director ejecutivo de la Asociación Leucemia de Argentina (ALMA).

”En el caso de los pacientes con leucemia, se tienen que considerar afortunados si reciben el tratamiento los 12 meses del año”, manifestó sobre la eficiencia de la cobertura provincial.

Hace 10 días, la obra social le rechazó a la madre de Mariano Sollazo la cobertura de venetoclax que los médicos tratantes en Mar del Plata indicaron “por ser una paciente no apta para el tratamiento estándar” para el síndrome mielodisplásico. La Dirección de Políticas de Medicamentos de IOMA argumentó que no estaba “aceptado” para sus afiliados y que había opciones. Citó un informe de hace cuatro años de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (Conatec): elevaría un 26% el gasto de cobertura. “Está aprobado, pero me dijeron que no están haciendo reintegros”, dijo Sollazo.

La paciente, de 59 años y docente bonaerense, necesita seguir con las transfusiones de sangre cada 15 días y tiene la aplicación de azacitidina (quimioterapia) suspendido por intolerancia hasta resolver la nueva indicación combinada.

Por la interrupción de la atención por IOMA en tres de cinco clínicas de Mar del Plata, le ofrecieron en la oficina local que su madre empezara a atenderse en La Plata o continuar con las transfusiones en otras dos clínicas marplatenses. Así lo hizo en la Clínica del Niño y la Madre, donde tuvo que ocuparse de conseguir la orden e ir al banco de sangre. Este jueves va a ser la última transfusión ahí porque le informaron que el lunes 19 de este mes tampoco atenderán por IOMA. “Ahora, tengo que rezar que puedan recibir a mi mamá en la Clínica Belgrano cuando en 15 días se tenga que transfundir”, dijo Sollazo a LA NACIÓN. Aún no le reintegraron a la familia $55.000 de un estudio de control de la enfermedad.

El conflicto de IOMA con las clínicas de Mar del Plata termina por reducir dónde los afiliados en esa ciudad se pueden atender y seguir los tratamientos. “Ni hablar de las sesiones de quimioterapia. Ya hablamos de pagarlo particular porque no tengo dónde llevar a mi madre. Las últimas aplicaciones de la medicación que le dan cuando las defensas bajan las pagamos a domicilio entre $6000 y 7000 cada una, pero no vamos a poder con la internación para la transfusión. El presupuesto que me pasaron es de $500.000 pesos, que tendría que pagar cada 15 días –contó Sollazo–. Es vivir con los nervios de punta y, cada día, algo distinto. Pero es inadmisible. Las consultas hematológicas en la clínica donde la atendían originalmente cuestan de $10.000.”

El senador provincial Ariel Bordaisco (UCR) es uno de los firmantes del proyecto de ley del bloque de UCR + Cambio Federal para que se declare al IOMA en emergencia sanitaria, económica y financiera. “Los reclamos se multiplicaron en todo el interior –argumentó–. En Mar del Plata, con más de 100.000 afiliados, fue el primer cimbronazo en la región con la caída de los convenios con tres clínicas locales. Eso hizo que afiliados quedaran sin cobertura y a la deriva por una discusión económica [entre el financiador y los prestadores].”

El problema con la obra social “es insostenible” desde hace seis u ocho meses, según definió. Los problemas, según refirieron familias, alcanzan a la atención de la discapacidad. “No paga en plazos que eviten que se corten servicios en el contexto actual, pero tampoco da una respuesta”, agregó Bordaisco.

La declaración de emergencia sería por el plazo de un año y se crearía una comisión bicameral de seguimiento, fiscalización y control del IOMA con seis diputados y seis senadores. En sus reuniones para llegar a un diagnóstico de situación participaría la Defensoría del Pueblo, las asociaciones de usuarios y consumidores, universidades, sindicatos, colegios profesionales y la sociedad civil.

El mes pasado, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba) informó un corte de servicios a IOMA a afiliados de La Plata, Ensenada, Tandil, San Pedro y Mar del Plata porque la obra social adeudaba el pago de las consultas entre agosto y noviembre del año pasado. IOMA contrata a los médicos a través de convenios que negocia con Femeba y la Federación Médica del Conurbano (Femecon), que nuclean a los círculos y asociaciones médicas bonaerenses.

Este jueves, autoridades de Femeba se reunieron con legisladores provinciales para informarles que no hay diálogo con las autoridades de la obra social. “Por alguna razón que no entendemos –compartieron a través de un comunicado–, Homero Giles desprecia la calidad de atención médica que reciben los beneficiarios de la obra social, y prioriza los intereses políticos y personales por sobre la salud de quienes con su aporte hacen posible la existencia del IOMA; recursos económicos que por otra parte se queda la provincia y no llegan íntegramente al Instituto, y que como él mismo reconoció, no se destinan a mejorar las prestaciones como correspondería.”

Por Fabiola Czubaj

• Salud
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