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La jueza que denuncia a la policía
ROSARIO.– “En los últimos cuatro años me convertí en un «buzón» humano, a causa de lo que la gente me contaba a mí sobre los lugares en los que se vendía droga, por temor de decirlo ante la policía. Yo hice las denuncias en la fiscalía federal. Ya perdí la cuenta de la cantidad de denuncias que hice sobre los lugares donde se comercializa la droga. Es imposible que no haya procedimientos antidrogas con lo que está pasando en Rosario. Hay boliches que tienen consigna [custodia] policial y venden drogas.”
La jueza federal Laura Inés Cosidoy describió así la situación que se vive en esta ciudad con respecto a la supuesta connivencia policial con narcotraficantes. Sus denuncias sobre la eventual complicidad de uniformados con las bandas de traficantes de droga no son nuevas: se remontan a 1993.
"Usted no nos conoce la cara a todos. En cambio, nosotros conocemos a toda su familia." Esta fue la amenaza que escuchó la jueza federal de Rosario cuando atendió el teléfono durante un programa de radio al que había sido invitada. Hacía pocos meses había comenzado a investigar la presunta complicidad de siete oficiales jefe de la policía de Santa Fe con dos importantes bandas de narcotraficantes que tenían como base de operaciones esa ciudad.
Se trató de la primera de una serie de advertencias que la magistrada recibió luego de que decidiera procesar y meter presos a policías que presuntamente actuaban en connivencia con traficantes de droga.
Unos días antes, en mayo de 1993, su casa del barrio Parque Field, de esta ciudad, había sido baleada.
"Esa tarde encontré mi casa llena de personas extrañas y de fusiles. Con mi hijo caminábamos por encima de las armas. Había policías francotiradores en los techos. La cuadra de mi casa estuvo cortada. Mis hijos iban a la escuela con custodia. Me obligaron a usar chaleco antibalas. Nunca me voy a olvidar de la cara de angustia de mi padre cada vez que me ponía el chaleco antibalas para ir a trabajar", recordó la jueza en su despacho de los tribunales federales de esta ciudad.
En esa época estaba a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Había procesado a tres de los supuestos cabecillas de las organizaciones más importantes de esta ciudad dedicadas al tráfico de estupefacientes. Pero también dictado la prisión preventiva de siete policías, entre los que figuraba el comisario inspector Raúl Romero, que ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de la policía provincial. Romero, finalmente, fue sobreseído por la Cámara Federal de la jurisdicción.
"Pasé cuatro años con custodia. Recibí cientos de amenazas. Una vez me enviaron un cassette en el que detallaban todos los movimientos de mi familia. Temía más por mi familia que por mí. Me mortificaba mucho saber que para ellos era un peso muy grande andar con policías para todos lados, pero era parte de mi trabajo y, por suerte, lo entendieron y me apoyaron", sostuvo la magistrada.
Hace un mes Cosidoy hizo duras acusaciones contra el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de Rosario comisario Aldo Monzón, que en 2003, cuando estaba a cargo de la brigada de calle de esa dependencia, debió ser trasladado a Casilda y a San Lorenzo por las denuncias en su contra por la falta de procedimientos. Y hace dos años había denunciado que la policía vendía su propia droga.
"Yo sé que cada vez que hago una denuncia pública contra la policía mi familia siente el sacudón. Pero es parte de mi carácter. No puedo mentir ni callarme la boca. No puedo decir que todo está bien cuando en realidad todo está mal y nada cambió desde 1993, cuando metí presos a los primeros policías presuntamente vinculados con traficantes. Y sigue todo mal, por la connivencia del personal policial y la falta de decisión política para combatir el narcotráfico. Y esa droga no sólo queda en Santa Fe, sino que es enviada a Buenos Aires y a Córdoba", expresó Cosidoy.
Después de la denuncia, el gobernador Jorge Obeid apartó de su cargo a Monzón y exoneró a otros 35 policías. "El fue el único que me apoyó con las denuncias", dijo Cosidoy.
En cambio, el ministro de Gobierno provincial, Roberto Rosúa, la criticó y la acusó de tener "objetivos políticos". De inmediato, la jueza federal recibió el respaldo de la Asociación Anticorrupción de Santa Fe y del Colegio de Abogados local.
"Insisto en que la policía no hace nada contra la droga porque hay cada vez menos procedimientos. No puede ser que con toda la droga que hay en la calle llegue al tribunal una causa contra un imputado que tenía 18 cigarrillos de marihuana. Me pasó que un detenido llegara al juicio oral acusado de llevar 25 kilogramos de droga y que en la audiencia declarara que en realidad cuando la policía lo detuvo tenía 35 kilogramos de droga. No es muy difícil darse cuenta de quiénes se quedaron con el resto de la droga", manifestó, indignada, la jueza.
Aseguró que no tiene miedo. Aunque hace un año el comisario Alfredo De Félix, que investigó a muchos policías acusados de estar vinculados con narcotraficantes y que estuvo a cargo de la custodia de la magistrada, murió en un extraño accidente automovilístico.
"Si existiera realmente una decisión de provocarme algún daño, no habrá custodia que pueda protegerme. Por eso, espero que los angelitos cuiden de mí y de mi familia", concluyó Cosidoy.
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