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La Justicia investiga si policías y gendarmes ayudaron al procesado
Causa: el juez federal de Paso de los Libres indagará por encubrimiento a los efectivos que estaban de turno el día en que se fugó el ex edil.
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Una decena de policías federales y gendarmes está acusada por la Justicia de haber facilitado la salida del país del ex concejal justicialista porteño José Manuel Pico.
El año último brindaron testimonio de la fuga del ex edil peronista ante la jueza federal porteña María Servini de Cubría. Ahora, el juez federal de Paso de los Libres, Juan Angel Oliva, los convocó a prestar declaración indagatoria.
Tal como reveló en exclusiva una investigación realizada por La Nación , Pico estuvo "demorado" en la delegación Paso de los Libres de la Policía Federal horas antes de cruzar la frontera argentino-brasileña junto con su actual pareja y dos hombres vinculados con el ex agente de inteligencia militar Raúl Guglielminetti.
Daniel Alejandro González, detenido hace 13 años en España junto con Guglielminetti, Hugo Alberto Romano y Karina Uroda fueron procesados por encubrimiento porque se comprobó que sacaron al ex concejal del país con un documento nacional de identidad falso a nombre de Julio José Carzoglio.
El comisario Héctor Rubio, ex jefe de la delegación, y todos los policías y gendarmes que estaban de turno el 16 de julio del año último están imputados por encubrimiento, según dijo a La Nación una alta fuente vinculada con el caso. La jueza Servini de Cubría tuvo a su cargo la investigación sobre la huida de Pico hasta que se declaró incompetente.
La causa se inició cuando el legislador porteño Aníbal Ibarra (Alianza) denunció que "el Gobierno le encomendó al grupo de inteligencia de Guglielminetti que sacara a Pico del país, y las fuerzas de seguridad, en lugar de detenerlo, lo ayudaron a partir".
La magistrada procesó al ex presidente del ex Concejo Deliberante por falsificación de documento y remitió el expediente a su par de Corrientes.
Servini había llamado como testigos al comisario Rubio, al subcomisario Herrera, a los oficiales Sanabria y Parras y a los demás uniformados que tuvieron delante de ellos al entonces prófugo más buscado del país.
Sin embargo, el juez Oliva cree que hay elementos suficientes para sospechar de los efectivos. Por eso, los convocó nuevamente a declarar y los relevó del juramento de decir la verdad.
Informe oficial
Fuentes judiciales explicaron que los policías que ya fueron indagados se remitieron a sus declaraciones anteriores y al informe oficial Nº 164 de la institución que integran.
En él se describía detalladamente la actuación de los efectivos de la Policía Federal destinados en la ciudad correntina, cuando a las 5.20 del 16 de julio de 1997 detuvieron a un Renault 21, patente UCU 367, que transitaba por la ruta nacional 117. Según el comunicado, en él viajaban González, Romano, Carzoglio (Pico) y Graciela Palencia, el nombre con el que habría salido Uroda.
El informe de la policía decía además que "por medio del sistema computarizado se determinó que tanto Romano como González podían tener causas pendientes con la Justicia" y que Carzoglio y Palencia estaban libres de impedimentos.
Sin embargo, en un procedimiento sospechoso, los cuatro fueron traslados a la dependencia policial y, luego de algunas horas, liberados sin intervención de ningún juez.
El año último, a 12 horas de asumir como titular de la Policía Federal, el comisario general Pablo Baltazar García, dijo a La Nación que era "un hecho desafortunado tener que informar a la población que Pico estuvo demorado en una delegación de la fuerza a su cargo y nadie lo reconoció".
El jefe policial descartó entonces un encubrimiento orgánico para facilitar la huida de Pico, pero reconoció la ineficiencia de los efectivos que dijeron no haberlo identificado.
El secretario general de la Federal, comisario mayor Miguel Angel Ciancio, dijo que los agentes relevados "fueron puestos a disposición de la Justicia, porque nuestra intención es facilitar las investigaciones de los jueces".
Pico cumplió su primer año en prisión. Está procesado por asociación ilícita, 534 estafas, enriquecimiento ilícito y falsificación de documento. El ex concejal tendrá que enfrentar tres juicios orales en los que lo declararán culpable o inocente.
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