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Las universidades argentinas llevaron al Papa una dura denuncia contra el Gobierno por incumplir la ley de financiamiento
LA NACION accedió al documento que el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional entregó a León XIV; advierte sobre el deterioro presupuestario y cuestiona al Poder Ejecutivo por desoír las decisiones del Congreso y de la Justicia
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El reclamo de las universidades públicas argentinas por el financiamiento llegó hasta el Vaticano. Durante una audiencia general, el papa León XIV recibió de manos de Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una carta en la que las autoridades académicas denuncian el deterioro presupuestario del sistema, cuestionan al gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre las consecuencias institucionales de desoír las decisiones del Congreso y de la Justicia. LA NACION accedió al documento completo, de tres páginas, que fue entregado al Pontífice antes de su anunciada visita a la Argentina.
En el texto, firmado por Bartolacci en representación del CIN, las autoridades sostienen que la situación actual compromete no solamente el funcionamiento de las casas de estudio, sino también la investigación científica, las posibilidades de formación de miles de jóvenes y el respeto por las instituciones democráticas. La presentación combina un diagnóstico de la crisis con una reivindicación del papel histórico de la educación superior y una expectativa sobre la contribución que podría tener la palabra del Papa para promover el diálogo.
“Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó Bartolacci después del encuentro, registrado este miércoles 21 de octubre. Según explicó, el objetivo fue acercarle información sobre las dificultades que atraviesan la educación y la ciencia antes de su llegada al país. Durante la audiencia también le transmitió el saludo de la comunidad universitaria, los deseos por su salud y la expectativa que genera su visita.
Uno de los principales argumentos de la carta está respaldado por las cifras presupuestarias que presenta el organismo. Según los datos consignados en el documento, los recursos destinados a las universidades nacionales pasaron de representar, en promedio, el 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026. El CIN sostiene que este último porcentaje constituye el nivel histórico de inversión más bajo del sistema universitario argentino.
Las autoridades advierten que las consecuencias del deterioro financiero exceden las dificultades para sostener las actividades habituales de enseñanza. Entre los sectores afectados identifican los proyectos de investigación, las tareas de extensión en los territorios, la vinculación tecnológica con el ámbito socioproductivo y la adquisición y actualización de equipamiento. A ello suman un problema que consideran fundamental: las posibilidades reales de garantizar que miles de estudiantes puedan finalizar sus carreras y obtener un título universitario.
Para dimensionar el alcance de esta preocupación, la carta recupera una definición del papa Francisco, quien había señalado que la educación es fundamental para el desarrollo de un país y había considerado los ajustes en esa materia como un “suicidio programado”.
Sin embargo, el apartado más severo del documento está dedicado al conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795. El CIN recuerda que la norma fue aprobada por el Congreso con mayorías calificadas y que, en términos generales, dispuso recomponer el presupuesto universitario hasta alcanzar los valores de 2023. Según denuncia, el Poder Ejecutivo no respetó esa disposición, lo que obligó a las universidades a recurrir a la Justicia.
La presentación señala que el Poder Judicial reconoció el derecho del sistema universitario y la obligación de reajustar las partidas presupuestarias conforme a la legislación vigente. No obstante, las autoridades académicas sostienen que el Gobierno tampoco cumplió con esa decisión. En paralelo, denuncian una campaña sistemática de descalificación y hostigamiento hacia la comunidad universitaria y científica que, según su interpretación, busca desacreditar sus reclamos para justificar el desfinanciamiento.
En este punto, la carta adquiere una dimensión que va más allá de las necesidades económicas del sector. Para el CIN, la controversia compromete el funcionamiento de la división de poderes y el respeto por las normas que sostienen el sistema democrático.
“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, expresa el documento al que accedió este medio.
El planteo continúa con una advertencia sobre las consecuencias que, a juicio de las autoridades universitarias, puede generar esa situación: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. El CIN califica este escenario como un antecedente institucional peligroso y considera que la crisis también afecta progresivamente la legitimidad de las universidades y su capacidad de contribuir al desarrollo nacional.
La carta dedica otra parte a explicar la dimensión del sistema cuya preservación reclama. Actualmente, según los datos incluidos en la presentación, la educación superior argentina reúne a más de 70 instituciones universitarias de distintos orígenes y tradiciones académicas, con una comunidad integrada por tres millones de personas.
El organismo reivindica el papel histórico de esas instituciones como motores de movilidad social, espacios de producción cultural y científica y ámbitos de debate público que contribuyeron a la consolidación democrática del país. También destaca su capacidad de adaptación a las transformaciones sociales, la formación de generaciones de profesionales, la producción de conocimiento reconocido dentro y fuera de la Argentina y las actividades de servicio a distintas comunidades.
Desde esa perspectiva, sostiene que la diversidad institucional constituye una fortaleza que debe preservarse mediante políticas de cooperación y articulación, en lugar de criterios de uniformidad. La excelencia académica, agrega, supone una responsabilidad pública que obliga a las universidades a responder a los desafíos contemporáneos, especialmente aquellos vinculados con la ciencia y la tecnología, desde el pensamiento crítico y la responsabilidad ética.
Recursos estratégicos
El documento también presenta a la universidad pública y al sistema nacional de investigación, desarrollo e innovación como recursos estratégicos para la economía argentina. Entre sus contribuciones identifica la posibilidad de fortalecer una industria competitiva internacionalmente, agregar valor a las materias primas, generar empleos con derechos y promover actividades ambientalmente sustentables. A esa dimensión productiva incorpora el aporte de las artes y de las disciplinas vinculadas con el conocimiento de lo humano, que considera necesarias para que una sociedad pueda pensar y proyectar su futuro.
Otro de los aspectos que el CIN eligió trasladar a León XIV es la relación entre educación, comunicación y convivencia. A partir de una referencia a la encíclica Magnifica Humanitas, la carta aborda las tensiones de un mundo en el que la circulación acelerada de información favorece tanto la producción de conocimiento como la polarización y la desinformación.
En ese contexto, las autoridades consideran que las universidades “tienen la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de discernir, contrastar fuentes y participar de los debates públicos con responsabilidad”. La búsqueda de la verdad, entendida como una tarea individual y colectiva, aparece vinculada con la construcción de una paz basada en la justicia, el reconocimiento y el cuidado mutuo. El organismo también reafirma el compromiso de la educación superior con la formación de profesionales que trabajen por la reconciliación, la inclusión y la solidaridad.
Bartolacci destacó la convicción del Pontífice respecto del lugar estratégico que ocupan la educación superior y la ciencia en el mundo actual y explicó que la entrega del documento buscó poner en su conocimiento las preocupaciones de la comunidad académica argentina antes de su llegada.
“Nos parecía relevante que pudiera tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país”, señaló el presidente del organismo. Y añadió: “Nuestra expectativa es que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común”.
Hacia el final, la carta reivindica a la universidad pública, gratuita y federal como una conquista de distintas generaciones y plantea que su preservación constituye una responsabilidad con quienes vendrán. El CIN considera que la educación debe ser una herramienta para reducir las desigualdades y la exclusión, y que los países capaces de asegurar mejores condiciones de vida son aquellos que sostienen una apuesta por la enseñanza de calidad, la ciencia y el desarrollo tecnológico con capacidades propias para resolver sus problemas.
