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Los desafíos del pos Cromagnon
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El jefe de gobierno porteño nunca supuso que las esquirlas de Cromagnon lo afectarían del modo en que lo hicieron durante 2005. Por subestimación o por optimismo, Aníbal Ibarra siempre creyó que la inestabilidad política derivada de la tragedia desaparecería en un plazo más corto que largo, de modo que en 2006 podría volver a proyectar su carrera política. En el círculo político más cercano al primer mandatario local el realismo lo encarnaron el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, o la legisladora Laura Moresi.
El golpe de realidad que, al suspenderlo, le asestó la Sala Juzgadora de la Legislatura, obligará ahora al gobierno porteño a no subestimar los efectos del pos Cromagnon, que seguramente continuarán durante 2006. Es ése, probablemente, uno de los mayores desafíos de la ciudad para el año que acaba de comenzar.
Los desequilibrios políticos se mantendrán, inevitablemente. Si la Sala Juzgadora de la Legislatura define que Ibarra debe continuar en su cargo, el jefe de gobierno deberá rearmarse políticamente para no gestionar con extrema debilidad. Si, en cambio, se decide que Telerman quede a cargo de la ciudad, el actual vicejefe tendrá que profundizar conexiones para que su poder tenga algún sostén.
Ibarra y Telerman coincidieron históricamente en sus estrategias de crecimiento político, mucho más cercanas a la imagen personal que al armado de estructuras. La coyuntura porteña no favorece a esos diseños de carrera.
* * *
La realidad política condicionará la gestión. Algunos síntomas ya se evidenciaron: Telerman postergó la licitación de mobiliario urbano, que debía definirse a fines de diciembre -en verdad, el tema debió resolverse hace diez años, cuando vencieron los primeros contratos-.
El negocio que genera la publicidad en los refugios de colectivo, en las pantallas ubicadas en la vía pública y en la señalización callejera hizo que Telerman decidiera no firmar concesiones millonarias en medio de semejante turbulencia.
En 2001/2002 se dijo que la relicitación no se hacía por la crisis económica. Ahora, el inconveniente es la crisis política. Y lo mismo sucede desde hace cinco años con el estacionamiento medido, a estas alturas prorrogado de hecho, pero no de derecho (en ningún lado figura como permitida una extensión del contrato por semejante plazo).
Por algún motivo, la transparencia y los plazos legales siempre parecen menos importantes que la coyuntura.
¿Podrá el gobierno porteño pensar una ciudad y hacer cumplir las reglas en medio de la inestabilidad? Surge tan difícil como necesario.
¿Podrá imponerse frente a las montañas de basura que se ven cada noche por las calles? La respuesta es impredecible; lo asiste la ley, pero no hay poder para imponer condiciones.
Queda claro que la situación política no sólo afecta la carrera de un funcionario, sino que juega también con el crecimiento urbano.
Atenuar este impacto resultará otra misión indelegable del gobierno porteño en este 2006.
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